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Desestimaron sin analizar dos denuncias de un detenido contra el juez federal Pablo Sero

El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó sin siquiera analizar las denuncias del empresario Raúl Alberto Molina, detenido por asociación ilícita, contra el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Andrés Seró. Las presentaciones habían sido el año pasado, con cuestionamientos a la tramitación de una causa. El organismo judicial consideró que la acusación del titular de la Tabacalera del Litoral era “manifiestamente improcedente” y la rechazó in limine.

La denuncia promovidas por Raúl Alberto Molina, titular de Tabacalera del Litoral, fue declarada “manifiestamente improcedente” y rechazada in limine por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Molina, está acusado de ser el organizador de una asociación ilícita tendiente a cometer ilícitos relativos a la fabricación de cigarrillos (de primeras marcas) falsos y a la producción de cigarrillos propios de la Tabacalera del Litoral, pero con estampillas presuntamente falsas, sin pagar impuestos. Para esto, según la acusación, se habrían utilizado sellados que aparecían como falsos, y se habría recibido información de personas que ocupan cargos en instituciones públicas para eludir los controles que hubieran descubierto su accionar.

Por este hecho, el empresario de Concordia fue procesado por el juez Seró y el procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Desde la unidad penal, Molina hizo dos presentaciones cuestionando el accionar del juez en la tramitación de la causa, una ante el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y otra ante la Cámara Federal de Apelaciones. Según pudo saber Página Judicial, Molina sostiene que Seró incurrió en “mal desempeño de la función pública y abuso excesivo del cargo” porque no le permite obtener fotocopias del expediente, tampoco hace lugar a las pruebas que ofrece sin fundamentación alguna (asegura que le responde con un “lacónico ‘no ha lugar’”) y descontento con otras medidas que el Consejo de la Magistratura considera como “de evidente carácter jurisdiccional”.

Fue la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez, en este caso como integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación, quien hizo el dictamen rechazando las denuncias. “Se advierte un alto grado de disconformidad del presentante (Molina) con las decisiones adoptadas por el magistrado interviniente (Seró), circunstancia que, por si sola y tal como está planteada, no admite la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario y/o remoción”, fundamentó la magistrada.

El dictamen pone de resalto las atribuciones que tiene el juez de la causa para la aplicación e interpretación de las leyes. De hecho considera que lo que Molina cuestiona es el criterio del juez para decidir del modo en que lo hizo y advierte que cercenar ese rol específico del magistrado “significaría atentar contra la independencia del Poder Judicial”.

“La tarea de interpretar es la función más alta del juez y como tal supone en él una amplia libertad de criterio y apreciación que no ha de ser conmovida sin una grave afectación a la independencia de los magistrados en materia de contenido de sus sentencias y, por tal, el Consejo de la Magistratura no puede constituirse en una nueva instancia habilitada a los justiciables cuando sus pretensiones no han encontrado el resultado deseado dentro del proceso”, agrega el dictamen de Vázquez.

En lugar de eso, explica que el Consejo de la Magistratura “limita sus facultades disciplinarias a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia”, pero que “no es posible intervenir sobre la base de resoluciones cuyo mayor o menor acierto puede resultar materia opinable”.

El dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, respecto de las dos presentaciones del empresario Molina, fue ratificado por el plenario del organismo el 11 de junio pasado y la denuncia terminó siendo rechazada sin siquiera ser analizada.

 

 

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