La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos debió intervenir de urgencia ante el cierre de la firma Unionbat SA que funciona en Gualeguaychú. Lo hizo ante el anuncio de cierre de la planta de baterías Unionbat y el consecuente despido de aproximadamente 100 trabajadores, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos informó que intervino y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio, a las 12.
La audiencia fue solicitada por el gremio de Químicos en el marco de la normativa laboral vigente. Según la Secretaría de Trabajo tiene por objetivo acercar las partes, garantizar los derechos de los trabajadores y explorar alternativas que minimicen el impacto del cierre, publicó el portal R2820.
Además, este lunes funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados, mientras en las puertas de la planta se mantiene un acampe por tercer día consecutivo en defensa de la fuente laboral.
“El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, está siguiendo de cerca la situación”, indicaron desde la Secretaría.
Trabajadores y sindicatos en alerta
El conflicto también movilizó al gremio de Petroleros y Químicos. Su representante, Martín Gómez, confirmó que los operarios se organizan en turnos de seis horas para custodiar permanentemente el establecimiento. La estrategia, explicó, persigue un doble objetivo: visibilizar el impacto social de los despidos sobre el centenar de familias afectadas y evitar que la planta sea vaciada antes de que exista una definición sobre su futuro. “Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto y vea lo que la empresa quiere hacer con la planta y con la gente”, sostuvo el dirigente gremial en declaraciones publicadas en el portal Urgente 24.
Gómez cuestionó además la explicación brindada por la firma sobre la necesidad de la reestructuración. “No nos comemos el verso de que está en crisis. Más allá de que la situación del país es complicada, esta empresa ha superado momentos peores. Dicen que se les cayó la producción y que los costos son muy elevados”, afirmó.
La mayoría de los trabajadores despedidos tendrían entre 15 y 25 años de antigüedad, y están próximos a jubilarse. Al ser considerada una actividad insalubre, el personal se jubila a los 55 años, con 25 de aportes, según informó el portal Ahora El Día. El cierre de la planta representa un nuevo golpe para el entramado industrial de Entre Ríos y alimenta la preocupación por la pérdida de empleo de calidad en economías regionales que dependen de la actividad manufacturera.
No son situaciones aisladas, y lo que ocurre en Gualeguaychú se suma a otras localidades donde se ha golpeado duro a las economías familiares, especialmente en la Costa del Uruguay.
Por ejemplo, la empresa avícola Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su histórica planta ubicada en Concepción del Uruguay. Según argumentaron desde la firma, la medida extrema es consecuencia directa de la apertura de importaciones que impulsa el gobierno nacional y que terminaron por paralizar las operaciones y generar un quiebre en la cadena de producción avícola de la región.
Además, desde 2023, la compañía viene atravesando una delicada situación financiera, fuertemente golpeada por las secuelas de la emergencia sanitaria que hubo por la gripe aviar y que derivó en el cierre temporal de mercados de exportación clave.
La decisión de bajar las persianas de esta unidad productiva se da en medio de lo que puertas adentro describían como una “tormenta perfecta”. A este factor externo se le sumó la pérdida de competitividad del sector, dijeron.
“Granja Tres Arroyos anuncia que ha decidido cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”, advirtió la firma que dejó sin trabajo a casi 950 personas que ahora padecen la desocupación y la incertidumbre.
Según consta en la Central de Deudores del Banco Central, la firma tiene 2.574 cheques rechazados por $54.708.741.157,66, publicó en su momento el diario La Nación.
Vale recordar que Granja Tres Arroyos ya había tenido que recurrir a herramientas de salvataje: ingresó en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), implementó un programa de retiros voluntarios y se vio obligada a reestructurar el pago de sus obligaciones salariales de manera escalonada y en cuotas, que tampoco cumplió ni en tiempo ni en forma.
El cierre como tendencia
Según un informe elaborado en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Entre Ríos registró una caída del 6,3% en la cantidad de empresas empleadoras desde noviembre de 2023. Solo entre marzo de 2025 y marzo de 2026 desaparecieron 437 firmas.
Entre Ríos contabilizó 16.025 empresas empleadoras del sector privado en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 437 firmas respecto de igual mes del año pasado, cuando registraba 16.462. La caída interanual fue del 2,7%, en línea con el retroceso observado en otras provincias del país.
De acuerdo con el informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el deterioro también se refleja al comparar la situación actual con la existente antes del inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En noviembre de 2023, Entre Ríos contaba con 17.099 empresas empleadoras, por lo que desde entonces desaparecieron 1.074 firmas, una baja del 6,3%.
En el contexto nacional, la provincia se ubicó levemente por encima del promedio de caída registrado en el país desde el cambio de gobierno. Mientras el total nacional mostró una retracción del 5,2% y una pérdida de 26.213 empresas, Entre Ríos registró un descenso del 6,3%, publicó el portal APF.
Las cifras corresponden exclusivamente a empresas privadas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, excluyendo al sector público y al personal de casas particulares.
