Con el cierre del período de inscripción el pasado 4 de julio, un total de 158 personas se postularon al concurso público N° 519, convocado para cubrir la vacante que dejó la jueza Lilia Carnero en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. La etapa de oposición fue fijada para el próximo 21 de agosto y contará con jurados titulares y suplentes designados por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según la resolución N° 97 del Consejo, publicada el 11 de julio en el Boletín Oficial, entre los aspirantes figuran nombres de peso del ámbito judicial, tanto de Entre Ríos como de otras jurisdicciones. Los currículums y antecedentes de los inscriptos fueron publicados oficialmente a los efectos de habilitar el período de impugnaciones, que permanecerá abierto hasta el 4 de agosto.
Entre los postulantes aparece Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. El abogado santafesino había generado polémica meses atrás al renunciar a un concurso para juez federal luego de que se hiciera público que había dado positivo en dos controles de alcoholemia en rutas de Santa Fe, situación por la cual fue impugnado por una ONG dedicada a la seguridad vial.
También figura la ex procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, destituida en 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento provincial en un fallo que luego fue revocado por la Corte Suprema, y que actualmente busca su reincorporación a través de diversas acciones legales.
Otros nombres destacados son los de los fiscales federales Leandro Ardoy y Juan Sebastián Podhainy, quienes actualmente se desempeñan en el mismo Tribunal Oral Federal de Paraná. Asimismo, se anotó en el concurso Matilde Federik, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná y esposa del juez federal Leandro Ríos.
El tribunal al que accederá quien resulte seleccionado está integrado actualmente por Noemí Berros y Roberto López Arango, y actúa en causas penales federales de alto impacto en Entre Ríos.
El jurado de evaluación para la prueba de oposición está conformado por Juan Carlos Gemignani, José Luis Ortiz, Claudio Aníbal Contreras y Carolina del Milagro Martínez Andujar como miembros titulares; y por Adrián Norberto Martín, Maximiliano Jorge Brajer, Laura Julieta Casas y Cecilia Mariana Sgrazutti como suplentes.
Lilia Carnero ingresó como pinche de la justicia provincial y, luego de una carrera de casi cinco décadas, se retira del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná con el mismo bajo perfil que la acompañó a lo largo de toda su trayectoria.
Lo hace luego de firmar sus últimos fallos y al cumplir 75 años. Por pura coquetería, acaso reprobaría la revelación. Una de sus últimas resoluciones, ya en período de feria, fue para conceder la prisión domiciliaria a un joven condenado por delitos de narcotráfico que había interpuesto una acción habeas corpus ante el agravamiento de sus condiciones de detención, ya que estaba durmiendo en una reposera en la unidad penal y reclamaba una cama y un colchón.
Carnero cumplió la edad límite para ser juez, a menos de que haya consenso con el Poder Ejecutivo y el Senado y se le extienda su mandato por cinco años más. No fue su caso: el presidente Javier Milei aceptó la renuncia el 20 de noviembre.
Lilia Graciela Carnero llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal el 3 de julio de 1993, propuesta por el presidente Carlos Menem. Es la última integrante de la integración original, que compartía con David Chaulet y Guillermo Enderle. El fiscal era Roberto López Arango, con quien compartió el tribunal hasta este retiro; y Ricardo Álvarez, actual fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, era el secretario.
Antes había sido secretaria de un juzgado penal, defensora de pobres y menores, jueza civil y comercial, camarista y fiscal en la justicia provincial.
Nació en Rosario del Tala, aunque vivió siempre en Maciá, en el seno de una familia de clase media pueblerina. Es la mayor de cuatro hijos de una maestra de escuela “de las de antes”, según ha dicho, y de un pequeño comerciante de golosinas que llegó a ser intendente de Maciá y fue derrocado por el golpe cívico-militar de 1976. Maestra normal nacional, perito mercantil y abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); madre de dos hijos y abuela de dos nietos.
A lo largo de casi treinta y dos años firmó una cantidad inconmensurable de sentencias en causas de narcotráfico, contrabando y penal económico, principalmente; y más acá en el tiempo en delitos ambientales, trata de personas y crímenes de la última dictadura cívico-militar, robo de bebés, entre otros.
Hay algunos hitos. Una elección caprichosa destaca haber declarado que los crímenes de la dictadura ocurrieron en el marco del segundo genocidio nacional y la exaltación de que “nominar lo que ocurrió en Argentina como genocidio es producir verdad”.
En una entrevista posterior con este cronista explicó: “Las persecuciones a grupos estudiantiles, gremiales, políticos, religiosos y de trabajadores sociales comenzaron antes del 24 de marzo y también hubo desapariciones antes del golpe de Estado. La represión comenzó en octubre de 1975, cuando el Ejército toma a su cargo a todas las otras fuerzas para empezar un complejo de operaciones clandestinas, que luego se profundizaron durante la dictadura. Y el segundo genocidio porque históricamente se ha reclamado que se reconozca que para la organización de nuestro país ocurrió un genocidio de todos los pueblos originarios. La campaña del desierto es un ejemplo de ello. Fueron dos momentos históricos en los que se persiguió a determinados grupos nacionales que interferían en los intereses de los poderosos para la organización del país”.
En esa misma entrevista también hablaba de los desafíos actuales: “Una democracia participativa y plural solo se construye cuando se termina con la impunidad del mismo Estado. Ningún delito puede quedar impune y menos los de lesa humanidad que hieren de esta manera el cuerpo social, por eso creo que estos juicios son totalmente válidos y que sirven para restañar las heridas que se forjaron en esa época”.
A partir de febrero, cuando los tribunales retomen su ritmo habitual, el Tribunal Oral Federal quedará con dos integrantes: López Arango y Noemí Berros
Lilia Carnero ingresó como pinche de la justicia provincial y, luego de una carrera de casi cinco décadas, se retira del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná con el mismo bajo perfil que la acompañó a lo largo de toda su trayectoria.
Lo hace luego de firmar sus últimos fallos y al cumplir 75 años. Por pura coquetería, acaso reprobaría la revelación. Una de sus últimas resoluciones, ya en período de feria, fue para conceder la prisión domiciliaria a un joven condenado por delitos de narcotráfico que había interpuesto una acción habeas corpus ante el agravamiento de sus condiciones de detención, ya que estaba durmiendo en una reposera en la unidad penal y reclamaba una cama y un colchón.
Carnero cumplió la edad límite para ser juez, a menos de que haya consenso con el Poder Ejecutivo y el Senado y se le extienda su mandato por cinco años más. No fue su caso: el presidente Javier Milei aceptó la renuncia el 20 de noviembre.
Lilia Graciela Carnero llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal el 3 de julio de 1993, propuesta por el presidente Carlos Menem. Es la última integrante de la integración original, que compartía con David Chaulet y Guillermo Enderle. El fiscal era Roberto López Arango, con quien compartió el tribunal hasta este retiro; y Ricardo Álvarez, actual fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, era el secretario.
Antes había sido secretaria de un juzgado penal, defensora de pobres y menores, jueza civil y comercial, camarista y fiscal en la justicia provincial.
Nació en Rosario del Tala, aunque vivió siempre en Maciá, en el seno de una familia de clase media pueblerina. Es la mayor de cuatro hijos de una maestra de escuela “de las de antes”, según ha dicho, y de un pequeño comerciante de golosinas que llegó a ser intendente de Maciá y fue derrocado por el golpe cívico-militar de 1976. Maestra normal nacional, perito mercantil y abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); madre de dos hijos y abuela de dos nietos.
A lo largo de casi treinta y dos años firmó una cantidad inconmensurable de sentencias en causas de narcotráfico, contrabando y penal económico, principalmente; y más acá en el tiempo en delitos ambientales, trata de personas y crímenes de la última dictadura cívico-militar, robo de bebés, entre otros.
Hay algunos hitos. Una elección caprichosa destaca haber declarado que los crímenes de la dictadura ocurrieron en el marco del segundo genocidio nacional y la exaltación de que “nominar lo que ocurrió en Argentina como genocidio es producir verdad”.
En una entrevista posterior con este cronista explicó: “Las persecuciones a grupos estudiantiles, gremiales, políticos, religiosos y de trabajadores sociales comenzaron antes del 24 de marzo y también hubo desapariciones antes del golpe de Estado. La represión comenzó en octubre de 1975, cuando el Ejército toma a su cargo a todas las otras fuerzas para empezar un complejo de operaciones clandestinas, que luego se profundizaron durante la dictadura. Y el segundo genocidio porque históricamente se ha reclamado que se reconozca que para la organización de nuestro país ocurrió un genocidio de todos los pueblos originarios. La campaña del desierto es un ejemplo de ello. Fueron dos momentos históricos en los que se persiguió a determinados grupos nacionales que interferían en los intereses de los poderosos para la organización del país”.
En esa misma entrevista también hablaba de los desafíos actuales: “Una democracia participativa y plural solo se construye cuando se termina con la impunidad del mismo Estado. Ningún delito puede quedar impune y menos los de lesa humanidad que hieren de esta manera el cuerpo social, por eso creo que estos juicios son totalmente válidos y que sirven para restañar las heridas que se forjaron en esa época”.
A partir de febrero, quedó con dos integrantes: López Arango y Noemí Berros.
Fuente: Análisis Digital