El gobierno nacional comenzó con el desprendimiento de bienes del Estado en las provincias unos días antes del anuncio del Régimen de Reparación Federal. Concretamente ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la venta de 309 inmuebles ubicados en distintos lugares del país y de los cuales por lo menos tres son parte de unidades militares en la provincia de Entre Ríos.
A través del Decreto 950/2024, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso la venta de 309 inmuebles del Estado nacional a los que consideró «innecesarios», entre los que se incluyen tres en la provincia de Entre Ríos: uno en avenida Ramírez Pesante y Rodríguez Peña «DESTACAMENTO DE VIGILANCIA CRESPO», otro en Boulevard Araoz y Suipacha del «BATALLÓN DE INGENIEROS BLINDADOS 2» de Concepción del Uruguay y el tercero en Boulevard Araoz y Suipacha del BATALLÓN DE INGENIEROS BLINDADOS 2 que corresponde a la servidumbre del colector cloacal.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado impulsar “los procedimientos de enajenación de los inmuebles”.
El decreto excluye a un puñado de propiedades ubicadas tanto en Argentina como fuera del territorio nacional.
La mayor parte de los lotes se reparten entre provincia y ciudad de Buenos Aires y la capital santafesina y corresponden o a instalaciones militares o del ferrocarril.
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional asegura que «mantener ociosos los inmuebles objeto de las normas mencionadas, a los que oportunamente se consideró innecesarios para la gestión del Estado Nacional, genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación».
Afirma los inmuebles relevados pertenecientes al Estado Nacional «se encuentran en condiciones de ser enajenados en razón de resultar innecesarios para la gestión de los organismos a cargo» y asegura que «mantener dichos inmuebles sin un destino asignado implicaría desatender intereses prioritarios del Estado Nacional , por cuanto resulta pertinente autorizar a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a disponer de aquellos».
Argumenta que «la medida tiene por objeto lograr un funcionamiento mejor y más eficiente de la Administración Pública» y su objetivo es «ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país y conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social imperante, resulta oportuna la implementación de medidas como la que se impulsa».