La sección Concordia del Colegio de Abogados de Entre Ríos se manifestó acerca de la designación de la fiscal para el inexistente Juzgado Federal de esta ciudad y además de cuestionar la independencia y la imparcialidad de la funcionaria designada, expresó sus sospechas de que el nombramiento intente garantizar impunidad para las causas penales que pudieran reactivarse o iniciarse una vez que los actuales funcionarios abandonen sus cargos.
A través de una solicitada, la sección Concordia del Colegio de Abogados de Entre Ríos advirtió que la designación de la abogada Josefina Minatta para el cargo de fiscal para el juzgado federal de Concordia, que fue creado en 2010 por el Congreso Nacional pero nunca se hizo realidad, “ha generado preocupación e inquietud expresadas por colegas de nuestro foro, compartidas por esta Comisión, sobre la ecuanimidad e imparcialidad de aquella para desempeñar el citado cargo”.
Advirtió que “es públicamente conocido que la Dra. Minatta participó recientemente de un episodio con ribetes escandalosos, cuando junto con otras personas, y sectores del oficialismo, impidieron por vías de hecho la disertación de un ex Ministro de la Nación en una Alta Casa de Estudios”.
“Preocupa además –dijo-, la confirmación de tal participación por parte de la candidata propuesta en una entrevista radial en la que, se expresó en términos peyorativos hacia el aludido ex Ministro, y su claro encuadramiento político evidenciado en publicaciones de fotografías en las que aparece retratada en actitudes de familiaridad y claro apoyo a encumbrados personajes políticos del oficialismo, que ponen en severa tela de juicio su imparcialidad e independencia en futuro desempeño de sus funciones”.
Independientemente de la funcionaria designada, el colegio de Abogados consideró que el nombramiento de una abogada militante para llevar adelante la acusación en caso de delitos federales contra la administración pública “no puede dejar de vincularse con profusas iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional encaminadas a dejar un Ministerio Público Fiscal de la Nación conformado por funcionarios adictos a su sector político, y afirma la sospecha de que con ello se apunta a generar impunidad en procesos penales en trámites y de previsible iniciación o reactivación en el futuro contra funcionarios del actual gobierno. No parece casual, en efecto, la premura para designar Agente Fiscal en un Juzgado Federal que no existe en la realidad y cuyo Juez no ha sido designado, ni se tiene conocimiento de cuándo habrá de empezar a funcionar”.
