En un intento por sofrenar las tarifas energéticas y con el objetivo de evitar mayores gastos en subsidios directos de energía, el Ministerio de Desarrollo Productivo decidió pesificar un segmento de la generación de electricidad, que tiene una injerencia de casi el 50% en las tarifas de luz (el resto es impuestos, transporte y distribución de electricidad, con variaciones según el lugar). El segmento de generación dejará de percibir unos US$ 350 millones con relación a lo que percibieron en 2019. Los privados verán recortados sus ingresos en unos US$ 330 millones y las hidroeléctricas binacionales en manos del Estado (Yacyretá y Salto Grande) sufrirán un recorte de US$ 20 millones. Para Salto Grande podría significar una pérdida del orden de los 300 millones de pesos. En 2003, a través de la Resolución 406 había aplastado el precio que le pagaba a las hidroeléctricas.
A través de una resolución, se pesificará y se reducirá la remuneración que perciben las generadoras de energía que venden en el mercado spot y también se pesificarán los pagos por generación de energía de las centrales hidroeléctricas binacionales, Yacyretá y Salto Grande.
Sergio Lanziani tiene a la firma una resolución que ajustará los ingresos de las empresas generadoras de energía en unos US$ 350 millones durante 2020 con relación a lo que facturaron el año pasado. La Secretaría de Energía publicará en los próximos días la norma que pesificará la remuneración que perciben los privados por la generación de energía en centrales que no están contractualizadas. Se las conoce en la jerga como máquinas o potencia “vieja”. «Son centrales térmicas e hidroeléctricas que cubren casi un 60% de la demanda eléctrica del país.
El secretario de Energía ya definió la resolución que pesifica la remuneración que perciben generadoras como Pampa Energía, Central Puerto y Enel y que Implicará un fuerte ajuste para los ingresos de los privados, pero también impactará sobre los ingresos de las hidroeléctricas como Salto Grande y Yacyretá.
La iniciativa ajustará los valores incluidos en la resolución 1/2019 de la Secretaría de Mercado Eléctrico. Son los ingresos que les corresponden a las empresas por dos componentes: la potencia disponible y la energía efectivamente generada. El ajuste que llevará adelante el gobierno impactará de plano en los ingresos de los grandes jugadores del sector, como Pampa Energía, Central Puerto, AES y Enel . “Recortará el EBITDA de la compañía en un 30%. Entendemos las limitantes que enfrenta el Estado, pero es una medida durísima”, afirmó el presidente de una generadora.
LOS CAMBIOS
La remuneración que reciben las generadoras dejará de estar dolarizada. Los montos definidos en la resolución 1/2019 están expresados en moneda dura. Con la resolución que se dará a conocer antes de que finalice el mes pasarán a estar pesificados al tipo de cambio actual. El ajuste tendrá efecto retroactivo al 1º de febrero. Una vez pesificados, los montos que perciben las eléctricas se ajustarán aproximadamente en un 30%. En 2019, el costo de las máquinas viejas ascendió hasta los US$ 1300 millones. Con estos cambios se espera que no supere los US$ 1000 millones
Los valores expresados en pesos se indexarán a través de una fórmula polinómica que contempla la evolución del IPC y del IPIM. El ajuste recaerá fundamentales sobre las represas hidroeléctricas del Comahue. El gobierno redactó la resolución para volcar el recorte de ingresos sobre las hidro, tratando de no poner en riesgo la operatoria de los grandes ciclos combinados, que juegan un rol clave para cubrir los pico de demanda.
El segmento de generación dejará de percibir unos US$ 350 millones con relación a lo que percibieron en 2019. Los privados verán recortados sus ingresos en unos US$ 330 millones y las hidroeléctricas binacionales en manos del Estado (Yacyretá y Salto Grande) sufrirán un recorte de US$ 20 millones.
Los números finos fueron calculados por directivos de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Y validados por Lanziani y Osvaldo Arrúa, subsecretario de Energía Eléctrica, y el sanjuanino Prudencio Rivera, sus dos principales colaboradores.
En principio, se evaluó que el ajuste implicará la salida de despacho de máquinas turbovpor (TV) ineficientes como las instaladas en Central Costanera y Central Puerto. En total, suman unos 1500 MW de potencia. Sin embargo, para evitar un conflicto gremial con Luz y Fuerza, la decisión se postergó para otro escenario.
AHORRO
Según fuentes oficiales, el costo de esta generación de energía caerá de US$69 a entre US$60 y US$62 en promedio por megavatio-hora (MWh) y redundará «en una baja importante en los costos de generación de energía». El ahorro fiscal para el Estado será de US$300 millones anuales, según indicaron en la cartera que conduce Matías Kulfas, que tiene a la Secretaría de Energía bajo su control.
Esta resolución -que será retroactiva al 1° de este mes- no impactará en una baja en las tarifas de luz, ya que el precio estacional es de alrededor US$40 en promedio ponderado y está lejos cubrir los US$60 del costo de la generación de electricidad. «Impacta en el mediano plazo en la tarifa, porque hace más sostenible el nivel de subsidios», señalaron en el Gobierno.
La resolución 1 fijaba en 2019 un desembolso de US$1344 millones. Con el cambio establecido, el presupuesto para este año se redujo 24% a US$1026 millones, lo que supone un ahorro fiscal de US$318 millones. En cuanto a la pesificación del pago, la remuneración tendrá un índice de ajuste compuesto por un 60% de incidencia de la inflación minorista (IPC) y el resto por la inflación mayorista (IPIM).
La medida impacta a la «generación vieja» o spot comprendida en la resolución 1 -que representa 20% del total del mercado-, que recibe una remuneración definida por la autoridad de aplicación y, por lo tanto, se puede modificar sin romper contratos, aunque vuelve a desincentivar las inversiones en el sector, ya que se trata de un nuevo cambio en las reglas de juego.
Si bien se trata de la electricidad que es menos eficiente, porque utiliza equipamiento viejo, es muy necesaria, ya que entra en funcionamiento en los picos de demanda, cuando el resto de la energía ya fue despachada en el sistema.
«Entre 2015 y 2018 esa remuneración aumentó un 60%, a partir de una decisión del gobierno de Mauricio Macri», indicaron en el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Sin embargo, el año pasado, el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, también redujo la remuneración de los generadores de la resolución 1 de US$7000 por MW generado por mes a US$5500 en el semestre más frío del año (donde hay menos demanda) por tener garantizada una potencia determinada en caso de ser necesaria la energía.
En el sector eléctrico, Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía, compra la energía a las generadoras y la vende a las distribuidoras -Edenor, Edesur, Edelap, Eden, entre otras- con un valor mucho menor al costo. Para cubrir la diferencia, la compañía recibe subsidios del Tesoro.
Las transferencias del Estado no solo se incrementaron por el congelamiento de tarifas de electricidad (que este mes cumple un año desde su última actualización), sino también por el aumento de incobrabilidad de las distribuidoras.
Las empresas de distribución son reguladas por las provincias, con excepción de Edenor y Edesur, que todavía son controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Las provincias adhirieron al congelamiento tarifario de la Nación y tampoco permitieron un incremento de este segmento, que tiene una incidencia aproximada de 17% en el precio total de la boleta.
Como sucedió en el pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner congeló las tarifas, las distribuidoras dejaron de pagar el costo de la electricidad a Cammesa, ya que los ingresos que percibían solo alcanzaban para cubrir los costos de mantenimiento. La mayoría de estas empresas son provinciales, aunque hay algunas con concesiones privadas.
Esto provocó deudas millonarias de las arcas provinciales con el Estado por el pago de la luz, que en los últimos cuatro años se regularizó, salvo algunas excepciones, como Misiones, la provincia del actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, que hasta diciembre pasado debía $6265 millones.
En el pasado año se había logrado que todas las provincias paguen el 100% de la facturación de Cammesa (que ya tiene aplicado el subsidio), pero en los últimos meses, volvió a subir la incobrabilidad.
Según fuentes del mercado, las empresas ya le deben a Cammesa $66.000 millones. A medida que se incremente esta deuda, y si el Gobierno no cubre la diferencia, la compañía podría retrasar aún más el pago a las generadoras.
El sistema de generación eléctrica tuvo un costo total el año pasado de aproximadamente U$S 8600 millones, según un informe publicado por la gestión anterior. De ese total, US$4028 millones correspondió a pagos fijos por potencia, US$3002 millones a combustibles y US$1561 a costos variables.