El juez Gustavo Pimentel condenó a José Ángel Allende a la pena de dos años de prisión condicional por el delito de coacciones contra el periodista Martin Carboni. Además, Allende deberá realizar un taller de capacitación sobre libertad de expresión y no podrá realizar actos molestos y/o violentos en contra del periodista o algún integrante de su grupo familiar.
En la sala estuvo presente Álvaro Piérola en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el abogado defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini. El otro abogado que integra la defensa, Maximiliano Rusconi, participó a distancia mediante videoconferencia.
Allende fue condenado por vertir coacciones contra Carboni al aire de una emisora local, en donde cuestionaban la tarea periodística que refería a irregularidades en el Ministerio de Salud cuando estaba a cargo el ladero de Allende, Ariel De la Rosa.
«Vos viste que Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo», dijo Allende en mayo del 2017.
Analizando eso, el juez Pimentel aseveró: «Allende conocía lo que estaba haciendo y no podía desentenderse de la gravedad de la amenaza porque se estaba hablando de la propia vida de la víctima».
«Se trata de un delito de peligro, sin que haga falta que la amenaza se concrete», agregó. Además, valoró que «el ejercicio periodístico sólo se puede realizar si no hay ningún tipo de coacción, condicionamiento violento o amenazas».
Ahora la Oficina de Medios Alternativos (OMA) deberá disponer de qué modo y en dónde Allende deberá realizar el taller de libertad de expresión durante el período que dura la condena.
En resúmen, Allende tuvo su primera condena en la Justicia entrerriana. Son dos años de prisión condicional, en sintonía con lo pedido por el MPF.
Ahora deberá esperar qué pasa con las otras causas que están pendientes en su contra: una por enriquecimiento ilícito y la otra por violencia de género contra la actual ministra de salud Sonia Velázquez.
