El contador y docente de economía en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Luis Lafferriere fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Economía de la provincia Diego Valiero celebrando la refinanciación de las deudas provinciales para con el Estado Nacional. Al respecto expresó: «Es una burla que se anuncie como logro el refinanciamiento cuando en realidad es la Nación la que les debe a las provincias», dijo basándose en la Ley de Coparticipación Federal vigente desde 1988.
Calificó como un «saqueo» lo que hace la Nación, ya que según sus estimaciones durante este año la provincia perdió entre nueve y diez mil millones de pesos este año por esta irregularidad. Además señaló que la Nación aprieta con este sistema irregular, dando presupuesto «bajo cuerda, con total discrecionalidad».
La Ley 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales sancionada en 1988 sigue vigente a pesar de que la problemática se complejizó porque los distintos gobiernos que sucedieron a su sanción fueron trastocando la metodología de repartición de la recaudación nacional a través de Decretos de Necesidad y Urgencia de dudosa justificación y leyes parche que no modificaron el marco regulatorio general, pero si autorizaron particularidades irregulares.
De esa manera, las provincias han ido perdiendo año a año fondos que le corresponden por ley y se estableció un sistema de dominación político que condena a cada gobernador a aceptar las reglas del juego y recibir por lo bajo fondos sin control público o elevar las críticas correspondientes y aceptar la represalia del Ejecutivo Nacional, tal cual fue el caso de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, las únicas que judicializaron su reclamo. De hecho, la resolución del máximo tribunal de Justicia de la Nación se sigue haciendo esperar.
Dicha ley otorga un 57 por ciento de la recaudación de la Nación a las provincias, mientras que para el Estado Nacional le quedaría un 43: «Eso durante los 90 y este siglo se fue tergiversando unilateralmente por la Nación. En definitiva, las provincias en lugar de recibir lo que corresponde reciben un 30 por ciento. Si se cumpliera con la ley y no se jugara con esa modalidad de cambiar irregularmente los recursos, la provincia debe recibir como mínimo tres veces más de lo que le refinanció la Nación», argumentó Lafferriere sobre el anuncio realizado celebrado por el ministro de Economía provincial.
«Por la misma ley -la 23548-, las provincias no pueden recibir menos de un 34 por ciento de la recaudación de la Nación, pase lo que pase, y eso tampoco se cumple», dijo el contador que señaló que su estimación es que tan sólo en 2015, la provincia perdió por esta irregularidad sostenida entre nueve y diez mil millones de pesos. «Los legisladores oficialistas y el gobernador nunca hicieron ningún planteo ni aceptaron hacerlo porque se portan bien para recibir por bajo cuerda el dinero de la Nación, con absoluta discrecionalidad», remarcó el docente de economía.
Para finalizar, luego de calificar como un «saqueo que la Nación le hace abiertamente a las provincias», el contador calificó como una política «de apriete» del Ejecutivo nacional para con las provincias que se ven forzadas a aceptar las reglas de juego para recibir presupuesto. La calidad democrática de la repartición de fondos entre Nación y las provincias prácticamente no se garantiza, puesto que en un Estado de por sí presidencialista, se condiciona a los gobernadores a soportar dichas reglas de juego, lo que describe la situación bajo políticas económicas que distan mucho del federalismo.
