MANILA, (Reuters) – El ex líder filipino Rodrigo Duterte salió el martes de Manila en un avión con destino a La Haya, dijo el presidente Ferdinand Marcos Jr, horas después de ser arrestado a pedido de la Corte Penal Internacional por una «guerra contra las drogas» que definió su presidencia.
Duterte, un ex alcalde y ex fiscal que dirigió Filipinas entre 2016 y 2022 , fue arrestado en un aeropuerto de Manila la madrugada del martes, en un paso importante en la investigación de la CPI sobre miles de asesinatos en una ofensiva antidrogas que causó conmoción y condena en todo el mundo.
«Estoy seguro de que el arresto fue apropiado, correcto y siguió todos los procedimientos legales necesarios», dijo Marcos en una conferencia de prensa confirmando que Duterte había abandonado el país con destino a Holanda.
«No hemos colaborado en ningún caso con la Corte Penal Internacional. La detención se ha llevado a cabo en cumplimiento de las órdenes de la Interpol».
La «guerra contra las drogas» fue la plataforma de campaña distintiva de Duterte que llevó al poder al volátil luchador contra el crimen y pronto cumplió las promesas que hizo durante sus vitriólicos discursos de matar a miles de traficantes y consumidores de drogas.
Duterte ha insistido durante mucho tiempo en que ordenó a la policía matar sólo en defensa propia y siempre ha defendido la represión, diciéndole repetidamente a sus partidarios que estaba dispuesto a «pudrirse en la cárcel» si eso significaba librar a Filipinas de las drogas.
Verónica Duterte, la hija menor del hombre de 79 años, dijo en Instagram que su padre había subido al avión pero que la familia no había sido informada de su destino.
«El avión utilizado para secuestrar a mi papá salió hace unos minutos», publicó.
Duterte podría convertirse en el primer exjefe de Estado de Asia en ser juzgado en la CPI.
GRUPOS DE DERECHOS
Su arresto se produce después de años de reprender y burlarse de la CPI desde que retiró unilateralmente a Filipinas del tratado fundacional de la corte en 2019, cuando esta comenzó a investigar acusaciones de asesinatos sistemáticos de traficantes de drogas bajo su supervisión.
La CPI, un tribunal de última instancia, está investigando presuntos crímenes contra la humanidad y dice que tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes que tuvieron lugar mientras un país era miembro.
Duterte, su familia y aliados expresaron su furia por el arresto, calificándolo de ilegal.
Un abogado presentó el martes una petición a la Corte Suprema en nombre de Duterte solicitando una orden de restricción temporal para evitar que las autoridades cumplan con la solicitud de la CPI.
Una copia de la orden , vista por Reuters, dice que Duterte está acusado de responsabilidad penal por el asesinato de al menos 43 personas entre 2011 y 2019, lo que incluiría el tiempo en el que se desempeñó como alcalde de la sureña ciudad de Davao.
Los grupos de derechos humanos y las familias de las víctimas dijeron que su detención era un paso clave hacia la rendición de cuentas por los asesinatos de miles de personas en Filipinas, donde las investigaciones policiales han avanzado a paso de tortuga. Duterte no ha sido acusado de ningún delito a nivel local.
Según la policía, 6.200 sospechosos fueron asesinados durante las operaciones antidrogas llevadas a cabo durante la presidencia de Duterte, que según afirman terminaron en tiroteos. Pero los activistas afirman que el saldo real de la campaña fue mucho mayor, ya que muchos miles de consumidores de drogas de barrios marginales, algunos de ellos incluidos en las «listas de vigilancia» de la comunidad, fueron asesinados en circunstancias misteriosas.
El fiscal de la CPI afirmó que hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas por la policía o por individuos no identificados.
La policía ha rechazado las acusaciones de grupos de derechos humanos sobre asesinatos sistemáticos, escenas del crimen preparadas e informes de incidentes fabricados.