El prestigioso foro se manifestó en contra de las modificaciones que e Gobierno provincial logró imponer a fuerza de mayorías y lamentó la falta total de consensos para los cambios efectuados que solo van en la dirección de aumentar la influencia del poder político sobre la justicia.
“El Foro lamenta con tristeza la reforma del Consejo de la Magistratura a pesar de las variadas y numerosas voces que se han lanzado contra la iniciativa hoy transformada en ley. Desde nuestro espacio objetamos severamente la decisión de marginar la integración de la Universidad Nacional del Litoral –señera y vital en la preparación y capacitación de nuestros funcionarios y magistrados judiciales- que jamás debieron ser reemplazados por docentes de cátedras de materias jurídicas que se dictan e Universidades con asiento en el territorio provincial y sólo por ese factor objetivo”, expuso.
“El Gobierno ha omitido considerar que la UNL es histórica y académicamente formadora de agentes judiciales de todo nuestro litoral, con un cometido específico de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que titula abogados y abogadas con calidad científica y sobrada experticia para pujar en los cargos de jueces, fiscales y defensores convocados a concurso. La sustitución de docentes de cátedras de Derecho de carreras universitarias no jurídicas impartidas en Entre Ríos no garantiza la cosmovisión científica y mirada integral que indudablemente posee un docente de una Facultad de Derecho y esta especificidad no puede fungirse con el simple argumento de un mayor anclaje territorial de las altas casas de estudios provinciales. Tanto como sostener que la UNL pueda resultar extraña a la historia, el arraigo y la pertenencia de los entrerrianos que alimentan el 30% de su matrícula de alumnos de Abogacía”, agregó el espacio.
Y continuó: “Se suma a ello la desigualdad de la integración del estamento académico que afianza la reforma de la ley –asegurando la presencia de al menos dos (2) docentes universitarios designados por sus Consejos Superiores de la UNER y la UADER entre los 3 (tres) miembros que lo componen, sin margen para el equilibrio interno del sector- incorpora una evitable categoría sospechosa de inconstitucionalidad que generará no pocos conflictos a futuro por alzarse claramente contra el art. 181 de la Constitución Provincial”.
“De la misma manera la insólita participación del Superior Tribunal de Justicia en las vías recursivas de los concursantes –despojando a éstos de sus jueces naturales y colocando en su lugar a quienes paradójicamente son los únicos magistrados que no deben sortear el filtro concursal para arribar a sus cargos vitalicios- sólo se explica en la preocupación del Gobierno por asegurar el acceso al Poder Judicial de concursantes prenominados o favorecidos. El reciente Acuerdo Especial fechado el 6 de septiembre de 2022 celebrado en La Paz por el Alto Cuerpo judicial exhibe sin pruritos la intromisión del Poder Judicial en una medida de gobierno celebrando los cambios sancionados sin consenso alguno”, advirtió el Foro.
Y sumó: “La súbita preocupación institucional del Gobierno exhibe ribetes cuanto menos polémicos que generan fundadas sospechas de cooptación y manejo de una entidad como el Consejo de la Magistratura que –con sus lógicos ajustes y necesarias mejoras.- ha venido funcionando con razonable eficiencia.- Su creación en 2003 y su definitiva consagración constitucional en le Reforma de 2008 han constituido avances notables que permitieron contar con funcionarios y magistrados judiciales más independientes, técnicamente preparados y legitimados desde su origen con la transparencia que insufló la filosofía de su creación”.
“La prueba de la urgencia en la sanción de esta lamentable reforma se sostiene en el tratamiento sobre tablas y el solitario voto a mano alzada del oficialismo, sin acompañamiento de la oposición, contrariamente a lo sucedido con la Fiscalía Anticorrupción que fue sancionada por unanimidad”, contrastó.
Y cerró: “Nunca debió decaer esa ética de las convicciones y máxime aún debió intensificarse la ética de las responsabilidades a la hora de legislar sobre una materia sensible, de alto valor republicano y alejado de maniobras extrañas y de dudosas finalidades que dependía de legisladores que fueron elegidos para mejorar la calidad de la Justicia, mas no para confundir al justiciable y menos aún agradar al Príncipe”.
El texto lleva las firmas de la Mesa Coordinadora: Juan Carlos Arralde – María Elena Romero Sergio Avero – Magdalena Vinacur – Luciano Rotman – Analía Cardoso – Giordano Boggian.
