El martes 15 a las 9 se realizará la audiencia de solicitud de Suspensión del juicio a prueba o Probation para 10 de los 32 imputados en la causa Contratos Truchos en la Legislatura provincial.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de dos integrantes del estudio Integral Asesoría (IA) y de familiares y allegados a dos de los más destacados imputados de la causa que investiga la sustracción de 1.235.000.000 pesos de las arcas del Estado.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial notificó a las partes de la audiencia que se programó para el martes 15 a las 9, en la que se tratará el pedido de Suspensión del Juicio a Prueba o Probation para 10 de los 32 imputados de sustraer durante una década millonarias sumas de dinero del Estado bajo la celebración de contratos de obra en la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia, en el periodo comprendido entre enero de 2008 y el 29 de septiembre de 2018.
Los citados son Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, María Victoria Álvarez, Viviana Gisele Mena Gioveni y María Macarena Alvarez, que son defendidos por José Velázquez; y Renato Jesús Mansilla, que es asistido por Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo.
El grupo concitó la atención de quienes vienen siguiendo los pormenores de la causa desde sus comienzos en octubre de 2018, cuando un atento efectivo de la Policía de Entre Ríos que estaba de servicio, observó a tres personas extrayendo dinero de un cajero manipulando varias tarjetas bancarias.
Así, respecto de Beber, de profesión analista en sistemas; y Mansilla, martillero público y corredor de comercio se recordó que fueron integrantes del estudio contable Integral Asesoría, que funcionaba en calle Misiones al 400 en Paraná. Según la imputación que sostienen los fiscales, Patricia Yedro, Gonzalo Badano e Ignacio Aramberry, Integral Asesoría tuvo un rol vital en la consumación de lo que consideraron un “saqueo”. Fuentes consultadas indicaron que “Mansilla no tenía oficina en Integral Asesoría pero se encargaba de gestionar alquileres y otras tareas”.
El dato adquiere interés puesto que Fiscalía asegura que las multimillonarias sumas, que se estiman en 1.235.000.000 pesos, se habrían aplicado “para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas”. También sostuvieron que “la maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”.
Integral Asesoría
En el punto 2.2.2 de la extensa remisión de la causa a juicio, los fiscales desarrollan “el aporte de los miembros del estudio contable ‘Integral Asesoría’” y despliegan la hipótesis que sostuvieron durante toda el proceso: “Está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo, se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables, para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”.
Referente
También sostuvieron que “en efecto, la íntegra gestión impositiva en materia de contratos ficticios era realizada por los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure (quien luego pasó a trabajar directamente con Alfredo Bilbao, de estrecha relación con Gustavo Hernán Pérez), siendo además el primero de ellos, funcionario público por ser agente de planta permanente del Senado provincial, y claramente el ‘referente’ del Estudio Contable para la Organización delictiva”.
Los fiscales entendieron que “es así que, valiéndose de la clave fiscal que los ‘contratistas’ entregaban a Beckman/Mena o bien que los propios contadores generaban, desde dicho estudio se mandaban a imprimir los talonarios de facturas a nombre de los titulares de los contratos, se emitían las mismas -ya sea en papel o de manera electrónica en el último período-, se efectuaba el pago mensual del impuesto al Monotributo e Ingresos Brutos (empleando una terminal de ‘Entre Ríos Servicios’ instalada en el propio estudio), llevando listados con el nombre de los ‘contratistas’, del período y de la Cámara legislativa por la cual eran contratados”.
Los acusadores afirmaron que “formaron parte de este aporte, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y el analista de sistemas Nicolás Beber, también parte de Integral Asesoría, quienes al igual que los antes nombrados, eran remunerados por tal tarea con contratos de obra ficticios”.
Fideicomisos
La referencia de los acusadores al contador Opromolla como el “referente” del estudio Integral Asesoría cobra especial relevancia puesto que durante la investigación se conoció que el sospechoso tenía dos contratos de fideicomiso celebrados con quien era la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción en aquella época, Cecilia Goyeneche.
Goyeneche fue destituida del cargo en un jury –un proceso de naturaleza política- que la encontró responsable de mal desempeño de sus funciones, precisamente por este caso. En el jury, que fue anulado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y se espera que se realice uno nuevo, se conoció por parte del procurador general, Jorge García; de los fiscales Aramberry y Yedro, y por la propia Goyeneche y su esposo, el contador y violinista, Sebastián Orlando Bertozzi, asiduo concurrente a Integral Asesoría por la amistad del matrimonio Goyeneche-Orlando Bertozzi con el “referente”, que los fideicomisos eran reales. Goyeneche los negó en una audiencia de apelación de las prisiones preventivas que se dictaron a Flavia Beckman y Hugo Mena, y otros sospechosos, ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castago, que se realizó a principios de diciembre de 2018.
Entre los datos que los fiscales consideraron para ir contra el estudio contable, se consignó que “entre las anotaciones de Hugo Mena, pueden observarse múltiples referencias a la actividad del estudio. En particular, en la Agenda Nº 3 (folio correspondiente al 17 de mayo de 2016), se menciona la actividad de facturación para la sustracción realizada por el Estudio Contable (“mandar para facturar” y “traer facturas”)…”.
Respecto del resto de los sospechosos que fueron citados a la audiencia de Probation, se pudo determinar que Caíno es la pareja del contador Gustavo Pérez; María Victoria y Macarena Álvarez, son hijas del primer matrimonio de Beckman; Jazmín y Viviana Mena Gioveni, son hijas de otro matrimonio de Mena; que Balladares fue pareja de una de las hijas de Mena, como lo fue Ferreyra de otra mujer de la familia, y que Sarnaglia era “muy amigo de las hijas de Beckman”.
Dicho comportamiento, permitió la continuidad en el tiempo de la maniobra de sustracción antes mencionada, pese a que su existencia era conocida por Auditores y Revisores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, e imposibilitó que el Organismo que integra de cumplimiento a la manda establecida en el párrafo 2º y 3º del art. 213 de la CP.- Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los un mil doscientos treinta y cinco millones de pesos (1.235.000.000 pesos)». (
Fuente: APFDigital
