El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició una investigación que destaca varias irregularidades en la creación de la “primera escuela vial del país” fundada en 2014 bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad. Las irregularidades que se destacan son “tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación, como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y sin existir contraprestación en beneficio del organismo”.
La Escuela Privada N° 235 Heraclia Ruiz Díaz fue inaugurada el 5 de diciembre de 2014, lanzada por el Gobierno como “la primera escuela vial del país”.
El día de la inauguración el ministro de Educación, José Lauritto, dijo: “Existe una enorme distancia entre preocuparse, ocuparse y darle vida a las cosas. Este proyecto demuestra que los viales recorrieron esta senda y nos permite vislumbrar los resultados de un esfuerzo conjunto y atento a las necesidades de los trabajadores. Necesitamos más iniciativas como ésta para renovar el vínculo histórico entre familia y educación”.
La “primera escuela vial del país” lleva el nombre de Heraclia Ruiz Diaz, una maestra de nivel primario que, entre otros méritos, tiene el de ser la madre del actual director de Mantenimiento y Suministros de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Néstor Kemerer.
No depende del organismo central, el Consejo General de Educación, sino que la escuela quedó bajo la órbita de Vialidad, por lo cual tendrá su propia forma de gobierno y administración. Igual que una escuela pública de gestión privada, pero en el Estado.
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El periodista Jorge Riani reveló, en la última edición de la revista “Análisis”, que tanto el titular de Vialidad, Jorge Rodríguez, como el director de Suministro y Mantenimiento de la DPV, Néstor A. Kemerer, son integrantes de la asociación civil que sostiene legalmente a la escuela.
Vialidad paga 14 docentes y hay desvíos de fondos por 1,5 millones de pesos, según un informe del Tribunal de Cuentas. La matrícula que pagan los alumnos es de $ 300.
Según el informe que reveló “Análisis”, el 5 de marzo el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició una investigación, con la intervención de la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, que destaca varias irregularidades en la creación de la “primera escuela vial del país”.
Las irregularidades que se destacan son “tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación, como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y sin existir contraprestación en beneficio del organismo”.
El informe indica que “se observa especialmente que los contratos de locación de servicios suscripto por el Sr. Jorge Abel Rodríguez como director administrador de la DPV, con motivo de la escuela, expresan en su cláusula primera que el locador desarrollará tareas como Auxiliar de Sala o como Maestra de Sala en el ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, lo cual resulta irracional, pues claramente se refiere a la prestación de servicios como docente de nivel inicial, y no como personal de la referida repartición estatal”.
Tras indicar que hay opinión de otros asesores jurídicos del organismo que “no hacen más que corroborar la desviación de fondos públicos materializados por la Dirección Provincial de Vialidad”, la abogada Vinagre destaca que “la DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”.
Lo que cuestiona la asesora jurídica del TCER que hay pagos “indebidos” atento a que el agente en cuestión “no prestó servicios para la Dirección Provincial de Vialidad”.
Respecto del organismo que dirige la escuela, la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, de la que forma parte el titular de Vialidad, dice que su estatuto no prevé que la escuela sea destinada a la educación de los hijos del personal de la Dirección Provincial de Vialidad “en forma exclusiva ni tampoco prioritaria”. “Desde ya adelanto que el hecho de que la institución creada colabore con la prestación de un servicio público, no legitima la realización de estos actos para los cuales la DPV no tiene competencia ni jurisdicción.
FACTURARON ELEMENTOS DONADOS
Un punto sobresaliente en la denuncia, indica que los equipamientos para la escuela “no habría sido afrontado por la Dirección Provincial de Vialidad puesto que fueron elementos donados por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) y Cablevisión, sin embargo obran agregados comprobantes de gastos librados a favor de la DPV, y no de las donantes, por lo que deberá profundizarse también la investigación en tal sentido”.
Se cuestiona además el comodato de un espacio de la DPV a favor de la escuela, cuando aún no tenía personería jurídica la mencionada asociación civil que le da sustento al establecimiento educativo. Todo eso sin intervención de la Legislatura, hace nota el informe.
“Con relación a todos los actos y contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad observada, tanto al tono al personal, al equipamiento y al inmueble, concretadas a beneficio de la Asociación Civil ‘Los Viales’ en formación, entiendo que se han violentado además, el régimen de incompatibilidades”, indica el informe.
Inmediatamente explica por qué se violó el régimen de incompatibilidad: es que la mencionada asociación civil está integrada por el entonces director de Suministro y Mantenimiento de la DPV, Néstor A. Kemerer, y por el director de Vialidad, Jorge Rodríguez
