Luego del allanamiento al municipio y el escándalo que estalló en Chajarí por las supuestas ventas ilegales de terrenos fiscales, el intendente José Luis Panozzo acusó a los ediles opositores de realizar una “campaña sucia” y aseguró que los denunciantes aprobaron la venta en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el legislador municipal del Frente Entrerriano Federal (FEF), Avelino Pezzini, afirmó a AIM que presentaron un pedido de informes el 15 de marzo que “nunca fue contestado” y que “la ordenanza que se aprobó permitía la venta pero sólo mediante licitación, no en forma directa como se hizo”.
Luego de que, la semana pasada, concejales de la oposición presentaran una denuncia ante el Juzgado de Garantías, a cargo de Eduardo Degano, el fiscal a cargo de la investigación, Maximiliano Larocca, realizó un allanamiento a la Municipalidad de Chajarí, de donde se llevó los decretos que habilitan la venta -según la denuncia a precios “irrisorios”- de terrenos del predio termal de la ciudad a familiares de ex funcionarios.
Según la demanda, los lotes habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado por el hijo de la secretaria de Gobierno y Hacienda, Alicia Peliquero; el padre y la prima de la concejal Julieta Racigh; la pareja del secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Lalosa y la hermana del director de Obras Públicas, Matías Díaz, entre otros.
El hecho convulsionó a la localidad del departamento Federación y el intendente José Luis Panozzo, que al momento del allanamiento se encontraba en Australia, a su retorno acusó a los ediles de impulsar una “campaña sucia”. “Primero esto pasó por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) donde fue el propio cuerpo quien de manera unánime puso el precio de los terrenos a través de una ordenanza. Luego se llamó a licitación dos veces quedando desiertos los llamados, se llamó una tercera vez y se vendieron algunos. Tenemos constancia de todo”, aseguró Panozzo.
Sin embargo, el concejal del FEF ratificó a esta Agencia los términos de la denuncia y dio otra versión de los hechos que contradice la defensa del intendente: “cuando se refiere a que tenemos mecanismos dentro del concejo, como el pedidos de informes, nosotros lo presentamos el 15 de marzo y dentro de los 90 días que por reglamento tiene el intendente, no fueron contestado”, aseguró.
Pezzini afirmó que, inclusive, “hay más denuncias y no lo hemos hecho público porque no está en el ánimo nuestro hacer una chicana política de esto. Salta justamente porque presentamos un proyecto de ordenanza pidiendo la restitución de esos terrenos al municipio por la venta directa”.
El edil bustista admitió que la ordenanza que permitió la venta inicial fue aprobada, pero explicó que, al quedar desierta la licitación, para enajenar algún bien del Estado el municipio necesitaba una nueva ordenanza que lo autorice, con el voto de los dos tercios del concejo, que en este caso son ocho votos. “La venta directa necesita una ordenanza del concejo y los dos tercios de los votos. Ahí está la irregularidad”, denunció.
Asimismo reveló que los llamados a licitación “eran por 400 pesos el metro cuadrado y en los decretos figura la venta a 150 pesos por metro cuadrado”.
Respecto de cuáles son los tiempos y próximos pasos del trámite judicial, Pezzini dijo que “ahora ya queda a criterio del juzgado que consideren si son pruebas suficientes para determinar si hay un ilícito o no. Nosotros como concejales de la oposición tenemos el deber de denunciar y hacer el contralor”.
