Aunque el Gobierno celebra la fuerte desaceleración de precios como su principal logro de gestión, la sociedad empieza a mirar con mayor preocupación el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida de poder adquisitivo. La agenda económica real se corre del IPC y se instala en los problemas de ingresos y empleo.
Según datos recientes de consultoras y del INDEC, la inflación dejó de ser el problema económico que más inquieta a la población. En mayo de 2025, apenas el 5 % de los argentinos mencionó la suba de precios como su principal preocupación, frente al 23 % que lo hacía en marzo de 2024. En cambio, el desempleo pasó del 4 % al 11 % y el costo de vida del 3 % al 8 %, según el relevamiento de Casa Tres, dirigido por Mora Jozami.
La caída de la inflación, el índice de precios al consumidor fue del 1,5 % en mayo, el más bajo en cinco años, y acumula una suba interanual del 43,5 %, se transformó en el principal argumento político del presidente Javier Milei, cuyo gobierno aún conserva un nivel elevado de aprobación a pesar del ajuste fiscal.
Ingresos por detrás de los servicios
La baja de la inflación no trajo alivio a los hogares. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA (IIEP) relevó que entre diciembre de 2023 y junio de 2025, las tarifas de servicios públicos en el AMBA aumentaron en promedio un 561 %, con picos del 1.482 % en gas natural, 729 % en transporte, y más del 300 % en agua y electricidad. En el mismo período, el IPC creció 150 %.
La consultora EcoGo advirtió que el ingreso disponible de una familia tipo después de pagar servicios públicos y privados se encuentra por debajo del nivel que tenía antes de la asunción de Milei. “No es casualidad que, a pesar de la desinflación, la percepción de bienestar económico esté en baja”, explicaron.
El INDEC informó que la tasa de desocupación subió al 7,9 % en el primer trimestre de 2025. Si bien el EMAE mostró una mejora del 6,1 % interanual en la actividad, el empleo no acompañó ese crecimiento. El análisis de Analytica detalla que el desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, especialmente entre jóvenes y mujeres.
La informalidad laboral también escaló: el 42 % de los trabajadores están en condiciones precarias, 1,2 puntos más que hace un año. Entre los asalariados, más de un tercio no aporta al sistema jubilatorio y solo una fracción minoritaria lo hace por cuenta propia.
Además, el índice de presión laboral, que mide a desocupados, subocupados y empleados que buscan otro trabajo, se ubicó en 29,7 % de la población activa. La mayoría de la presión provino de ocupados demandantes (16,1 %) y subocupados demandantes (7,0 %).
Aunque la inflación sigue bajando y el Gobierno mantiene el tipo de cambio estable, incluso a costa de perder reservas en el Banco Central, el impacto real en los bolsillos no mejora. El salario promedio registrado en el sector privado estaba en enero 3 % por debajo del umbral que define la clase media según la canasta de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, esa brecha se amplió al 5,6 %.
Con una inflación en descenso pero sin recuperación del ingreso, el Gobierno enfrenta un dilema económico y político: la estabilización de precios no se traduce en bienestar tangible. Las elecciones legislativas de 2025 podrían convertirse en un plebiscito no solo sobre la motosierra fiscal, sino también sobre su impacto en la vida cotidiana de millones de argentinos.