La seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en conjunto con la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, el Movimiento Surge y ciudadanos independientes, formalizó una denuncia penal ante la Justicia en la que solicita que “se investigue un presunto esquema de fraude contra la administración pública”.
La acusación se centra en una posible irregularidad en la que estarían incursos funcionarios del gabinete del intendente Francisco Azcué, relacionada con el “cobro simultáneo de jubilaciones provinciales y retribuciones percibidas por funcionarios municipales ya jubilados”.
El eje del conflicto: El «Código 600»
La investigación surge a raíz de una metodología administrativa que habría buscado sortear la normativa previsional vigente. Según los registros oficiales, varios funcionarios fueron designados bajo la modalidad “ad honorem”, especificando en sus decretos de nombramiento que el cargo se desempeñaría “sin liquidación del mismo”.
Sin embargo, posteriormente se les habría asignado el denominado “Código 600”. Se trata de una partida presupuestaria destinada a adicionales no remunerativos y gastos de representación.
Para los denunciantes y los organismos de control, el uso de este código para canalizar pagos mensuales a través de recibos de sueldo —pero sin realizar los aportes de ley— podría configurar una “relación laboral encubierta”.
Funcionarios bajo la lupa
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ya había notificado al municipio de Concordia sobre estos casos de “posible incompatibilidad Activo-Pasivo”. Entre los nombres señalados en la comunicación oficial de la Caja se encuentran:
• Carlos Humberto Gatto (Subsecretario de Educación y Cultura).
• Arnoldo Federico Schattenhofer (Secretario de Desarrollo Productivo y presidente del EDACC).
• Luis Víctor Costa.
• Claudia Silvina Perillo (quien renunció en febrero).
• Patricia Elena Jaluf.
• María de los Ángeles Méndez.
• Nélida Elsa Amam.
• María Carolina Pérez.
• María José Umedez.
Antecedentes y advertencias de la Caja
El organismo previsional de la provincia advirtió que estas situaciones no solo vulneran el régimen de incompatibilidades, sino que podrían constituir una “evasión de aportes y contribuciones al sistema previsional”, ya que cualquier persona que perciba un ingreso por actividad estatal debe realizar los aportes correspondientes.
Como antecedente directo en la actual gestión, se recuerda el caso de Germán Margaritini, ex subsecretario de Salud, quien en 2025 decidió abandonar su cargo a pocas semanas de asumir.
En aquel entonces, el ex funcionario reconoció públicamente la incompatibilidad entre sus haberes previsionales y el sueldo político, optando por “evitar problemas futuros y conservar su jubilación”.
La Caja de Jubilaciones intimó a los beneficiarios involucrados para que regularicen su situación administrativa o procedan a “devolver lo percibido de forma indebida”.
Según pudo saber El Entre Ríos, los apuntados respondieron a la Caja que no los liga al municipio una concreta “relación de dependencia” sino que son transitorios funcionarios políticos, y en base a ese argumento rechazaron las intimaciones no considerándose alcanzados por la incompatibilidad que prevé la ley.
Fuente: El Entre Ríos
