El Senado sancionó el Presupuesto 2026, tras más de ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrar, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra.
El proyecto obtuvo 46 adhesiones a favor, dos menos que las necesarias para los dos tercios, ya que estaban todos presentes, 25 rechazos y una abstención, con los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, entre otros. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).
El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.
Como miembro informante de La Libertad Avanza, el titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.
Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.
Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. De las 13 provincias en esas condiciones, sólo su distrito sería el beneficiado.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.
La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.
Tras ello, la ex vicegobernadora advirtió que “con esa inflación proyectada hacia abajo habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.
Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.
“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.
Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.
El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones″. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.
La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.
“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.
Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que «no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”.
Fuente: Infobae