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El ministerio de Salud les debe a los transportistas desde hace mas de un año

Hay transportistas que no cobran desde hace un año y, pese a que varios prestadores llevaron su preocupación al ministro de Salud, nada se solucionó. El funcionario no los atiende.

En la provincia son 33.000 las personas que acceden a este programa. El plan Incluir Salud brinda cobertura médica a mujeres con más de siete hijos, mayores de 70 años y pacientes con discapacidad: el 80 por ciento del padrón.

“El ministro Carlos Ramos está abocado principalmente al área de Desarrollo Social; de Salud poco y nada se ocupa”, dicen fuentes del Gobierno.

Hace una semana, los transportistas que trasladan a los beneficiarios de Incluir Salud, discapacitados todos, fueron hasta el Ministerio de Salud a exigir el pago de prestaciones ya brindadas. Pero nadie los recibió.

Nora Cepeda, una de las transportistas, dijo que por ahora los traslados se van a mantener “pero no sabemos hasta cuándo. Nosotros no sabemos qué tanto podemos aguantar sin cobrar”.

“La plata está, lo que sucede es que parece que la han utilizado en otra cosa”, dicen desde Salud. En febrero, Ramos les prometió que el pago salía en 48 horas, que si eso no ocurría, él renunciaba al cargo. Nunca les pagó, no renunció, y ahora no los recibe”, agregó la fuente.

Oscar Armoa, el funcionario que es ladero de Ramos en el área administrativa de Salud, está sentado sobre los expedientes que incluyen las órdenes de pago a los transportistas y por ahora “tiene todo parado”, señalan en Salud.

El Programa Incluir Salud, un plan de cobertura médica para beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas, viene arrastrando una deuda no saldada con transportistas que cubren el servicio de traslado de personas con discapacidad.

El Programa Federal Incluir Salud brinda atención médica integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas nacionales. Lo hace otorgando fondos diferenciados para el manejo cotidiano de pacientes del programa: madres de más de siete hijos, discapacitados y adultos mayores que cobran una pensión no contributiva.

A través de una unidad de gestión provincial los fondos nacionales se derivan a los pacientes en diferentes formas, a través de una cápita integral, para diálisis o discapacidad.

 

 

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