El atraso tarifario es uno de los temas que frecuentemente tocamos en Redes de Noticias, en “Lo que queda del día” (AM 88.9 Concordia y oidmortalesradio.com.ar) y en general en toda la actividad periodística que llevamos adelante. Es que es sin dudas uno de los problemas más serios que enfrenta el país, que impacta directamente sobre la calidad de vida de los argentinos y que el Gobierno mantiene camuflado entre quitas de subsidios y demás historias. El medio especializado Econojornal publicó una nota que explica el intento del Gobierno por comenzar a actualizar una situación que está llegando al límite.
La intención oficial es que el acuerdo quede cerrado antes de fin de año. El impacto en las tarifas sería del 20%. A cambio, las distribuidoras deberán comprometerse a ir normalizando los pagos mensuales a CAMMESA y a cumplir un plan de pagos por la deuda acumulada.
El gobierno negocia con Edenor y Edesur un acuerdo de transición que contempla una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que estará en torno al 60%, lo que repercutiría en un aumento adicional de las boletas residenciales del orden del 20 por ciento. A ese porcentaje, habrá que sumarle el impacto en factura de la recomposición del precio estacional de la energía que defina el Ejecutivo. A cambio de la actualización de sus ingresos, las distribuidoras deberán comprometerse a ir normalizando los pagos mensuales a CAMMESA, la compañía mixta que administra el mercado eléctrico, y a cumplir un plan de pagos por la deuda acumulada.
“Es un acuerdo de hitos, de forma tal que les damos algo de VAD y las empresas se comprometen a regularizar el flujo de pagos e ir cancelando el stock de deuda”, señaló a EconoJournal una fuente oficial.
Allegados a las empresas señalaron a este medio que el VAD debería ser actualizado un 150% para compensar el atraso de los últimos cuatro años. Sin embargo, fuentes desde el gobierno aseguraron que piensan en otorgarle un incremento que estaría en torno al 60%. La intención oficial es que ese acuerdo de transición, hasta que se negocie una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), quede sellado antes de fin de año.
El rojo con CAMMESA
Las tarifas de Edesur y Edenor estuvieron congeladas desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021, período en el cual la inflación acumulada fue de 132%. Ese mes el gobierno autorizó un ajuste en las boletas del 9% que terminó siendo el único a lo largo de todo el año. Esa suba alcanzó para recomponer el VAD de las distribuidoras en un 25%.
En marzo de 2022 hubo un nuevo incremento del 20% en las facturas y luego del acuerdo con el FMI se decidió aplicar una suba adicional de 16,53% a partir de junio. De ese modo, la suba en las facturas en 2022 quedó por debajo del 40% cuando la inflación proyectada para este año se acerca al 100%. Recién ahora se está empezando a aplicar una suba mayor, pero solo para los que quedaron fuera del régimen de subsidios.
Para compensar el atraso tarifario, Edenor y Edenor empezaron a pagarle a CAMMESA cada vez menos. Por ejemplo, en agosto Edenor debía abonar 16.880 millones de pesos, pero solo desembolsó 5375 millones, el 32%. Edesur, por su parte, tendría que haber pagado 14.574 millones, pero giró solo 3953 millones, el 28%.
Debido a esta situación, la deuda de las distribuidoras con CAMMESA ha ido creciendo de modo acelerado. En mayo Edenor debía 68.523 millones y en agosto la deuda trepó a 115.181 millones, mientras que Edesur en mayo debía 77.021 millones y en agosto 124.459 millones. Ambas empresas representan casi la mitad de una deuda total de las distribuidoras, que ronda los $ 500.000 millones.
Normalizar flujo y stock
Al autorizar una suba del VAD, el objetivo del gobierno es doble. Por un lado, busca que ambas distribuidoras paguen un porcentaje mayor de la energía que consumen todos los meses regularizando, en la medida de lo posible, el flujo de fondos que debe recibir CAMMESA. Además, busca que Edesur y Edenor comiencen a afrontar la deuda que han ido acumulando.
La negociación en torno al stock de deuda es más complicada porque el Estado no autorizó la recomposición de tarifas prevista. Por lo tanto, hay que calcular cuánto dinero suman los incumplimientos del Estado y compararlo con la deuda que las distribuidoras no le pagaron a CAMMESA más las distintas penalidades que hayan recibido por la prestación deficiente del servicio.
Se supone que una vez realizado ese cálculo, todavía quedará una deuda de las distribuidoras que, según establece el artículo 89 del proyecto de ley de presupuesto, podrán cancelar en 96 cuotas, previos 6 meses de gracia.
El gobierno de Mauricio Macri llevó adelante una negociación similar con las distribuidoras para saldar 15 años de congelamiento tarifario desde 2002 hasta 2016 y fue duramente criticado por el kirchnerismo, quien, paradójicamente, ahora deberá transitar el mismo sendero para tratar de normalizar el mercado eléctrico.
