La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, resolvió dictar la prisión preventiva por 90 días para el empleado legislativo Juan Pablo Aguilera, y su cuñado, Alejandro Almada, a cumplirse en la Unidad Penal N°1 de Paraná, “en lugares separados de los condenados”. No obstante, Almada contará con una medida morigerada de prisión domiciliaria desde el nacimiento de su hijo y por 10 días posteriores, el cual será con custodia policial permanente, de acuerdo a lo que determinen el jefe de la Departamental de Policía, y el régimen que deberá cumplir será igual al que se aplica en la unidad carcelaria.
En tanto, el ex director del servicio administrativo contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, deberá cumplir arresto domiciliario bajo responsabilidad de una persona a definir. La magistrada consideró verosímiles las atribuciones delictivas de la Fiscalía por considerar a los tres imputados como “escalones superiores de una estructura organizativa” destinada a “sustraer dineros públicos a través de contratos de obra” suscriptos en la Legislatura entrerriana entre enero de 2008 y septiembre de 2018, maniobras por las cuales se habrían desviado 1.235 millones de pesos; y valoró positivamente los riesgos procesales planteados desestimando las críticas que realizaron los abogados defensores.
La jueza comenzó su fundamentación admitiendo que “la regla es la libertad” en los procesos a excepción de los casos “en que se advierten riesgos procesales” y consideró que en este caso “la labor de la Fiscalía ha sido exitosa al exponer las razones que hacen verosímil la acusación tanto en la materialidad como en la autoría”.
Apuntó que corresponde analizar la verosimilitud de la acusación en la que respecto de Cardoso se plantea que “su participación es similar a la de Pérez” mientras que “Almada y Aguilera son eslabones más arriba de la organización”.
En el caso de Cardoso dijo que “se verifica su verosimilitud” porque “por su cargo de director del servicio administrativo contable de la Cámara de Diputados tenía funciones propias del cargo, pero su conducta no se limitaba a una actuación estereotipada del rol” y “lo hacía a sabiendas de que lograba la sustracción de dinero por los contratos fraudulentos”.
También valoró que Almada fue detenido el 18 de enero de 2018 en el Acceso Norte llevando en su vehículo más de 371.000 pesos cuya procedencia no se pudo justificar.
Finalmente, valoró que “resulta verosímil la atribución delictiva de la Fiscalía” y aclaró que “los términos en que se dan a conocer los hechos en el sistema acusatorio es diferente a la del sistema mixto”. “Se le atribuye estar en la cima de la organización y estar en uno de los lugares más altos de la cadena, porque la propia imputación refiere a que era el que recibía la mayor parte del dinero recaudado”, señaló Barbagelata quien apuntó: “No considero que como está atribuido el hecho impida el ejercicio de la defensa”, en respuesta al cuestionamiento que había realizado el abogado Marcos Rodríguez Allende.
En ese punto, mencionó diversos hechos que dan cuenta de la importancia que tenía Aguilera en la estructura delictiva como “el hecho de que un empleado del Senado tuviera incidencia en el monto de los contratos, además del monto de dinero que recaudaba y del hecho de que en su casa se secuestraron los talonarios de facturas de gente que no hacía nada para el Estado”.
En cuanto a los riesgos procesales, valoró positivamente los planteos de la Fiscalía en cuanto “marca actitudes de dos de los imputados que podrían obstaculizar la investigación, tanto Almada como Aguilera” y desestimó las críticas de la defensa en ese sentido. Consideró que “el mero hecho de ponerse a derecho no puede valorarse de manera aislada” y afirmó que “la actividad delictiva es consecuente con la obstrucción de la investigación”.
Fuente: www.analisisdigital.com.ar
