SAN SALVADOR, (Reuters) – Abogados que impugnan el encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos afirman que el gobierno salvadoreño les niega a los presos el acceso a abogados y el contacto con el exterior.
En virtud de un acuerdo con el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Donald Trump envió en marzo a 238 venezolanos a su Centro de Confinamiento para el Terrorismo (abre una nueva pestaña), la prisión más grande de Latinoamérica, como parte de una ofensiva contra la inmigración.
Los abogados afirmaron que no han podido visitar, hablar ni conocer el paradero ni las condiciones de sus clientes, cuyas identidades han obtenido a través de información filtrada.
La presidencia de El Salvador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El presidente Nayib Bukele visitó la Casa Blanca el lunes. Abogados privados, algunos contratados por el gobierno venezolano y todos pagados por las familias, han presentado recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando obligar al gobierno a justificar la detención de los venezolanos deportados o a liberarlos.
El bufete de abogados Grupo Ortega, que representa al menos a 30 de los deportados venezolanos, no ha recibido respuesta a ninguna de estas peticiones, según declaró su director general, Jaime Ortega.
«Ninguna de estas personas ha cometido un delito en El Salvador», declaró Ortega a Reuters. «Si son extranjeros y personas que han vivido en otros países, ¿por qué han venido directamente a un centro penitenciario?»
Grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, llevan años denunciando la falta de un poder judicial independiente en El Salvador, y hasta la fecha, la Corte Suprema no ha tomado ninguna medida para considerar las peticiones de habeas corpus. Human Rights Watch declaró el viernes que no existe una lista oficial de los venezolanos detenidos y que sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de información sobre su ubicación por parte de las autoridades salvadoreñas y estadounidenses.
La organización de derechos humanos instó al gobierno salvadoreño a confirmar quiénes se encuentran detenidos y dónde, a revelar cualquier fundamento legal para su detención y a permitirles el contacto con el exterior.
La organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal está preparando recursos de habeas corpus para más de 100 venezolanos, pero su director, Noah Bullock, no se muestra optimista sobre el resultado.
La organización ha presentado más de 7200 recursos de habeas corpus sin respuesta para salvadoreños arrestados durante el gobierno de Bukele.
Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de combatir las notorias pandillas y la tasa de criminalidad del país. Desde entonces, su partido ha actuado en el Congreso para destituir al fiscal general y a los cinco jueces de la Corte Suprema, reemplazándolos por leales al gobierno.
El presidente declaró el estado de emergencia hace aproximadamente dos años, el cual, según él, era necesario para implementar la represión. Desde entonces, las autoridades salvadoreñas han detenido a cerca del 2% de la población adulta y la tasa de homicidios ha disminuido significativamente.
Estas medidas han suscitado críticas generalizadas, incluso por parte de Estados Unidos, por la suspensión de derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho a un abogado, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes.