Redes de Noticias

Arrancó en Diputados el proceso para intentar destituir a los jueces de la Corte

La comisión de juicio político de Diputados comenzó este jueves con el tratamiento de más de una docena de pedidos de enjuiciamiento contra la Corte Suprema, que forma parte de la embestida que el Gobierno lanzó contra el Poder Judicial y que promete jornadas de alto voltaje en el Congreso.

El oficialismo reunió el quórum con sus 16 representantes, incluyendo los massistas Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. Luego ingresaron los diputados de Juntos por el Cambio y Alejandro «Topo» Rodríguez, el representante del peronismo federal en la comisión. También estuvieron como observadores Myriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos del Frente de Izquierda.

Todo parecía que iba a ser una formalidad de lectura de expedientes y definición de fechas. Pero cuando Carolina Gaillard, la presidenta de la comisión, abrió el debate pasadas las 11, con la lectura de los pedidos de juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pareció como el campanazo inicial de una larga pelea.

Hacia adelante, el combate ya tiene agendado otros dos capítulos más: el 2 de febrero, cuando los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos (varios de ellos ultra K), y el 9 de febrero, cuando se analizará el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas es factible avanzar con el proceso.

En el primer round de este jueves, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dio el primer golpe, al pedir que se tenga en cuenta a los invitados por la oposición. Después precisó que entre los citados por JxC estarán los ministros Sergio Massa y Eduardo de Pedro. Buscan enredarlos por haber participado del proceso de negociación previo al fallo por la coparticipación porteña, uno de los puntos sensibles del juicio. Y, en el caso del ministro de Economía, por avalar una propuesta para pagar con bonos, lo que implicaba una manera de acatar la decisión judicial.

Germán Martínez, titular del bloque oficialista, buscó cerrar la puerta a la discusión y respondió que la comisión «está en función de la etapa de prueba» y los invitados se definirán «en una segunda etapa, una vez abiertos los sumarios».

Martínez también rechazó la posibilidad de que se conforme una subcomisión para determinar la admisibilidad de los expedientes, como propuso el larretista Alvaro González (PRO). Está claro que el oficialismo define las condiciones ya que cuenta con el número necesario para firmar el dictamen, aunque tiene casi nula posibilidad de avanzar en el recinto, porque no cuenta con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar.

CRUCES CALIENTES

La discusión empezó a calentarse más cuando Omar De Marchi (PRO) responsabilizó a Alberto Fernández por el avance del oficialismo contra el Poder Judicial. «Esta puesta en escena que nos ofrece el Presidente, que es el principal impulsor de este circo que montan a diario, tiene varios objetivos: no hablar de los problemas importantes del país y la agenda del Gobierno de intervenir, meterse y manipular la justicia en la Argentina», dijo.

«¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento?», retrucó la camporista Marisa Uceda desde la vereda de enfrente. «Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro», completó. «No venimos a montar ningún circo», trató de apaciguar Martínez.

Fue justamente en ese tramo del debate que el jefe de la bancada oficialista dijo que la apertura de la comisión de Juicio Político, que el año pasado solo se reunió para constituirse, está motivada por «la crisis que está viviendo la Justicia argentina». Y profundizó que los pedidos de enjuiciamiento no sólo están centrados en el mal desempeño de los jueces sino también «en algunos casos hay clara persecución política».

La declaración está íntimamente relacionada con el fallo que condenó a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública y al mismo tiempo la inhabilitó para ejercer cargos públicos, algo que parece haberse diluido y que el kirchnerismo quiere volver a instalar.

Desde Juntos salieron a responderle. Graciela Ocaña acusó al oficialismo de querer «llevarse puesta a una de la instituciones más importantes de la república» con el objetivo de darle «impunidad para la vicepresidenta».

Con ese ida y vuelta, con chicanas y pases de factura, se desarrollaron las más de tres horas de reunión. El peronista federal Alejandro «Topo» Rodríguez aprovechó el escenario de la comisión para responderle al ultra K Rodolfo Tailhade, que en una entrevista con C5N había acusado al lavagnista de «hacer política con miedo» por no acompañar la embestida contra la Corte.

Este jueves, los diputados estuvieron frente a frente y el presidente del interbloque Federal le respondió: «Te lo digo a vos Tailhade, que dijiste que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación ni tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade».

Tailhade, uno de los principales operadores de Cristina Kirchner en los ámbitos judiciales y de los servicios de inteligencia, evitó hablar durante el debate. Según él, lo estaban «esperando».

Alejandro Finocchiaro (JxC) tuvo un mensaje picante que hizo saltar a todo el oficialismo: «Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron”.

Uno de los más exaltados fue Juan Manuel Pedrini, quien a los gritos lo llamó «atorrante» a Finocchiaro y mencionó que había sido víctima de espionaje durante el macrismo. Otro diputado, por lo bajo, balbuceó: «Quién no fue espiado».

La atención quedó centrada en el final con el mensaje de Vanesa Siley, aunque la diputada y dirigente del gremio de los judiciales sólo celebró que se haya abierto el debate político y su discurso se terminó por diluir tras la intervención de Mario Negri, a quien acuso de «machirulo».

Para cerrar, quedó la llamativa definición de Germán Martínez. Aseguró que «no hay ningún intento de avanzar contra nada» y negó que la ofensiva contra la justicia tenga que ver con la campaña electoral, aunque los promotores del pedido de juicio político ya anticiparon que el proceso durará varios meses.

Desde Juntos, Negri les bajó las expectativas a los planes del oficialismo y señaló que las causas del enjuiciamiento son «inconsistentes y desprolijas». Es que entre las más de 400 páginas del pedido presentado por el bloque del FdT, con la letra del Presidente, hay expedientes que no tienen resuelta la causa de fondo, como por ejemplo, el tema coparticipación.

Tras la primera jornada caliente, ahora los focos están puestos sobre todo en el jueves 9, cuando debería aprobarse la «admisibilidad» del juicio y dar un paso un poco más firme que las declaraciones.

Facebook
Twitter
WhatsApp