El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió la «puesta en funcionamiento», a partir del 1° de junio de 2021, del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia. A propuesta de la Sala Penal, el Superior Tribunal también resolvió que en forma interina, hasta que se lleve a cabo el concurso, quedará al frente del nuevo juzgado el abogado Juan Ignacio Lazzaneo, actual Defensor Público con competencia Penal Nº 5 de Gualeguaychú. Lazzaneo es pareja de Mariana Carbonell, hija del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia.
Fuentes consultadas por el Entre Ríos creyeron necesario dejar en claro que el magistrado cuenta con una trayectoria “propia” reconocida, a la par que dijeron desconocer si ese vínculo familiar directo con la máxima autoridad del Poder Judicial influyó –y de ser así, en qué medida- en la elección interina efectuada.
Lazzaneo asumirá el próximo 1 de junio, “hasta la cobertura definitiva del cargo por los mecanismos legales correspondientes o nueva disposición, lo que ocurra primero”.
Mariana Carbonell también integra el Poder Judicial, al que accedió años atrás mediante concurso, lo que le permitió desempeñarse en los tribunales de Concordia. A posteriori, fue trasladada a Gualeguaychú, cuando Lazzaneo asumió en la defensoría de esa ciudad. Y recientemente, adelantándose a su pareja, volvió a Concordia, designada en la Unidad de Letrados en Salud Mental, dependiente del Defensor General, Maximiliano Benítez.
El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia se ocupa del “control de la ejecución de las penas”, labor que fuera especialmente objeto de críticas tras la violación y asesinato de Micaela García, cuyo autor, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de cárcel por dos violaciones, pero estaba en libertad condicional al momento de atacar a la joven, por decisión del juez de penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.
El nuevo juzgado, creado por ley aprobada por la legislatura entrerriana, con asiento en la Concordia viene a ampliar la infraestructura del Poder Judicial entrerriano para el seguimiento del cumplimiento de las condenas.
Fuente: El Entre Ríos
