Los concejales del bloque “17 de Octubre” de la Municipalidad de Colón presentaron un proyecto de Ordenanza para declarar la Emergencia Económica del Sector Turístico de la ciudad por un período de 18 meses, prorrogable por otro período de igual duración, a partir de su promulgación.
La iniciativa parte de un diagnóstico que combina dos factores que, según sus impulsores, colocan al turismo local ante un escenario especialmente complejo: por un lado, la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y la consecuente retracción del consumo turístico; y, por otro, el riesgo hídrico-climático que enfrenta la ciudad ante el desarrollo de un episodio de El Niño.
El planteo legislativo toma como referencia los informes recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo señaló en su actualización de agosto que las condiciones del sistema ENOS son compatibles con una fase cálida o El Niño, con una probabilidad cercana al 100% de que esta condición se mantenga durante el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026.
En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 31 de julio que se está instaurando un episodio fuerte de El Niño y que se esperaba una intensificación entre agosto y octubre de 2026, con modificaciones importantes en los patrones de precipitación y un mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones.
Una doble presión sobre el turismo colonense
En los fundamentos del proyecto, los concejales sostienen que la situación económica general impacta directamente sobre una actividad que consideran central para la estructura productiva de la ciudad de Colón.
El turismo tiene una incidencia transversal sobre el movimiento económico de la localidad, debido a que involucra no solamente a los establecimientos de alojamiento, sino también a restaurantes, bares, agencias de viajes, guías, transportistas, prestadores náuticos y otros servicios vinculados con la llegada de visitantes.
A esa retracción del consumo, el proyecto suma la posibilidad de que las condiciones climáticas afecten sectores estratégicos de la oferta turística local. La propuesta menciona particularmente a las playas, las islas, los complejos termales y al conjunto de servicios que dependen del normal desarrollo de la temporada.
La preocupación también se vincula con el empleo. En sus considerandos, el bloque cita relevamientos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que han advertido históricamente sobre una caída de empresas y empleo en el sector superior a la registrada en el conjunto de la economía. En uno de esos informes, la entidad señaló una disminución del empleo registrado del 11% en hotelería y gastronomía frente al 4,8% del promedio general.
Los autores de la iniciativa consideran, en ese contexto, que las micro y pequeñas empresas son las que cuentan con menor capacidad financiera para absorber una disminución de ingresos o afrontar eventuales daños derivados de crecidas e inundaciones.
Suspensión de la Oblea de Habilitación Turística
Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión durante 18 meses del cobro de la Oblea de Habilitación Turística prevista en la Ordenanza Nº 59/2021, junto con su decreto reglamentario.
La propuesta contempla que las obleas correspondientes a 2026 extiendan su vigencia automáticamente y sin costo hasta la finalización del período de emergencia.
Además, mientras se encuentre vigente la emergencia, se plantea que no puedan labrarse actas de infracción, aplicarse multas ni disponerse clausuras exclusivamente por la falta de una oblea vigente o por la falta de pago de ese concepto.
El proyecto también propone condonar las deudas correspondientes a las Obleas 2026 que se encuentren impagas. Los concejales aclaran que la suspensión del cobro no implicaría dejar de lado los controles vinculados con la seguridad de los establecimientos. El texto faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la medida preservando exigencias como matafuegos, seguros y certificados eléctricos.
Un paquete de alivio sobre las tasas municipales
La iniciativa no se limita a la Oblea. También establece un régimen excepcional de reducción y exención de distintas obligaciones tributarias municipales. Para los sectores de hotelería y gastronomía, se propone una exención del 100% de la Tasa por Inspección de Higiene, Profilaxis y Seguridad durante cinco anticipos mensuales consecutivos para las micro y pequeñas empresas turísticas.
En el caso de las medianas empresas, la reducción prevista sería del 75%, mientras que para las grandes empresas alcanzaría el 50%. El proyecto incorpora, además, un criterio de criticidad que permitiría acceder a una exención total independientemente del tamaño de la empresa. Para ello, el contribuyente debería acreditar una caída interanual superior al 30% en sus ventas o facturación real, o demostrar una afectación edilicia y operativa directa provocada por una inundación o crecida del río Uruguay, constatada por Defensa Civil.
A su vez, se plantea una prórroga de 120 días para los vencimientos de la tasa, sin intereses, y un régimen de regularización de deudas de hasta 18 cuotas mensuales sin interés, acompañado por una quita del 100% de intereses, multas y recargos.
El beneficio alcanzaría a todo el ecosistema turístico
El proyecto amplía las medidas de alivio más allá de hoteles y establecimientos gastronómicos. La iniciativa incluye a las agencias de viajes y turismo, guías habilitados, servicios de transporte turístico terrestre y prestadores de alquiler de embarcaciones, kayaks y actividades náuticas recreativas.
Para estos sectores se propone una exención del 100% durante cinco anticipos en conceptos como tasas de habilitación, actuaciones administrativas y derechos vinculados con la ocupación del espacio público y el uso de playa y costanera, además de un régimen de regularización de deudas con condonación de intereses. El texto también incorpora a los servicios gastronómicos móviles, como food trucks y carritos gastronómicos.
TGI, obras sanitarias y suspensión de ejecuciones fiscales
Otro capítulo del proyecto apunta a reducir la presión sobre las obligaciones municipales vinculadas con los inmuebles y los servicios. En materia de Tasa General Inmobiliaria (TGI), se plantea aplicar exenciones bajo las mismas alícuotas y condiciones establecidas para la Tasa de Higiene y Profilaxis.
Para el servicio de Obras Sanitarias se propone congelar la tarifa y establecer un esquema de regularización de deudas similar al previsto para Higiene y Profilaxis. La iniciativa contempla, además, que durante la vigencia de la emergencia no se inicien ni continúen ejecuciones fiscales ni medidas cautelares por deudas de tasas municipales correspondientes a los contribuyentes comprendidos dentro del régimen.
Además, el proyecto establece determinadas condiciones para que los establecimientos puedan incorporarse al régimen de emergencia. Entre ellas figura estar habilitado y empadronado de acuerdo con la Ordenanza Nº 59/2021 y el Decreto Nº 523/2025 al 31 de julio de 2026, además de inscribirse ante la autoridad de aplicación.
También se incorpora una condición vinculada con el empleo: los beneficiarios no deberán generar despidos sin causa durante el período de emergencia.
La autoridad de aplicación quedaría en manos de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, que funcionarían de manera conjunta. El Departamento Ejecutivo Municipal tendría un plazo de diez días hábiles para reglamentar la norma.
El argumento político: “La salida no es cobrar más, es aliviar”
En los fundamentos, el bloque “17 de Octubre” sostiene que el Municipio debe adoptar medidas de acompañamiento frente a un escenario que consideran excepcional.
“El turismo es una industria sin chimenea que sostiene a miles de familias colonenses”, sostiene el texto al que accedió ANÁLISIS, y plantea que una mayor presión tributaria sobre los establecimientos que atraviesan una caída de la actividad podría profundizar las dificultades económicas.
La propuesta se inscribe, además, en una discusión que sus autores señalan como de alcance provincial. Según explican, la situación fue abordada en reuniones mantenidas con representantes del sector turístico y legisladores nacionales y provinciales, a partir de las cuales se impulsaron medidas tendientes a proteger la actividad y un proyecto de Ley Provincial de Emergencia.
El criterio que atraviesa la iniciativa municipal queda resumido en uno de sus fundamentos: “La salida no es cobrar más, es aliviar”.
Una herramienta extraordinaria frente a un escenario extraordinario
De aprobarse, la Ordenanza establecería durante un año y medio un régimen tributario excepcional para uno de los sectores considerados estratégicos para la economía colonense, con posibilidad de extenderlo por otros 18 meses.
El proyecto también prevé que el Ejecutivo pueda realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias necesarias para compensar la disminución de recursos municipales derivada de las exenciones y suspensiones, procurando garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
La propuesta llega al Concejo Deliberante en un momento en que los organismos meteorológicos nacionales e internacionales ya advierten sobre la consolidación de un episodio de El Niño durante 2026. El SMN confirmó en agosto la fase cálida del ENOS y una probabilidad cercana al 100% de continuidad durante agosto-octubre, mientras que la OMM anticipó un episodio de fuerte intensidad y cambios relevantes en los patrones de precipitación.
Para sus impulsores, la combinación entre retracción económica y exposición al riesgo hídrico-climático justifica una respuesta extraordinaria del Estado municipal. El debate en el Concejo Deliberante deberá determinar ahora el alcance y la viabilidad de las medidas propuestas, así como su impacto sobre las cuentas municipales y sobre la actividad turística de Colón.
