La Justicia embargó las cuentas de El Diario, que edita Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en una suma de $2,6 millones para poder saldar deudas salariales que la empresa mantiene con los más de 80 trabajadores que despidió en 2018 sin pagar las indemnizaciones de ley.
Una resolución que firmó el juez Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, que tramita el concurso preventivo de SAER, editora de El Diario, ordena el embargo “sobre los fondos de cualquier naturaleza y concepto” que posea la firma a percibir en concepto de contratos de publicidad en la Tesorería General de la Provincia, el Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la Dirección Provincial de Vialidad, la Municipalidad de Paraná, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), y “sobre los fondos de titularidad de la concursada” en el Banco Hipotecario Sucursal Paraná y Nuevo Banco de Entre Ríos SA, hasta cubrir la suma total de $2.693.269,46.
Como había indicado Entre Ríos Ahora, el 29 de mayo el juez Moia firmó una resolución en la que dispuso: “Téngase presente lo informado precedentemente por Secretaría y atento lo oportunamente dispuesto en fecha 18/05/2023, estado y constancias de autos, requiérase a la sindicatura y a la totalidad de quienes intervienen en este proceso que en el término de 3 días denuncien bienes a embargo de la concursada, suministrando los datos necesarios para su individualización (verbigracia: número de cuentas e individualización de bancos, número de matrículas de inmuebles, denominación e identificación de entidades o personas con cuentas y créditos a percibir, etc) a efectos de ordenar el embargo sobre los mismos a los fines de destinar a los pronto pagos laborales admitidos en las presentes, confirme la intimación oportunamente efectuada”.
El jueves 18 del mes último -día en que se cumplieron 5 años del desaguace de la Redacción de El Diario, con el despido de 80 trabajadores- el juez Moia, a cargo del concurso de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del tradicional matutino, había intimado a la firma a pagar una parte de la deuda salarial con los empleados echados.
En su resolución, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispuso «intimar a la concursada para que en el término de tres días cumplimente con el depósito oportunamente ordenado en la cuenta judicial de las presentes, de los fondos suficientes para aplicar a la cancelación de los pronto pagos verificados en estas actuaciones, ello bajo apercibimientos de ordenar trabar embargo hasta cubrir la suma consignada por la sindicatura interviniente en su presentación electrónica» de un mes atrás, el 18 de abril.
El Diario no sólo adeuda la indemnización por los 80 despidos, sino que también está en falta con los «pronto pago», la cancelación de la deuda salarial que mantenía con los despedidos al momento de enviar los telegramas de desvinculación.
Es, de todos modos, la segunda intimación que la Justicia hace a SAER, la sociedad anónima de la que forma parte la familia Etchevehere. El 19 de abril, un mes atrás, el juez Moia había dispuesto «cursar formal intimación a la concursada a fin de que en el término de ley proceda a integrar en la cuenta de estas actuaciones el importe informado por la sindicatura mediante presentación electrónica efectuada en fecha18/04/2023 -8:05 hs.- para aplicar a la cancelación de los pronto pagos en estas actuaciones, debiendo informar su cumplimiento mediante presentación electrónica en autos». Este jueves 18 de mayo, el magistrado pidió que se constatara si la intimación había sido respondida por SAER, pero hubo una mala nueva: «Que de la consulta efectuada en la fecha, conforme surge de la planilla de últimos movimientos y saldos del Bersa, emitida por secretaría e ingresada en el registro informático de las presentes actuaciones, se constata que dicha manda no ha sido cumplida».
El juez puso de manifiesto que «desde el comienzo del trámite de las presentes actuaciones el juzgado ha dado tratamiento prioritario al pago de los créditos laborales, según lo dispuesto en la ley 24.522, duplicándose el máximo del porcentaje legal para su pago, entre otras numerosas medidas tomadas con la mayor premura para evitar posibles conculcaciones a los derechos consagrados de los acreedores pronto pagables laborales verificados en autos, ello sin perjuicio de las facultades de los mismos para solicitar las medidas que estimen pertinentes».
Y trascartón entendió que el incumplimiento de El Diario «reviste una vital importancia y requiere urgente atención, con preeminencia sobre otras cuestiones -sin desmerecer ninguna de ellas- a dirimirse durante el trámite de estos actuados, lo que impone al organismo la obligación de sacar autos de despacho al sólo efecto de reiterar la intimación a la concursada a cumplir la manda referenciada, bajo apercibimiento de decretar medidas de embargo hasta cubrir el monto detallado por la sindicatura para satisfacer los pronto pagos laborales verificados en autos, y cumplimentado este extremo, proceder al nuevo llamamiento de las presentes».
Fuente: Entre Ríos Ahora