Los subsidios a la energía crecieron un 74,1% en términos reales en el primer semestre de 2026, pese a que el gobierno eliminó el sistema de segmentación tarifaria y lo reemplazó por los Subsidios Focalizados Energéticos (SFE). El gasto pasó de de 1195 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 2147 en el mismo período de 2026. El menor margen por la caída de recursos amenaza al equilibrio fiscal.
Después de dos años de fuerte reducción, los subsidios energéticos volvieron a crecer durante 2026. El aumento todavía no devuelve el gasto a los niveles que tenía antes del cambio de gobierno, pero se produce en un contexto fiscal diferente: los ingresos del Estado caen en términos reales y, aunque la Administración Nacional conserva un importante superávit primario, durante el primer semestre registró déficit financiero en la medición devengada de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los subsidios energéticos aumentaron 74,1% real interanual durante los primeros seis meses del año. El gasto acumulado ronda los $3,02 billones, aproximadamente 56% de los $5,4 billones contemplados originalmente para todo 2026.
En términos de producto, esos $3,02 billones representan aproximadamente 0,26% del PBI. Se trata de una estimación realizada sobre las referencias de PBI utilizadas por la OPC y no de un porcentaje publicado directamente por el organismo.
El Presupuesto había proyectado para todo el año subsidios energéticos cercanos al 0,5% del PBI.
La cifra todavía está muy lejos de los niveles de años anteriores. Los subsidios energéticos habían representado alrededor de 1,42% del PBI en 2023, descendieron a 1,01% en 2024 y a 0,60% en 2025.
El dato relevante de 2026, por lo tanto, no es tanto el nivel absoluto sino el cambio de tendencia.
Una partida que crece mientras caen los ingresos
El incremento ocurre además en un momento de menor disponibilidad de recursos fiscales.
Según la OPC, durante el primer semestre los ingresos de la Administración Nacional cayeron 2,2% real respecto del mismo período del año anterior, mientras los gastos aumentaron 1,4%.
La Administración Nacional obtuvo un superávit primario de $8,7 billones, pero después del pago de intereses terminó con un déficit financiero de aproximadamente $0,7 billones.
En el mismo período, los subsidios energéticos aumentaron 74,1% real y los intereses de títulos públicos en moneda extranjera crecieron 39,5%.
La comparación exige una aclaración metodológica. Estos datos corresponden a la Administración Nacional y están calculados por la OPC sobre base devengado. No deben confundirse con el resultado del Sector Público Nacional sobre base caja que mensualmente informa el Ministerio de Economía.
La combinación muestra, sin embargo, un estrechamiento del margen fiscal: una de las partidas que había contribuido decisivamente a reducir el gasto durante 2024 y 2025 vuelve a crecer al mismo tiempo que los ingresos pierden terreno en términos reales.
Parte de esa caída de los recursos responde a modificaciones tributarias y al comportamiento de los impuestos vinculados al comercio exterior. Pero también aparecen señales de debilidad en tributos asociados con la actividad doméstica, como IVA y Débitos y Créditos.
Qué hizo volver a crecer los subsidios
La explicación no pasa simplemente por una decisión de volver al esquema de subsidios anterior.
Las tarifas continuaron aumentando y desde comienzos de 2026 dejó de funcionar formalmente la segmentación de usuarios N1, N2 y N3, reemplazada por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El problema se produjo del otro lado de la ecuación: aumentó fuertemente el costo de abastecer el sistema.
Durante el primer trimestre de 2025 las tarifas cubrían aproximadamente 85% del costo de generación eléctrica. En igual período de 2026 esa cobertura había descendido a alrededor de 74%.
El deterioro se aceleró con la llegada del invierno.
En abril de este año la cobertura tarifaria todavía rondaba 85%. En mayo cayó a aproximadamente 45%.
La explicación está en el costo: durante mayo el costo monómico de generación eléctrica aumentó 101,6% respecto de abril.
En apenas un mes prácticamente se duplicó el costo mayorista de la electricidad.
Entre los factores que explicaron el salto aparecen el encarecimiento internacional de los combustibles, una mayor utilización de gasoil para generación térmica, mayores necesidades de GNL, menor disponibilidad de gas nacional y condiciones hidrológicas desfavorables.
El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi calculó que en mayo el precio del Brent había aumentado 52,6% interanual y la utilización de gasoil para generación eléctrica 275,7%.
El propio Gobierno reconoció posteriormente que el aumento de los combustibles durante mayo y junio, las condiciones hidrológicas, la disponibilidad de gas y las necesidades de GNL habían obligado a revisar al alza los costos previstos para el sistema eléctrico.
El usuario paga más, pero el Estado también
La situación genera una paradoja sólo aparente: pueden aumentar simultáneamente las tarifas y los subsidios.
El factor determinante no es cuánto aumenta la factura en términos nominales sino qué porcentaje del costo real de producir y abastecer la energía consigue recuperar el sistema mediante las tarifas.
Si el costo de generación aumenta más rápidamente que el precio trasladado al usuario, la brecha vuelve a crecer.
Eso fue lo que ocurrió durante 2026.
Frente al fuerte aumento de costos, el Gobierno decidió no trasladarlo inmediatamente en su totalidad a las facturas. Durante el invierno mantuvo bonificaciones extraordinarias para amortiguar el impacto sobre los usuarios.
En agosto, los hogares comprendidos en el régimen de subsidios reciben en electricidad una bonificación extraordinaria adicional de 16,59% sobre el componente energético subsidiable. Para el gas natural y propano por redes el adicional extraordinario llega al 25%.
La decisión permite contener el impacto tarifario, pero tiene una contrapartida fiscal: la parte del costo que no paga el usuario debe ser financiada por el sistema y, en última instancia, por el Tesoro.
CAMMESA vuelve a concentrar la diferencia
En electricidad, esa brecha aparece principalmente en CAMMESA.
La compañía debe afrontar el costo de la energía entregada por los generadores y recuperarlo a través del precio que pagan distribuidores y grandes usuarios.
Cuando el precio reconocido en las tarifas resulta inferior al costo de abastecimiento, la diferencia termina requiriendo transferencias del Tesoro.
Por eso puede darse una situación que a primera vista parece contradictoria: el usuario paga una factura más alta que un año atrás y, simultáneamente, el Estado debe aumentar los subsidios.
En términos simples, si la tarifa aumenta 20% pero el costo que debe financiar el sistema aumenta 50%, tanto el usuario como el Estado terminan pagando más.
El fenómeno es particularmente relevante porque ocurre mientras el Gobierno intenta transformar el funcionamiento del mercado eléctrico para reducir precisamente la intermediación estatal.
La reforma busca ampliar los contratos directos entre generadores, distribuidores y grandes usuarios y devolver progresivamente a CAMMESA a una función centrada en el despacho, coordinación y administración del Mercado Eléctrico Mayorista.
La transición, sin embargo, todavía está incompleta.
ENARSA sigue operando mientras avanza su privatización
Algo similar ocurre con Energía Argentina (ENARSA).
La empresa fue declarada sujeta a privatización y el Gobierno puso en marcha un proceso de privatización total por etapas.
Una de las operaciones más importantes fue la venta de su participación en CITELEC, controlante de Transener, adjudicada por unos USD 356 millones.
Pero ENARSA todavía existe y conserva funciones relevantes durante la transición, particularmente vinculadas con el abastecimiento de gas.
Por eso continúa apareciendo como receptora de transferencias del Estado mientras, simultáneamente, avanza el proceso destinado a retirar al sector público de esas actividades.
El sistema energético argentino funciona así durante 2026 bajo una estructura híbrida: avanza la privatización de activos y la contratación privada, pero CAMMESA y ENARSA siguen cumpliendo funciones centrales y absorbiendo buena parte de las diferencias económicas del sistema.
Una amenaza todavía acotada, pero con menos margen para absorberla
El crecimiento de los subsidios energéticos no implica por sí mismo un regreso al desequilibrio fiscal de años anteriores.
El gasto sigue muy por debajo del 1,42% del PBI registrado en 2023 y el Gobierno conserva superávit primario.
Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto.
En seis meses los subsidios energéticos aumentaron 74,1% real, consumieron alrededor de 56% de los recursos presupuestados para todo el año y representaron aproximadamente 0,26% del PBI.
Al mismo tiempo, los ingresos de la Administración Nacional cayeron 2,2% real y, después de intereses, la ejecución devengada terminó el semestre con un déficit financiero de $0,7 billones.
El interrogante para la segunda mitad del año no es entonces si los subsidios volvieron a los niveles anteriores al ajuste de 2024. No lo hicieron.
La cuestión es cuánto más puede aumentar una partida que debía continuar reduciéndose y qué otros gastos deberán comprimirse si el Gobierno pretende sostener el equilibrio fiscal mientras los ingresos pierden dinamismo.
La alternativa tampoco resulta fiscalmente gratuita: reducir rápidamente la brecha exige trasladar una mayor proporción del costo energético a las tarifas de hogares y empresas.
El shock energético de 2026 vuelve a colocar así al Gobierno frente a una disyuntiva que parecía haber comenzado a resolver durante los dos primeros años de gestión: absorber el mayor costo mediante subsidios y deteriorar el margen fiscal, o trasladarlo a las facturas y aumentar la presión sobre hogares y actividad económica
