El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, condenó a Iván Pablo Benítez (27) y Miguel Abraham (35), quienes en el marco de un juicio abreviado admitieron haber estafado a una mujer de 86 años, de Crespo, en enero de este año. A la mujer la despojaron de una fuerte suma de dinero que tenía ahorrado: 240 mil dólares y 10 millones de pesos.
El acuerdo había sido presentado el 10 de marzo por la fiscal Sofía Patat y el abogado defensor Leopoldo Cappa. Este miércoles 15, luego de analizar las pruebas presentadas por las partes, el magistrado entendió razonable la pena acordada y sentenció a Benítez y a Abraham a cumplir 3 años de prisión condicional.
El juez valoró como atenuante que hayan reconocido el delito y la escasa instrucción de ambos -estudios primarios y secundarios incompletos-.
También les aplicó la prohibición de ingreso a Entre Ríos -sólo podrán hacerlo con previo aviso a la Justicia y con justificativo-; deberán realizar tareas no remuneradas en institución de bien público por el plazo de 96 horas; y devolver a la víctima 54.600 dólares y 1.714.120 pesos. También entregarán una camioneta Toyota Hilux.
Tras recibir la sentencia, Abraham salió de la provincia y se afincó en Posadas, provincia de Misiones; mientras que Benítez lo hizo en Caballito, provincia de Buenos Aires.
EL ARDID: EL SOBRINO Y EL GERENTE
En el acuerdo del juicio abreviado quedó resumido cuál fue el ardid de los ahora condenados para estafar a la mujer de Crespo. Para lograr su cometido, planearon un «cuento del tío»: uno se hizo pasar por un sobrino, quien contactó a la víctima por teléfono el 23 de enero, cerca de las 15,30, desde un supuesto Banco; y el otro entró en escena como presunto Gerente de la entidad bancaria.
El «Gerente» fue quien le dio a la damnificada la «noticia financiera» de último momento: debía entregar sus ahorros, en pesos y dólares, ya que estaba en marcha un cambio de la moneda. Es decir, le hizo creer que debía cambiar su dinero «viejo» por «nuevo» que se iba a poner en circulación.
Minutos después del contacto telefónico, Abraham llegó al domicilio de la señora, vestido de saco y camisa, y dijo ser el enviado del Banco para retirar el dinero. Sin más, la mujer entregó 240 mil dólares que estaban en una caja fuerte y aproximadamente 10 millones de pesos que tenía en dos tachos de pintura. Tras unos minutos, el hombre se retiró con bolsas de dinero, se subió a un Peugeot 308, blanco, y nunca más se supo de ellos.
Alrededor de las 23 de ese mismo día -23 de enero-, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría local. Rápidamente la Policía y la Fiscalía comenzaron a investigar y lo primero que obtuvieron fueron filmaciones de dos cámaras: de un kiosco y de una casa particular. Tras cruzar los datos, encontraron que el vehículo había ingresado a Entre Ríos el 23 de enero por el Puesto Caminero de Paso Cerrito, en Federación. Luego fue visto en Paraná. Tras identificar la chapa patente, se logró dar con Abraham; y luego identificaron las huellas de Benítez en la caja fuerte.
Con la misma modalidad, otra adulta mayor fue embaucada, por lo que entregó voluntariamente en su vivienda de calle Buenos Aires al 100, de Paraná, 7.000 dólares y 1.200.000 pesos. En esta causa está pendiente una pericia denominada antroposcópica.
LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS, SIN RESPUESTAS
Si bien el acuerdo fue homologado, quedaron algunas incógnitas sobre los dos «socios» que estafaron a la mujer de Crespo. La principal es si podría intervenir la Justicia Federal para investigar el posible delito de lavado de dinero, y es que ambos demostraron administrar fuertes sumas -además de la que se le secuestró en la causa de estafa-.
En febrero el juez de juicio Mauricio Mayer dispuso el arresto domiciliario de ambos y revocó el encierro en la Unidad Penal Nº 1. Lo particular del caso fue que en la domiciliaria contaron con custodia, es decir, con «vigilancia permanente”, y el costo de ese servicio quedó a cargo de los imputados.
Se trató de una modalidad novedosa en el sistema judicial entrerriano. Se supo que los estafadores pagaron, para cumplir con esa modalidad, casi $1 millón a la Policía de Entre Ríos. A eso se le suma el gasto del alquiler de la casa donde cumplieron la prisión domiciliaria. Las preguntas sobre el origen de dichos fondos, por ahora, quedan sin respuestas.
Fuente: Entre Ríos Ahora
