El abogado Fernando Soto consideró que actuaron en “legítima defensa” y justificó el ataque porque los agentes creyeron que las víctimas estaban relacionadas a la venta de marihuana e intentaron atropellarlos
Le quedan pocos capítulos al juicio que analiza las responsabilidades policiales en el asesinato del futbolista juvenil Lucas González, ocurrido en el barrio porteño de Barracas a finales de 2021. El abogado Fernando Soto, defensor de los tres oficiales de la Ciudad acusados por el homicidio, protagonizó este martes el anteúltimo alegato previsto en el debate oral. Así, pidió la absolución de Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva al considerar que actuaron esa mañana en legítima defensa, en medio de un operativo que buscaba desbaratar las presuntas operaciones de un supuesto vendedor de marihuana de la Villa 21-24.
“Cumplieron con su deber”, remarcó Soto ante el Tribunal Oral Criminal 25 cerca del final de su exposición, que duró unas dos horas, tiempo durante el cual su socio, Martín Sarubbi (que había protagonizado un pequeño escándalo durante el alegato del abogado de las víctimas), permaneció en silencio.
Para el defensor de los policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 porteña, el crimen no fue tal y los hechos se dieron dentro del protocolo policial y el marco de la ley porteña. “No hay ningún delito”, teorizó. Soto planteó que Isassi, López y Nieva actuaron en el contexto de una investigación que buscaba desbaratar el trabajo de un vendedor de drogas, de nombre Teo, que operaba desde un departamento ubicado a pocos metros de la cancha Cacho, donde habían ido a entrenarse Lucas González y sus cuatro amigos con las inferiores del club Barracas Central.
Soto sostuvo que los policías -que operaban sin identificación ni en sus vestimentas ni en el auto que usaban- siguieron el Volkswagen Suran de los futbolistas con la sospecha de que habían salido de comprar drogas de la casa del sospechoso, ubicada sobre la calle Luna al 1.500. Y que cuando intentaron interceptarlos para resolver el enigma, los jóvenes aceleraron, embistieron el Nissan Tiida de la Brigada, y como los policías sintieron amenazada su vida, entonces dispararon.
“Tenían la razonable sospecha de que podían estar vinculados al tráfico de estupefacientes”, alegó Soto con experiencia en defender agentes de las fuerzas de seguridad, como Luis Chocobar en el célebre caso del barrio de La Boca, o el prefecto Francisco Javier Pintos, apuntado por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi.
Soto apuntó al fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, quien pidió prisión perpetua para los acusados por el delito de homicidio agravado, entre otros puntos, por alevosía y odio racial, y había dicho que los de la brigada salieron a “cazar” a sus víctimas.
“Nieva, Isassi y López no estaban merodeando por una presa para cazar. Estaban por un mandato de un fiscal de delitos estupefacientes, que en un expediente les había ordenado específicamente que hicieran tareas de investigación discretas en un lugar determinado”, destacó.
Soto comentó que la investigación era llevada por el Juzgado 25 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del juez Alejandro Gabriel Villanueva. “Los policías no informaron que ven a un contingente de personas salir del entrenamiento. Si lo hubieran visto no hubieran seguido a todos. Solo salieron cuatro, no sé por qué. Solo salieron cuatro. Y los siguieron porque tenían una orden de investigación expresa”, remarcó.
Sin embargo, en su declaración testimonial en el juicio, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro contradijo la versión que este martes ofreció Soto. “Para ser bien claro, al momento de preguntar qué hacía la brigada, ahí nos dijo que estaban actuando en función de una causa. Si bien la causa existía, la fiscal no daba la orden de haber estado ahí en ese momento. Y las cámaras y el geoposicionamiento demostró que (los policías) pasaron, los vieron, y no actuaron identificándose”, dijo el ex funcionario porteño.
No obstante, Soto insistió en su versión. “Querían que detengan su marcha. Los siguieron y esperaron que no estuvieran en el corazón de la villa porque en las villas (los policías) son agredidos y entonces los esperaron en un lugar alejado de allí. Querían interceptarlos y averiguar si estaban vinculados al caso. Si hubieran detenido su marcha y hubieran dejado que los revisaran hubieran seguido su curso”, planteó sobre un hecho que es incomprobable porque no sucedió y lo que ocurrió es que Lucas González terminó con una bala de la Brigada incrustada en su cabeza.
De todos modos, el defensor de los policías acusados reconoció que “es verdad que hubo deficiencias en la identificación en el vehículo, es muy común que esto pase y no por culpa de ellos”. En eso tampoco había coincidido D’Alessandro, quien declaró que “no es habitual” que los autos de la Brigada circulen sin identificación.
En sus testimonios, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca contaron que cuando el auto sin identificar de la Brigada los encerró y se bajaron tres hombres armados sin uniforme y sin dar la voz de alto, ellos creyeron que los estaban por robar.
Salas, que conducía la Suran, explicó que por esa razón aceleró e intentó escapar. Para Soto, ese mecanismo de supervivencia fue un ataque. “Aceleraron, y embistieron a Isassi y a Nieva”, consideró el defensor. En ese contexto, el abogado remarcó que los policías “ejercieron una reacción de defensa”.
“Estaba sucediendo una agresión que ponía en riesgo su integridad física y su vida. Como estaban en posición de tiro, no pudieron disparar al suelo. Sí lo pudo hacer López. ¿Qué iban a hacer? ¿Dejarse atropellar? En ese momento la Suran le pasó por encima al pie de Nievas. Fueron segundos. Tenía que decidir entre no hacer nada y dejar que lo atropellen o defenderse. Y usaron el arma de fuego. Y dispararon como pudieron”, argumentó Soto.
En esa acción, el abogado de los policías entiende que radica la legítima defensa. Por eso pidió la absolución. Soto explicó que “dispararon ante la inminencia de un ataque grave”. También buscó desligar al policía López del asesinato, al explicar que los disparos que él efectuó fueron contra el piso, aunque no hay pruebas al respecto incorporadas en la causa. “Obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de cometer un homicidio, por eso pedimos su absolución”, remarcó.