Al productor publicitario Gustavo Alfonso, procesado por trata de personas, se le encontró un ladrillo de marihuana y gran cantidad de porros en su celda en la cárcel del Concordia. En un principio intentó inculpar a su compañero de habitación, pero las pruebas recogidas demuestran que la droga le pertenecía, según indicaron fuentes de la investigación a Página Judicial.
La noticia se conoció en cuentagotas: a mediados de julio trascendió que durante una requisa, en una celda de la cárcel de Concordia, se había hallado un ladrillo de marihuana y una gran cantidad de porros. No se mencionaba a los poseedores, sólo que la droga estaba sobre una cama, envuelta en una frazada.
Se sabe ahora que la droga estaba en la celda que ocupaba Gustavo Darío Alfonso, el productor publicitario y conductor de un programa de radio, que se encuentra detenido y procesado por trata de personas. En su habitación, en el Pabellón 4 de la cárcel de Concordia, tenía un ladrillo de 270 gramos de cannabis sativa y 50 cigarrillos armados de marihuana, además de un teléfono celular.
Alfonso logró que un compañero de celda se hiciera cargo de la marihuana, admitiendo ser consumidor. Se trata de un joven misionero procesado por transporte de estupefacientes que espera para estos días la sustanciación del juicio, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Tan convincente llegó a ser Alfonso que su compañero recibió una sanción por haber supuestamente cometido una infracción administrativa y pasó quince días en una celda individual: desde el 7 de julio, fecha en que se produjo el hallazgo, hasta el 22.
Además, la detección de la importante cantidad de droga dentro de la unidad penal motivó la instrucción de una causa judicial por el delito de tenencia de estupefacientes. De los testimonios e informes posteriores recolectados por el juez federal Pablo Seró surgió que el propietario de la droga era Alfonso y que fueron sus artimañas las que terminaron involucrando al compañero de celda, según publicó www.páginajudicial.com.ar. Entonces, Alfonso fue trasladado, primero a la cárcel de Gualeguaychú y luego a Concepción del Uruguay, adonde permanece incomunicado.
Hace unos días, el Tribunal Oral Federal, que se apresta a juzgar al joven misionero por transporte de estupefacientes, determinó que la sanción impuesta implicó «una restricción innecesaria de su detención que si bien no se cumplió en aislamiento, exigió su permanencia en el lugar de alojamiento (Pabellón 4)», a la vez que consideró al castigo como «totalmente arbitrario y contrario a elementales principios procesales como el de inocencia y juicio previo entre otros», dado que su defensa recién se enteró el 30 de julio, es decir, ocho días después que terminara de cumplirla.
Esto podría comprometer aún más a Alfonso en la causa por trata de personas si se comprueba que había montado una especie de kiosco de venta de drogas dentro de la unidad penal, debido a que en ese expediente se le había dictado la falta de mérito respecto de otra acusación que tenía por haberle suministrado drogas a la víctima de la explotación sexual, que además era menor de edad. Esta novedad podría hacer variar su situación.
Hasta el momento, Alfonso está procesado por el delito de trata de personas, en la modalidad de captación y traslado, de una menor de edad con fines de explotación sexual, y por el hecho de promover y facilitar la prostitución abusando de su situación de vulnerabilidad. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal.
El caso surgió el 30 de octubre de 2014, cuando una mujer se presentó ante la Subdelegación Concordia de la Policía Federal para denunciar que su hija de 16 años se encontraba desde hacía varios días en un dúplex en calle Monseñor Rösch 3523, departamento «B», retenida contra su voluntad por alguien a quien identificó como Pelado (apodo de Alfonso), bajo los efectos de estupefacientes que esa misma persona le habría suministrado. Dijo también saber que su hija habría sido amenazada, golpeada y sometida a abusos sexuales reiterados por muchos hombres.
Fue el propio Alfonso quien entregó a la adolescente cuando los policías federales tocaron el timbre en el departamento; y cinco días después, fue detenido.
Durante la investigación se sumaron declaraciones de otras posibles víctimas que declararon en sentido coincidente con la primera, ya que aseguraron que participaban de fiestas privadas en departamentos, boliches y quintas particulares, a las que concurrían hombres de la política local. De allí que podría ampliarse la imputación.
