TRAS EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LEASING DE UN AVIÓN DE LAER
El gobierno de Entre Ríos acordó pagarle los honorarios a un abogado que actuó en un par de demandas contra la provincia. La cuantiosa suma, 428.582 dólares, que terminó de abonarse en marzo pasado, fue resultado de una ardua negociación, que se inició tras los reclamos en tribunales porteños formulados por Sideco Sudamericana SA una empresa del grupo SOCMA (Sociedad Macri), que fue representada por el letrado Pablo Guglielminotti.
El dinero abonado fue como parte del acuerdo, tras el incumplimiento del contrato de leasing que había hecho la firma con el gobierno entrerriano, en la anterior gestión urribarrista, por lo cual hubo que devolver el avión, pese a la numerosas cuotas abonadas para que el avión quede en manos de la provincia.
El Tribunal de Cuentas interviene en el caso, que podría derivar en una acción penal, donde podrían verse comprometidos el entonces titular de LAER, Gualberto Salcerini y los funcionarios responsables en niveles superiores: la actual senadora nacional Sigrid Kunath (entonces secretaria general de la Gobernación); Diego Valiero (ex ministro de Economía) y el ex gobernador Sergio Urribarri. En total, el Estado entrerriano terminará abonando casi 3 millones de dólares, como resarcimiento a la empresa.
Guglielminotti integra el bufete Romero Zapiola, Clusellas y Sluga Abogados SRL. Uno de los socios de ese estudio jurídico es Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia desde diciembre de 2015.
LOS MOTIVOS DEL PAGO ENTRERRIANO
Las causas judiciales se iniciaron porque Macair Jet SA, una controlada del grupo Macri, entregó en alquiler a Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), un Jetstream 3200 ER, matrícula LV ZRL, que partir de mediados de 2011 la aerolínea estatal comenzó a utilizar para el traslado de pasajeros.
Eso duró hasta octubre de 2014, cuando por orden judicial y ante el incumplimiento del contrato, se dispuso el secuestro del avión y de dos motores que habían sido entregados a la empresa entrerriana.
A partir de ahí, se produjo un cruce de acusaciones sobre deudas reclamadas y pagos efectuados y no acreditados. Y lo que comenzó mediante correos electrónicos y cartas documento finalmente se dirimió en la Justicia.
Finalmente, y como respuesta a las dos demandas, Sideco Sudamericana SA cobrará 2.925.601,24 dólares. Suma que la provincia de Entre Ríos terminará de abonar en noviembre de 2019.
La intención del grupo Macri era cobrar 6.158.887 dólares por la aplicación de una tasa de interés del 24 por ciento sobre cuotas adeudadas del leasing (contrato de alquiler con opción a compra) y una cláusula de doble penalidad.
Después de una instancia de negociación –que a la provincia le significó el desembolso de otros 56.628 pesos al mediador Daniel Ilak-, el Estado consiguió una quita de 3.233.286 dólares. Un importe que duplicaba y un poco más el valor de la aeronave, que estaba valuada en 1.400.000 dólares.
El caso está en manos del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la provincia, en un expediente donde se viene analizando la situación, para determinar las responsabilidades que hubo de parte de los funcionarios intervinientes de la anterior administración, en una negociación en la que el Estado tuvo que retornar el avión a la empresa del grupo Macri y por lo cual Entre Ríos pasó a ser una de las pocas provincias que no cuenta con aeronave propia.
En la auditoría se trata de determinar qué grado de participación tuvieron en todo el proceso el entonces titular de LAER, Gualberto Salcerini y los funcionarios responsables en niveles superiores: la actual senadora nacional Sigrid Kunath (entonces secretaria general de la Gobernación); Diego Valiero (ex ministro de Economía) y el ex gobernador Sergio Urribarri. El caso podría finalizar en una denuncia penal que involucraría a cada uno de los mencionados, según se reconoció desde esferas gubernamentales, en función del grave perjuicio económico al Estado entrerriano.