El Consejo de la Magistratura de la Nación, le dio 20 días al Juez Federal de Paraná Daniel Alonso, para que explique por qué dictó una sentencia que impedía aplicar un fallo de la Corte Suprema que obligaba al mismo Consejo a volver a su anterior composición de 20 integrantes; se trata del mismo magistrado que entorpeció el desarrollo de la causa “Contratos truchos” por corrupción en la Legislatura entrerriana.
El Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, avanzó esta mañana con la investigación de una denuncia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Federal de Paraná Daniel Alonso. El magistrado intentó frenar el cumplimiento del fallo del Supremo Tribunal que obligaba a la Magistratura a volver a su conformación anterior de 20 miembros, declarándola inconstitucional.
Alonso, a pedido del diputado Nacional Marcelo Casaretto, dictó una precautelar express que impedía al Congreso de la Nación enviar los representantes que la vieja conformación le exigía. Esto estaba abiertamente en contra de lo dictado por el tribunal que preside Horacio Rosatti.
La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el diputado Pablo Tonelli, se reunió hoy y decidió, por unanimidad, citar al juez Alonso de acuerdo con el artículo 11 del reglamento. Se trata de una citación en la que se notifica al juez de la admisión de la denuncia y se le hace saber que tiene 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y decir lo que quiera en su defensa.
La medida de Alonso fue desbaratada inmediatamente por la Corte Suprema que dijo respecto al el juez de Paraná: “Se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”.
Asimismo agregó que Alonso actuó “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal”, y le ordenó que archive el caso iniciado por Casaretto. Fue la propia Corte la que denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura.
Removido el obstáculo que implicaba la decisión del juez Alonso, el Consejo de la Magistratura pudo empezar a funcionar con sus 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La resolución de la Corte, de abril pasado, fue firmada por los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorezentti estaba en un congreso internacional de derecho.
“Esta Corte advierte que el magistrado a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal”, sostuvieron los jueces.
“Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida y, necesariamente, implica un acto que en sí mismo atenta contra una de las piedras basales del orden establecido por la Constitución Nacional”, abundaron.
Causa “Contratos truchos” en la Legislatura entrerriana
La causa denominada “contratos truchos” investiga a legisladores y personal administrativo que se desempeñaron en el Parlamento provincial durante esa década. La acusación, llevada adelante por el equipo de la Fiscal Goyeneche (hoy irregularmente destituida), sostiene que los implicados destinaban dinero público a personas sin que mediara una prestación. La mayoría era gente de bajos ingresos que sólo se conformaba con prestar su firma a cambio de tener una obra social o que se le pague el monotributo, mientras que el monto del contrato retornaba al contratante.
La investigación, estima un fraude de 1.100 millones de pesos, avanzaba en jurisdicción provincial, pero los abogados defensores buscaron establecer una jurisdicción nacional ya que el delito era, según ellos, federal. Para esto buscaron la ayuda del “siempre dispuesto” juez Federal de Paraná, Daniel Alonso, quien diligentemente dejó empantanada la causa, que hoy espera una definición de la Corte Suprema de la Nación, que se espera salga próximamente y devuelva la causa a la justicia provincial.
Alonso entonces deberá justificar lo injustificable ante el Consejo de la Magistratura, que presidido por Horacio Rosatti, ha ido avanzando a paso firme sobre casos emblemáticos como este mismo o el del Juez Bento. Veinte días tendrá para intentar dar una explicación con peso jurídico que justifique su accionar. Leyendo los fundamentos de la Corte al anular su precautelar, es plausible pensar que deberá agudizar mucho su ingenio para evitar el Juicio Político.