El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) expresó su indignación por la resolución judicial que condenó a una familia propietaria de un restaurante a pagar más de 30 millones de pesos por «discriminación» tras el despido de un empleado a quien la pyme había indemnizado lo que derivó en el cierre del local. «Hoy Concordia también es una ciudad “anti PYME”, expresó el CCISC y aseguró que la de los juicios es la «única “industria” exitosa» de la ciudad que «no solo no aporta nada al desarrollo de la ciudad, hace todo lo posible por seguirla degradando».
Restaurante aseguró que cerró sus puertas tras un juicio laboral: “Quedamos 10 familias sin trabajo”
Tras el cierre del restaurante «Lo de Vivi», el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia expresó a través de un comunicado su indignación por lo que consideró una postura «anti Pyme» de la legislación laboral a la vez que exhortó a que «se abandonen los prejuicios de décadas y los dogmas nefastos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos leyes que aseguren no solo reglas acordes al siglo XXI sin también un trato justo e igualitario y que quienes sean los encargados de aplicarlas, estén a la altura de las circunstancias».
En el comunicado titulado «La “industria” mas prospera de Concordia: la destructora de fuentes laborales», el Centro de Comercio expresó que «Una vez más, asistimos al “sepelio” de una PYME concordiense. Puestos de trabajo destruidos en una ciudad azotada por la pobreza estructural. Familias enteras que se quedan sin sustento de una forma vil e inhumana. ¿La Justicia? Bien, gracias.
Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia no estamos sorprendidos, ya que hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a temas laborales/judiciales. Si estamos INDIGNADOS y no desde ayer cuando se conoció la noticia del cierre definitivo del muy conocido y valorado restaurante concordiense Lo de Vivi, ya que hace tiempo conocíamos la problemática que desembocó en esta situación angustiante no solo para la familia Urrutia-González, su fiel personal y sus familias, sino de la comunidad concordiense en su conjunto.
Situaciones como la relatada por sus responsables es cosa de todos los días, a lo largo y ancho del país, pero en Concordia parece haber una especial inquina hacia quienes tienen la osadía de contratar personal. No se trata solo de leyes vetustas, mas cercanas al mundo de trabajo de principios del siglo XX que lo que debería ser una legislación acorde a los tiempos que vivimos, sino también de mecanismos e interpretaciones de las leyes que indican una desprotección extrema de quien pretenda ser contratante de un trabajador. La balanza de la llamada Justicia, parece tener el mecanismo diseñado para inclinarse solo a un lado.
Ya el tema no es “sacarle dinero” a un empleador: es quedarse con su negocio, con el fruto del esfuerzo de toda la vida, con su trabajo y dignidad. Y no es solo eso, es también perjudicar, claramente, a los trabajadores fieles y honestos, que son una abrumadora mayoría.
Es imprescindible que la sociedad entienda que este no es sólo un problema de quienes tengan la valentía (o inconsciencia…) de contratar personal y cumplir con la legislación vigente aunque eso no signifique la seguridad de no tener un juicio perdido de antemano, sino de TODA LA COMUNIDAD que ve como cada día es más complicado conseguir un empleo de calidad, que va a ser mucho más difícil mañana que hoy y que si se decide por emprender o fundar una empresa debe intentar un armado que no signifique la contratación de personal, a riesgo de que eso resulte en el fracaso o evitar su crecimiento y sustentabilidad.
Hace décadas que Concordia es considerada una ciudad hostil al empresariado, hostil hacia los generadores de trabajo, hostil hacia las inversiones productivas. Y así hemos pasado de ser una ciudad modelo desde lo productivo a ser siempre nombrada como una de las que encabeza el nefasto ranking de pobreza del INDEC. Décadas de estudios de factibilidad que indican que “no es recomendable” invertir en una ciudad asediada por juicios laborales con resoluciones claramente hostiles al empleador de turno.
Hoy Concordia también es una ciudad “anti PYME”, donde “aves negras” se ciernen sobre lo que queda de ellas, preparadas para el golpe final, sin darse cuenta que cuando no quede más ninguna empresa ni emprendimiento, ellas también quedarán sin sustento. La única “industria” exitosa, no solo no aporta nada al desarrollo de la ciudad, hace todo lo posible por seguirla degradando.
Es hora que se abandonen los prejuicios de décadas y los dogmas nefastos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos leyes que aseguren no solo reglas acordes al siglo XXI sin también un trato justo e igualitario y que quienes sean los encargados de aplicarlas, ESTEN A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. Será Justicia».
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, en ocasión de la inauguración de la Expo Concordia Produce se expresó en el mismo sentido y pidió al Poder Judicial «fallos y sentencias responsables. Que cuiden los derechos del trabajador pero también que cuiden al capital y al que invierte y produce en esta provincia. Aseguró que Entre Ríos «es una de las provincias del país con mayor litigiosidad y una de las provincias más caras en materia de siniestralidad». Cuestionó que los honorarios de los peritos forenses estén atados al grado de discapacidad que ellos mismos califican y abogó por el cambio a un sistema de honorarios fijos. Acerca de qué se está haciendo para modificar este estado de cosas, dijo que lo primero para cambiar esta realidad «es correr el velo y señalarla». Advirtió que «no podemos solos» porque es un tema que atañe a distintos poderes del Estado.
Troncoso pidió a los jueces laborales «fallos responsables» y «cuidar al que invierte y produce»