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El Estado provincial desistio de sancionar a funcionario que se quedo con fondos de Emergencias Sanitarias

gerardo fernandezEl Estado provincial desistió de avanzar con una sanción a un funcionario que se quedó con fondos públicos del área de Emergencias Sanitarias, en la subcabecera Concordia. La investigación interna duró dos años y el involucrado renunció un año después de haberse descubierto el desfalco. Sin empleado al cual sancionar, la investigación disciplinaria quedó en nada. 

La investigación que llevó adelante la Dirección de Sumarios determinó las irregularidades cometidas por el ex director de Emergencias Sanitarias, subcabecera Concordia, Gerardo Antonio Fernández.

El funcionario rindió gastos efectuados con fondos públicos utilizando facturas falsas de terceros, por servicios que no fueron prestados. Se llevó dinero que estaba en una cuenta bajo su custodia y administración exclusiva; y se quedó con cheques de la cuenta del Nuevo Banco de Entre Ríos SA.

Los cargos en su contra que acumuló fueron varios: administración fraudulenta de fondos públicos; exceso de facultades; y dar un destino diferente a los fondos del erario público que estaban determinados por la Ley. Los hechos se conocieron a mediados de 2013, pero antes, en 2012, Fernández había sido noticia: desapareció misteriosamente dejando una serie de cartas dirigidas a sus familiares. El ardid ocultaba el desfalco que entonces nadie había advertido, todavía.

A los diez días de aquella misteriosa desaparición, reapareció en escena, se comunicó con su familia y a principios de julio de 2012 se presentó en la Justicia. Se había esfumado, dijo entonces, por cuestiones personales.

Pero el Estado tenía otros asuntos con él.

El 12 de diciembre de ese año, el Ministerio de Salud dictó la resolución N° 3802 a través de la cual dispuso la instrucción de una información sumaria en el ámbito de la Subcabecera Concordia de Emergencias Sanitarias. Pero recién dos años después hubo finalmente un dictamen de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado y para entonces Fernández ya había renunciado hacía un año, y no había forma legal para aplicar una sanción disciplinaria.

Así lo explica una nueva resolución de Salud, la N° 4.337, dictada en diciembre de 2014 pero publicada el 19 de este mes en el Boletín Oficial de Entre Ríos.

El Estado se amparó en su propio andamiaje legal para permitir que un funcionario que se probó que robó no haya sido finalmente sancionado.

Fernández había sido designado en el cargo a través del decreto N° 787, del 12 de abril de 2010, y era la única persona con la firma registrada y autorización de los pagos de cheques emitidos para el cobro en la cuenta corriente N°2069/0 del Nuevo Banco de Entre Ríos.

Un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud achacó a Fernández las irregularidades detectadas en las chequeras, libros de bancos y extracto bancario. El caso pasó después a la Dirección de Sumarios, donde confirmaron los cargos en contra del exfuncionario.

Pero ya no había nada para hacer.

Un año después del inicio de la investigación, el 31 de diciembre de 2013, el Estado dio por concluido el contrato laboral con Fernández, por lo cual la Administración no pudo avanzar con ninguna sanción disciplinaria.

De igual modo, hay una causa penal en su contra en los Tribunales de Concordia, caratulada «Fernández Gerardo Antonio s/malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real».

Y falta un dictamen final del Tribunal de Cuentas.

Pero el trámite de sanción deja al descubierto la falta absoluta de facultades en el Estado para sancionar el robo, aunque mínimo, de funcionarios de cuarta línea.

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