El vocal del STJ se molestó por la propuesta de establecer límite de tiempo para ocupar cargos en el alto cuerpo y le mandó una carta al presidente de la Asociación de Magistrados en la que lo acusó de dar opiniones sin el consentimiento de los integrantes de la entidad. El caso expone las internas hacia el interior de los tribunales y las idas y vueltas en la Justicia tras el cambio de gobierno.
Las internas en el Poder Judicial ya no se esconden. Pasó de los despachos a los medios. Esta semana hubo dos episodios que abonan esta afirmación y ponen en la superficie lo que se respira hace mucho tiempo.
Primero fue el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Rubén Chaia, quien hizo declaraciones públicas afirmando que “en los cargos que son cabeza de poder es importante que haya determinados tiempos para las renovaciones”, consideró que “son buenos los límites temporales” para determinados cargos, como las vocalías en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y aseguró que la entidad que preside “se están empezando a discutir esas cuestiones, aunque no es algo habitual”.
Quien recogió el guante fue Carlos Chiara Díaz, uno de los vocales más antiguos en el alto cuerpo. Le envió una carta a Chaia manifestándole su molestia por las declaraciones, acompañadas por una foto del magistrado, “lo cual no es la primera vez que se presenta de ese modo, como si fuera la postura oficial de la entidad” y quejándose de que la Asociación de Magistrados “no convocó a una reunión o asamblea para tratar y definir posiciones acerca de la edad límite para ser nombrado o integrar el Superior Tribunal de Justicia”.
En otro párrafo de la misiva Chiara Díaz le exigió que convoque a una asamblea para “tratar lo concerniente a la edad, preparación académica y demás factores concernientes a la integración de STJ”.
El segundo hecho que expone la interna en la cúpula del Poder Judicial es la orden que la Sala Penal del STJ le impartió al procurador general de la provincia, Jorge García, para que conteste un pedido de información pública realizado por la Sección Paraná del Colegio de Abogados y el portal especializado accesolibre.org. García no contestó al requerimiento y entonces los peticionantes presentaron un recurso de amparo, pero el juez de primera instancia Juan Carlos Coglionese declaró abstracta la acción por entender que la información requerida había sido entregada por correo electrónico. El asunto llegó hasta el alto cuerpo y se resolvió en una votación dividida: Chiara Díaz y Germán Carlomagno –en reemplazo de Daniel Carubia– hicieron lugar a la petición, con un reto incluido para el procurador, mientras que Claudia Mizawak consideró que el asunto había quedado saldado, como antes lo había entendido Coglionese.
La disputa no es nueva. Las diferencias entre la Sala Penal y el procurador han llegado a manifestarse en sentencias. En esto coinciden magistrados y abogados paranaenses. Sin embargo, en el alto cuerpo hay una voz disonante, la de Mizawak, que suele compartir criterios con García.
Lo cierto es que las internas judiciales resurgieron tras el cambio de gobierno y con las investigaciones que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri en casos de corrupción. De un lado quedó la Sala Penal, sin Mizawak; y del otro, la Procuración. En todo esto hay un denominador común: todos los magistrados señalados fueron designados por Jorge Busti, quien salió ileso de cuanta causa judicial tuvo que enfrentar. No tuvieron suerte quienes lo acompañaron en sus gestiones al frente del Poder Ejecutivo: Domingo Daniel Rossi (vicegobernador), Héctor Alanis (vicegobernador), Oscar Horacio Mori (secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión) y Abelardo Pacayut (senador).
