El proyecto de Presupuesto 2016 que remitió el Ejecutivo a la Legislatura provincial está vedado, ya que el documento se maneja con absoluta discreción y hermetismo entre los diputados y senadores oficialistas, a días de las elecciones generales. La semana próxima tomaría estado parlamentario y se conocerán los números que tanto oculta la gestión de Sergio Urribarri.
El 15 de octubre ingresó a la cámara de Diputados el texto que fijará las cuentas públicas entrerrianas para el 2016 y también fue comunicado al Senado, pero el mensaje del proyecto de Ley y su contenido están ocultos y se vedó el acceso a la prensa, lo que generan serias sospechas sobre la continuidad de obras, ajustes sobre los sectores más vulnerables, super-poderes, congelamiento de pautas salariales y emisión de deuda pública.
En contra del principio de acceso a la información, el gobierno logró saltar procedimientos administrativos y se arroga la potestad de ocultar el texto hasta que tome estado parlamentario, publicó www.aimdigital.com.ar. El manejo espurio de la información podría ocultar serios y profundas irregularidades económicas que dejan estos ocho años de gobierno de Sergio Urribarri, quien recibió el tesoro con una deuda de pública de 3.208 millones de pesos y la dejará en 11.000 millones al cierre de su mandato.
Las gestiones de Urribarri se caracterizaron por altos presupuestos orientados al sostenimiento de la deuda pública, sin recomposiciones salariales y con superpoderes. En el 2015, el gobierno fijó en 43.007.337.000 de pesos las erogaciones de la administración.
La particularidad de este proyecto es que delineará los trazos de la próxima gestión a días de las elecciones en las que el pueblo deberá elegir los próximos gobernantes, quienes deberán sujetarse al presupuesto que esta gestión elabore.
Las Cámaras retomarían su agenda la semana próxima, luego de las elecciones, en las que podría descomprimirse la tensión, pero el Presupuesto recién sería difundido luego de la sesión en la que ingrese formalmente al hemiciclo, ya que los funcionarios de las Cámaras tienen órdenes estrictas de no permitirle a la prensa su acceso.