Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) indicaron a AIM que el gobernador Sergio Urribarri promueve reformas a las normas entrerrianas según sus intereses coyunturales y premia a quienes garantizan el ‘feliz connubio’ del partido judicial con el Ejecutivo.
La sorpresiva media sanción del proyecto por el que se “restituye” al pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la competencia en recursos de apelación y directo en acciones de amparo, luego de que la Sala Penal desestimó la orden del juez penal de menores Pablo Barbirotto, quien frenó los paros docentes, no pasó desapercibida en un escenario político provincial.
“No deja de sorprender que el gobierno tenga tanta prisa en hacer reformas en el régimen de justicia cuando no se lo ve comprometido con el ejercicio de ella”, dijo a esta Agencia el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel, quien apuntó que cuando el gobierno toma una medida subrepticiamente “es que busca algún reaseguro que perjudica a los trabajadores”.
La coyuntura “hace que el Ejecutivo promueva modificaciones las normas a su conveniencia y la Legislatura actúe como escribanía”, remarcó el docente, quien rememoró que la norma había sido reformada en el gobierno de Jorge Busti y ahora Urribarri ‘restituye’ la facultad con un claro interés de obtener alguna ventaja.
“Nosotros, como trabajadores de la educación, venimos siendo perjudicados por la complicidad entre el gobierno y el partido judicial”, recordó el docente, quien apuntó que el fallo de Barbirotto “es una muestra del contexto”, ya que explicó que el juez “intentó imponer la derogación del ejercicio a huelga, lo que es lamentable y fue resistido por el conjunto de los trabajadores, lo que logró que la Sala Penal falle como falló, es decir, a favor de los trabajadores”.
“BARBIROTTO RECIBIÓ EL PREMIO AL EMPLEADO DEL MES”
En la sesión en la que el Senado aprobó la modificación que le permitirá al gobierno ‘tener mayoría’ en el STJ ante apelaciones polémicas, como el derecho a la huelga de los trabajadores de la educación, también tomó estado parlamentario el pliego por el que el Ejecutivo propone a Pablo Alejandro Barbirotto como juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná.
En ese sentido, la secretaria de Jubilados en la Comisión Directiva Central (CDC) por la agrupación Rojo y negro, Alejandra Gervasoni, opinó que la elevación del pliego “es el premio al empleado del mes por parte de Urribarri”, ya que recordó que abogado “hizo bien los deberes y falló en contra del derecho constitucional a huelga, con una clara empatía con el Ejecutivo”.
Además, apuntó que desde el gremio realizarán un seguimiento del tratamiento del pliego, por lo que “seguramente se trabajará con los abogados y los delegados la postulación, para abrir el panorama y que la docencia pueda observar claramente cuáles son las estrategias del gobierno en su íntima alianza con la justicia”.
Además, comentó que los trabajadores de la educación ‘acompañarán’ la audiencia pública del candidato en a la Cámara Alta, ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
