El desembarco fallido del grupo Petersen en YPF fue el caballo de Troya con el que fondo Burford le ganó un juicio multimillonario al Estado argentino en Nueva York.
El desembarco fallido del grupo Petersen en YPF, que implicó el vaciamiento de la mayor petrolera del país, se convirtió en el caballo de Troya con el que fondo Burford le ganó un juicio multimillonario al Estado argentino en Nueva York. El monto final a pagar aún no se conoce, pero fuentes legales señalan que, como mínimo, se ubicará en torno a los US$ 3000 millones. El Grupo Petersen es la familia Eskenazi, los dueños del Banco de Entre Ríos, entre otros bancos. Su paso por la sombra del poder se convirtió en un tema tabú dentro de la política y nadie en la provincia habla de su impacto.
La familia Eskenazi llegó al Banco de Entre Ríos después del salvamento armado por el Banco Central tras la defección del grupo francés Bisel que abandonó el barco del agente financiero de la provincia cuando las aguas se pusieron turbulentas a comienzos de siglo.
El Grupo Petersen nació vinculado a las construcciones en 1920 como «Petersen, Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros». Enrique Eskenazi ingresó como directivo al Grupo Petersen en 1980 y armó a partir de la constructora la rama bancaria. Compró los bancos de San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos. Controla los bancos de San Juan (70% a través de Petersen Inversiones), Santa Cruz (51% a través del Banco de San Juan), el Nuevo Banco de Santa Fe (93%, también por medio de la entidad sanjuanina) y el Nuevo Banco de Entre Ríos (64% a través del banco santafesino).
El Banco de Entre Ríos fue privatizado en 1995. Mediante Ley Nº 8866, sancionada el 7 de octubre de 1994 y promulgada el 17 de octubre del mismo año, durante la gobernación de Mario Moine, la Legislatura entrerriana ratificó la transformación del Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta en Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima. Tras el llamado a licitación, fue traspasado a una sociedad resultante de la fusión de cuatro bancos cooperativos que operaban en la región.
En 1999, el Bersa fue transferido al Banco Bisel, en 50 millones de dólares, que para entonces estaba controlado por el francés Crédit Agricole, que se retiraría del país tras la crisis de 2001. Luego de tres años en manos estatales bajo la gestión del Banco Nación, el banco pasó a manos del grupo encabezado por Enrique Eskenazi.
El 22 de agosto de 2005 el Banco de Entre Ríos S.A. (BERSA) fue transferido al Nuevo Banco de Santa Fe por $ 11.250.000 (unos 3,75 millones de dólares), con el compromiso de efectuar una ampliación de capital de la institución entrerriana por 142 millones de pesos.
Eskenazi felicitó a las autoridades del Banco Nación por el trabajo realizado con el BERSA, y destacó que el proceso se enmarcó en «una licitación que ha sido transparente».
EL SALTO A YPF
Enrique Eskenazi fue definido como un “experto en mercados regulados” por el español Antonio Brufau, titular de Repsol. Junto a su hijo Sebastián, fueron protagonistas centrales del submundo económico de los Kirchner.
Con el manejo de las cuatro entidades financieras se convirtió en el banquero regional más poderoso. Las sucursales de estos bancos están ubicadas en tres de las zonas más ricas del país, donde Eskenazi es el agente financiero exclusivo.
En la construcción algunas de sus obras son la sede central de YPF en Capital, Torre Pirelli, infraestructura urbana de la reconversión en Puerto Madero, Central Nuclear Atucha II, Yacyretá, el nuevo puerto de Ushuaia, hangar para aeropuerto nuevo de Ushuaia y numerosas obras viales en Santa Cruz, la sede de ATC (Argentina Televisora Color) y un par de estadios mundialistas, en épocas de la dictadura militar.
Pero el gran salto, si había alguno más para dar, fue el paso por YPF, que le habría reportado entre 650 y 1300 millones de dólares que muy probablemente terminará pagando el conjunto de los argentinos si se confirma la sentencia en contra del país en los tribunales de Nueva York contra la operación de re estatización de la petrolera.
Lo más probable es que el expresidente Néstor Kirchner lo haya seleccionado como receptor del 25% de las acciones de YPF por esa centralidad con su submundo económico. Seguro no fue por sus antecedentes petroleros: la familia jamás había participado de ese negocio.
La Unidad de Información Financiera (UIF) advirtió que las sociedades Petersen fueron creadas el 23 de julio de 2007, es decir, cuando ya se había decidido la “argentinización” de la petrolera, entonces en manos españolas desde la privatización en 1992. Argentinización sólo de nombre: las compañías Petersen, poseedoras del 100% de las acciones transferidas por Repsol, se radicaron en España y eran controladas por una sociedad australiana y otra austríaca.
Los investigadores informaron al juez Ariel Lijo, quien investiga el presunto vaciamiento de YPF, que los Eskenazi capitalizaron a sus sociedades con 60.000 euros y, más tarde, con un crédito de 75 millones de euros, garantizado por un depósito en el banco Credit Suisse. Ese banco fue el que coordinó los préstamos que recibieron los Eskenazi para comprar las acciones de YPF. El documento de la UIF sostiene: “Es destacable que el monto que ha cedido este operador financiero (…) sería de una cuantía similar al monto que presumiblemente ascendería el Fondo de la Provincia de Santa Cruz que estaba depositado en la misma Institución Financiera, a la fecha en que se realizó la operación de préstamo para fondear la compra accionaria”.
Sonaba a que los Eskenazi recibieron un préstamo garantizado por los fondos de la provincia de Santa Cruz.
La principal rareza de la compra del paquete minoritario de YPF por parte de los Eskenazi fue que no hubo fondos propios. Se pagó, sobre todo, gracias a una política de distribución de dividendos que incluyó una postergación de esos repartos para que los nuevos accionistas pudieran beneficiarse con rentas que se generaron antes de que ellos ingresaran a la petrolera.
Los investigadores afirman que en un informe parlamentario se calculó que en el período 2008-2011 las utilidades de YPF fueron de 4629 millones de dólares y los dividendos pagados de 6352 millones de dólares. Es decir, una relación de 137%. Los informantes del juez hablan de un vaciamiento.
El columnista del diario La Nación, Carlos Pagni, describió la operación en términos literarios: “un gobernador, Kirchner, entregó caudalosos fondos provinciales a un banquero cómplice, para que los administrara sin rendir cuentas más que a él. Convertido en Presidente, el mismo gobernador presionó a las autoridades de Repsol, la dueña de YPF, para que entreguen 25% de la compañía a ese amigo financista, que es Enrique Eskenazi”.
La operación se realizó entre 2007 y 2008, con créditos de la propia Repsol y de Credit Suisse, el banco donde estaban depositados aquellos fondos de Santa Cruz. Desde que los Eskenazi entraron en YPF, el tribunal de cuentas de la provincia dejó de informar sobre esos recursos.
La sucesora y viuda del Presidente, Cristina Kirchner, re estatizó la empresa.
El mismo argumento del vaciamiento fue utilizado por el gobierno de Cristina Kirchner para llevar adelante la estatización del 51% de las acciones en manos de Repsol. Las razones fueron expuestas en un informe denominado Mosconi, en cuyas innumerables páginas no aparece una sola vez la palabra Eskenazi. A pesar de que la conducción de la empresa, es decir, el vaciamiento que se denunciaba, estaba a cargo de Sebastián Eskenazi, como gerente general. El cerebro de esa disociación entre lo que se narraba y lo que verdaderamente ocurrió fue Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía. Los motivos últimos de la captura de la mayoría accionaria de YPF siguen siendo materia de versiones, algunas muy detalladas. La más insistente: un incumplimiento de los Eskenazi con los Kirchner una vez que falleció el expresidente. Brufau estuvo siempre persuadido de esa explicación.
La jueza neoyorquina Loretta Preska publicó el último día de marzo una sentencia en la que confirma que el Estado argentino estatizó YPF violando los estatutos de la empresa y que, en consecuencia, deberá pagar una indemnización a las sociedades Petersen, a través de las cuales la familia Eskenazi adquirió 25% de la petrolera argentina. Esas sociedades, que están concursadas, vendieron sus derechos al fondo Burford, quedándose con la prerrogativa de cobrar 30% del resarcimiento que disponga la Justicia. Es posible que la mitad de ese 30% vaya a manos de los Eskenazi.
El fallo desató una ola de críticas sobre los responsables de este costosísimo fracaso judicial: la entonces presidenta, Cristina Kirchner; quien fuera su viceministro de Economía, Axel Kicillof; y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Sin embargo, cuando se reconstruye el camino que condujo a la sentencia, aparece una cadena de rarezas e irregularidades que se fueron ejecutando durante más de treinta años. A la luz de esos hechos queda en evidencia el mapa de uno de los entramados de corrupción más impactantes de la era kirchnerista. Ese tren fantasma arranca con la privatización de YPF, decidida por Carlos Menem; sigue con la kirchnerización del 25% de la empresa en manos de la familia Eskenazi; se extiende a la irresponsable estatización llevada adelante por la actual vicepresidenta; y culmina con un reclamo en la justicia neoyorkina que, se sospecha, podría estar basado en contratos fraudulentos que vuelven a beneficiar a los Eskenazi en detrimento del Estado nacional.
Los dueños del Banco de Entre Ríos, detrás de un enorme daño al país
El desembarco fallido del grupo Petersen en YPF, que implicó el vaciamiento de la mayor petrolera del país, se convirtió en el caballo de Troya con el que fondo Burford le ganó un juicio multimillonario al Estado argentino en Nueva York. El monto final a pagar aún no se conoce, pero fuentes legales señalan que, como mínimo, se ubicará en torno a los US$ 3000 millones. El Grupo Petersen es la familia Eskenazi, los dueños del Banco de Entre Ríos, entre otros bancos. Su paso por la sombra del poder se convirtió en un tema tabú dentro de la política y nadie en la provincia habla de su impacto.
La familia Eskenazi llegó al Banco de Entre Ríos después del salvamento armado por el Banco Central tras la defección del grupo francés Bisel que abandonó el barco del agente financiero de la provincia cuando las aguas se pusieron turbulentas a comienzos de siglo.
El Grupo Petersen nació vinculado a las construcciones en 1920 como «Petersen, Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros». Enrique Eskenazi ingresó como directivo al Grupo Petersen en 1980 y armó a partir de la constructora la rama bancaria. Compró los bancos de San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos. Controla los bancos de San Juan (70% a través de Petersen Inversiones), Santa Cruz (51% a través del Banco de San Juan), el Nuevo Banco de Santa Fe (93%, también por medio de la entidad sanjuanina) y el Nuevo Banco de Entre Ríos (64% a través del banco santafesino).
El Banco de Entre Ríos fue privatizado en 1995. Mediante Ley Nº 8866, sancionada el 7 de octubre de 1994 y promulgada el 17 de octubre del mismo año, durante la gobernación de Mario Moine, la Legislatura entrerriana ratificó la transformación del Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta en Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima. Tras el llamado a licitación, fue traspasado a una sociedad resultante de la fusión de cuatro bancos cooperativos que operaban en la región.
En 1999, el Bersa fue transferido al Banco Bisel, en 50 millones de dólares, que para entonces estaba controlado por el francés Crédit Agricole, que se retiraría del país tras la crisis de 2001. Luego de tres años en manos estatales bajo la gestión del Banco Nación, el banco pasó a manos del grupo encabezado por Enrique Eskenazi.
El 22 de agosto de 2005 el Banco de Entre Ríos S.A. (BERSA) fue transferido al Nuevo Banco de Santa Fe por $ 11.250.000 (unos 3,75 millones de dólares), con el compromiso de efectuar una ampliación de capital de la institución entrerriana por 142 millones de pesos.
Eskenazi felicitó a las autoridades del Banco Nación por el trabajo realizado con el BERSA, y destacó que el proceso se enmarcó en «una licitación que ha sido transparente».
EL SALTO A YPF
Enrique Eskenazi fue definido como un “experto en mercados regulados” por el español Antonio Brufau, titular de Repsol. Junto a su hijo Sebastián, fueron protagonistas centrales del submundo económico de los Kirchner.
Con el manejo de las cuatro entidades financieras se convirtió en el banquero regional más poderoso. Las sucursales de estos bancos están ubicadas en tres de las zonas más ricas del país, donde Eskenazi es el agente financiero exclusivo.
En la construcción algunas de sus obras son la sede central de YPF en Capital, Torre Pirelli, infraestructura urbana de la reconversión en Puerto Madero, Central Nuclear Atucha II, Yacyretá, el nuevo puerto de Ushuaia, hangar para aeropuerto nuevo de Ushuaia y numerosas obras viales en Santa Cruz, la sede de ATC (Argentina Televisora Color) y un par de estadios mundialistas, en épocas de la dictadura militar.
Pero el gran salto, si había alguno más para dar, fue el paso por YPF, que le habría reportado entre 650 y 1300 millones de dólares que muy probablemente terminará pagando el conjunto de los argentinos si se confirma la sentencia en contra del país en los tribunales de Nueva York contra la operación de re estatización de la petrolera.
Lo más probable es que el expresidente Néstor Kirchner lo haya seleccionado como receptor del 25% de las acciones de YPF por esa centralidad con su submundo económico. Seguro no fue por sus antecedentes petroleros: la familia jamás había participado de ese negocio.
La Unidad de Información Financiera (UIF) advirtió que las sociedades Petersen fueron creadas el 23 de julio de 2007, es decir, cuando ya se había decidido la “argentinización” de la petrolera, entonces en manos españolas desde la privatización en 1992. Argentinización sólo de nombre: las compañías Petersen, poseedoras del 100% de las acciones transferidas por Repsol, se radicaron en España y eran controladas por una sociedad australiana y otra austríaca.
Los investigadores informaron al juez Ariel Lijo, quien investiga el presunto vaciamiento de YPF, que los Eskenazi capitalizaron a sus sociedades con 60.000 euros y, más tarde, con un crédito de 75 millones de euros, garantizado por un depósito en el banco Credit Suisse. Ese banco fue el que coordinó los préstamos que recibieron los Eskenazi para comprar las acciones de YPF. El documento de la UIF sostiene: “Es destacable que el monto que ha cedido este operador financiero (…) sería de una cuantía similar al monto que presumiblemente ascendería el Fondo de la Provincia de Santa Cruz que estaba depositado en la misma Institución Financiera, a la fecha en que se realizó la operación de préstamo para fondear la compra accionaria”.
Sonaba a que los Eskenazi recibieron un préstamo garantizado por los fondos de la provincia de Santa Cruz.
La principal rareza de la compra del paquete minoritario de YPF por parte de los Eskenazi fue que no hubo fondos propios. Se pagó, sobre todo, gracias a una política de distribución de dividendos que incluyó una postergación de esos repartos para que los nuevos accionistas pudieran beneficiarse con rentas que se generaron antes de que ellos ingresaran a la petrolera.
Los investigadores afirman que en un informe parlamentario se calculó que en el período 2008-2011 las utilidades de YPF fueron de 4629 millones de dólares y los dividendos pagados de 6352 millones de dólares. Es decir, una relación de 137%. Los informantes del juez hablan de un vaciamiento.
El columnista del diario La Nación, Carlos Pagni, describió la operación en términos literarios: “un gobernador, Kirchner, entregó caudalosos fondos provinciales a un banquero cómplice, para que los administrara sin rendir cuentas más que a él. Convertido en Presidente, el mismo gobernador presionó a las autoridades de Repsol, la dueña de YPF, para que entreguen 25% de la compañía a ese amigo financista, que es Enrique Eskenazi”.
La operación se realizó entre 2007 y 2008, con créditos de la propia Repsol y de Credit Suisse, el banco donde estaban depositados aquellos fondos de Santa Cruz. Desde que los Eskenazi entraron en YPF, el tribunal de cuentas de la provincia dejó de informar sobre esos recursos.
La sucesora y viuda del Presidente, Cristina Kirchner, re estatizó la empresa.
El mismo argumento del vaciamiento fue utilizado por el gobierno de Cristina Kirchner para llevar adelante la estatización del 51% de las acciones en manos de Repsol. Las razones fueron expuestas en un informe denominado Mosconi, en cuyas innumerables páginas no aparece una sola vez la palabra Eskenazi. A pesar de que la conducción de la empresa, es decir, el vaciamiento que se denunciaba, estaba a cargo de Sebastián Eskenazi, como gerente general. El cerebro de esa disociación entre lo que se narraba y lo que verdaderamente ocurrió fue Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía. Los motivos últimos de la captura de la mayoría accionaria de YPF siguen siendo materia de versiones, algunas muy detalladas. La más insistente: un incumplimiento de los Eskenazi con los Kirchner una vez que falleció el expresidente. Brufau estuvo siempre persuadido de esa explicación.
La jueza neoyorquina Loretta Preska publicó el último día de marzo una sentencia en la que confirma que el Estado argentino estatizó YPF violando los estatutos de la empresa y que, en consecuencia, deberá pagar una indemnización a las sociedades Petersen, a través de las cuales la familia Eskenazi adquirió 25% de la petrolera argentina. Esas sociedades, que están concursadas, vendieron sus derechos al fondo Burford, quedándose con la prerrogativa de cobrar 30% del resarcimiento que disponga la Justicia. Es posible que la mitad de ese 30% vaya a manos de los Eskenazi.
El fallo desató una ola de críticas sobre los responsables de este costosísimo fracaso judicial: la entonces presidenta, Cristina Kirchner; quien fuera su viceministro de Economía, Axel Kicillof; y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Sin embargo, cuando se reconstruye el camino que condujo a la sentencia, aparece una cadena de rarezas e irregularidades que se fueron ejecutando durante más de treinta años. A la luz de esos hechos queda en evidencia el mapa de uno de los entramados de corrupción más impactantes de la era kirchnerista. Ese tren fantasma arranca con la privatización de YPF, decidida por Carlos Menem; sigue con la kirchnerización del 25% de la empresa en manos de la familia Eskenazi; se extiende a la irresponsable estatización llevada adelante por la actual vicepresidenta; y culmina con un reclamo en la justicia neoyorkina que, se sospecha, podría estar basado en contratos fraudulentos que vuelven a beneficiar a los Eskenazi en detrimento del Estado nacional.