El Poder Ejecutivo Nacional restituyó la vigencia de diversas normativas que habían sido suprimidas o alteradas mediante cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Javier Milei, que fueron desestimados por el Congreso a mediados de agosto.
La decisión, que se formalizó a través de la publicación de dos nuevos decretos, el 627/2025 y 628/2025, en el Boletín Oficial, busca llenar el vacío legal generado por el rechazo parlamentario.
Las disposiciones que vuelven a estar en vigor son aquellas que habían sido afectadas por los DNU 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Estos decretos habían impulsado reformas en la estructura y funcionamiento de entidades como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y habían introducido cambios en el marco laboral de la Marina Mercante, incluyendo la limitación al derecho a huelga.
El Decreto 628/2025 específicamente restablece las normas que habían sido derogadas por el DNU 340/2025, el cual había propuesto un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional. Entre las medidas ahora revertidas se encuentran la aprobación de un Régimen de Excepción y la declaración de la navegación comercial como «servicio esencial», lo que garantizaba un mínimo de prestación del 75% en caso de conflictos laborales.
En tanto, el Decreto 627/2025 revierte las modificaciones de los otros cuatro DNU. El DNU 461/2025, por ejemplo, había ordenado la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la DNV. A la vez, el DNU 462/2025 establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTI pasaran a depender de otras secretarías, mientras que el DNU 345/25 había fusionado el Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Finalmente, el DNU 351/25 había transformado el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un organismo desconcentrado, subordinándolo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La acción del Gobierno busca asegurar la continuidad de las normativas preexistentes, ya que el rechazo de los decretos en el Congreso no conllevaba una automática reactivación de las leyes anteriores.