La Ley de Consenso Fiscal que debate la legislatura «representa un gran tropiezo para la economía de Entre Ríos» aseguraron tres entidades intermedias de Concordia.
El sector comercial de Concordia criticó el proyecto de ley que ingresó a la legislatura entrerriana el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre para promover la adhesión de Entre Ríos al denominado Consenso Fiscal que suscribieron el 16 de noviembre las provincias argentinas -menos San Luis- con el gobierno de Mauricio Macri.
El consenso fue presentado como un esquema de reducción de impuestos y de la presión tributaria y la sugerencia a los gobiernos locales para que hagan lo propio con sus respectivas tasas. Uno de los puntos principales es la exención paulatina de ingresos brutos para los sectores primarios e industrial y la reducción de la alícuota de ese tributo para las grandes empresas y el comercio. También contempla beneficios para buenos pagadores, incorpora medidas para armonizar el esquema con Córdoba y Santa Fe y elimina el Impuesto al Sello en forma gradual. Se reconoce en el texto que las modificaciones tendrán impacto negativo en las finanzas públicas provinciales, para lo cual se señala la necesidad de combatir la evasión y el empleo informal para acrecentar así la base fiscal y morigerar la merma en la recaudación.
Pero el proyecto que el gobierno entrerriano envió a la legislatura con el fin de poner a la provincia en sintonía con lo pactado a nivel nacional pareciera ir en el sentido contrario. Según los cuestionamientos del comercio concordiense, en vez de una disminución de la carga fiscal, la realidad será que muchas empresas sufrirían un aumento.
EL COMUNICADO DE LOS COMERCIANTES
El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia y la Cámara de Comerciantes Mayoristas de Comestibles, Bebidas y afines, emitieron un comunicado que expresa preocupación y alerta:
«Los gravámenes que se pretenden implementar generan un proceso de aumento cascada, acumulativo, con efecto piramidal, produciendo una enorme distorsión en los precios, de gran impacto en los consumidores, amén de ir a contramano con las reformas encaradas en provincias limítrofes y de la Región Centro, donde se anuncian bajas significativas en pos de oxigenar a los sectores productivos y PyMEs.
Por citar un caso como ejemplo, la propuesta gubernamental posee, para el sector comercial, un desconocimiento de la diferencia entre el comercio mayorista y minorista, al pretender igualarlos en el gravamen, cuando el primero, como en el caso de la distribución de bebidas, en los últimos dos años progreso del 2,5% al 4,0%, incrementando el gravamen un 60%.
Hasta la fecha, el comercio mayorista paga el 3,5 % y el minorista el 4,5 % en la provincia de Entre Ríos si supera una escala provincial de clasificación de Pymes, escala que no se actualiza desde el año 2013, reclamo ya efectuado al Gobierno Provincial en reiteradas oportunidades sin obtener una respuesta hasta el momento.
Situaciones parecidas se reproducen en casi todos los sectores, algunos con mayor gravedad aún.
Toda la cadena productiva y comercial recibe una presión fiscal notable, de impacto inmediato de precios para el consumidor, de pérdida de competitividad para los sectores que compiten con otras jurisdicciones provinciales y, en definitiva, esto se traduce en pérdida de fuentes de trabajo y aumento de la pobreza e indigencia.
Esta reforma así planteada, provoca la irremediable inviabilidad de muchos sectores de la provincia de Entre Ríos.
Esta película ya la vivimos y es el incentivo a más informalidad e ilegalidad. La diferencia entre «pagar y no pagar» es demasiado grande, más cuando siempre los controles recaen sobre los mismos individuos y jamás se amplía la base tributaria.
Como si esto fuera poco, el proyecto en cuestión también avanza sobre la conducta fiscal, donde además de la multa por omisión ya existente, se le agrega un aumento en la alícuota por supuesta «inconducta fiscal», lo que significa una doble condena y sin trámite recursivo alguno.
Señores legisladores, ha llegado el momento de ver la forma de cobrar mejor los impuestos a todos y no de cobrar más a los mismos de siempre: cobrar más es un claro ejemplo de incapacidad, que deja a la economía provincial fuera de escala en toda la región. No olvidemos que también somos territorio fronterizo, con lo cual nuestra competitividad no se limita a lo demás del territorio Nacional, sino que también estamos sometidos a una competencia internacional donde el Estado no nos brinda las mismas herramientas que le dan los suyos a nuestros vecinos».
