El diputado provincial Enrique Cresto consideró que establecer canales de participación de los sectores involucrados permitirá mejorar el «aparato destinado a administrar la Justicia» y concebir un código de procedimiento penal «que realmente se aplique y que sirva para aportar soluciones» a temas como la reincidencia, la reinserción y la situación carcelaria. Propuso replicar a nivel provincial el esquema de trabajo del Consejo de Seguridad creado en Concordia para aportar de manera permanente sobre las carencias y falencias del combate del delito y la inseguridad.
El diputado provincial Enrique Cresto solicitó, mediante un proyecto de Resolución, al Poder Ejecutivo la conformación de foros de participación ciudadana para el tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos.
En diálogo con el programa Lo Que Queda del Día en Oíd Mortales Radio de Concordia, explicó que «la provincia de Entre Ríos tiene un Código Penal que es el que es el código de fondo que se rige por una ley nacional pero después está el código de procedimiento que cada provincia dicta, que es el código de forma que establece cómo se lo aplica en la en la práctica».
Recordó que «ese Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos ha sufrido diferentes modificaciones, la más profunda fue allá por 2006 – 2007 cuando se dicta el nuevo código que pasa a ser un código más acusatorio, donde deja deja de haber jueces de instrucción para que haya jueces de garantía y ese código se vota en la Legislatura, se aprueba y se empieza a aplicar primero en Concordia y después en diferentes ciudades de la provincia».
Consideró que «hoy hay un desencuentro entre la necesidad social de justicia y el aparato destinado a administrarla».
Detalló que «hubo modificaciones profundas, tenemos por un lado la Ley Nacional de Estupefacientes que es la 23.737 modificada por la 26.052 que desfederaliza el delito de droga en menor cuantía y en Entre Ríos se dicta allá por agosto de 2018 la ley del narco menudeo».
Aseguró que «esto cambia rotundamente. Porque antes lo que solamente estaba en mano de cinco jueces federales en la provincia, hoy está en mano de cientos de jueces de garantía, que son quienes dictan el estado de sospecha».
«Eso se ve a partir de la sanción de esa ley -agregó-, de la que yo fui uno de los autores y se ve a lo largo y a lo ancho de la provincia allanamientos en forma permanente y donde se ve también hoy una realidad que un gran porcentaje de los delitos que se cometen o están vinculados directamente a estupefacientes o muchas veces quienes los cometen están bajo efecto de los estupefacientes».
Por eso consideró que «más allá de los diferentes proyectos que venimos trabajando con la diputada Laner, que trabajó muchísimo en la gestión cuando me tocó ser intendente en el Consejo de Seguridad, es importante aprovechar esta situación de que el Poder Ejecutivo retira el proyecto de modificación del Código Procesal y trabajar fuertemente en los foros departamentales donde participen absolutamente todos: no solamente los legisladores, sino los jueces de garantía, las Unidades Fiscales, las asociaciones de víctimas, la Policía que es la que está al frente de todo y lograr un código que realmente esté aggiornado a la realidad«.
«Y que de ahí surjan también -continuó- todas las necesidades y las falencias que tenemos en infraestructura carcelaria y las diferentes situaciones que se viven y tener un código que solucione y que se haga con la participación de toda la sociedad»
Comentó que «yo lo vengo hablando en los diferentes ámbitos, lo he hablado con jueces que se han jubilado hace poco tiempo y que estaban esperando ese momento para tener una opinión. También diferentes jueces, fiscales, (pidiendo) una opinión con respecto a las cosas que ellos consideran que hay que modificar».
Dijo que «la mayor participación va a hacer que sea un Código que se aplique y que realmente sirva para solucionar temas como la reincidencia».
Recordó que «la última obra de infraestructura carcelaria que se hizo fue la granja en Gualeguaychú» y propuso «pensar en un lugar en el centro de la provincia, buscar algún campo fiscal», para albergar a delincuentes vinculados a los delitos de narcomenudeo o que no sean aberrantes.
Abundó en generar de esa manera «alguna forma de reinsertar en la sociedad con la cultura del trabajo, en vez de tener que darle muchas veces una domiciliaria a una persona que está vinculada al delito de narcomenudeo, lo peor que podés hacer a una persona que tiene un kiosco de venta de droga es darle una domiciliaria, nadie lo quiere cerca porque genera toda una situación incómoda», consideró.
Dijo que «lo mejor en esos casos es tener un lugar al que puedan ir de toda la provincia, con capacidad para que puedan trabajar en diferentes talleres, en actividades vinculadas a la tierra. Para que eso se genere tiene que estar en la agenda política y pública y tiene que tener un consenso general», manifestó.
Foros de participación permanente
Respecto de la posibilidad de que los foros de participación funcionen de manera permanente, trajo a colación la experiencia del Consejo de Seguridad de Concordia.
Relató que «cuando asumí la gestión, lo primero que hicimos fue el Consejo de Seguridad. Y venían de los diferentes barrios, que se organizan muchas veces en las vecinales vinculadas a instituciones al tema seguridad, y ahí se hizo una lista de demandas y me acuerdo que planteaban el tema de las cámaras de seguridad, que el 911 que no llegaba nunca y decidimos hacerlo con presupuesto municipal, y hay trescientas cámaras hoy en Concordia que si nosotros hubiéramos esperado el 911, estaríamos esperando todavía. Estamos hablando del año 2013, cuando fue la sedición policial que ahí se prometió el 911, pasaron doce años, el 911 nunca llegó, entonces hubo una decisión de ese Consejo de Seguridad».
Continuó que «se habló del Juzgado Federal y se luchó con el Consejo de Seguridad y se lo llevó, se habló de una comisaría que se esperaba con la Provincia, nunca se hacía y dijimos vamos a hacerlo con fondos municipales, que es la hoy Comisaría Décima y así puedo enumerar un montón de cosas que se hicieron pero no hubiera sido posible si hubiese estado ese Consejo de Seguridad de soporte que obligatoriamente por ordenanza se reunía una vez por mes y recababa un listado de necesidades y responsabilidades».
Afirmó que esa modalidad de trabaja «genera agenda, genera gestión y genera resultado. Si se establecen estos foros y este proyecto de resolución, se puede transformar como hicimos en su momento, con una ordenanza municipal, en una ley provincial que obligue a los jueces a verse la cara con las diferentes instituciones vinculadas al derecho penal, con los comisarios, con las personas que están al frente de investigaciones, con los que trabajan en los allanamientos, con las comisiones, los vecinos en los barrios. También eso te va empapando de una realidad en forma permanente y vos podés ir aggiornando ese nuevo código a esa nueva ley a la realidad».
Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio