Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados busca que el Cuerpo se adhiera a un reclamo “que dé cuenta de la gravísima situación que atraviesan los integrantes de la orquesta, sin justificación plausible alguna y ante la angustiante certeza de perder una vasta extensión del patrimonio cultural entrerriano”, registró AIM.
“El vaciamiento de nuestra Sinfónica provincial es uno de los peores daños que se le pudo haber hecho a la cultura en Entre Ríos”, expresó la diputada socialista María Emma Bargagna hace cuatros meses, cuando pidió al Poder Ejecutivo provincial que llamara a concurso para cubrir los 26 cargos vacantes en la mencionada orquesta.
Al no haberse solucionado el conflicto que viene atravesando la Sinfónica, la legisladora solicitó a sus pares, mediante un proyecto de Declaración, adherir a un reclamo “que dé cuenta de la gravísima situación que atraviesan los integrantes de la orquesta, sin justificación plausible alguna y ante la angustiante certeza de perder una vasta extensión del patrimonio cultural entrerriano”, explicó Bargagna.
Consultada sobre el reclamo manifestado hace meses, la abogada expresó que “las voces de reproche se acallaron tras la promesa de que se aprobaría un reglamento de concursos. Sin embargo pasaron varios meses, la promesa no se cumplió y como única respuesta ante nuestro reclamo, el ministro (de Cultura, Pedro Báez) salió al cruce, imputándole al director de la Orquesta (Luis Gorelik), la responsabilidad de que la situación tomara estado público”.
CONTRASTES Y PRIORIDADES
En los fundamentos del proyecto, a los que accedió esta Agencia, la diputada socialista desarrolla un racconto de las transferencias realizadas por el Ministerio de Cultura de la Provincia, en materia de gastos de publicidad, entre los años 2012 y 2015, suma supera los 77 millones de pesos. Sobre este punto, Bargagna destacó que “se han omitido los Boletines Oficiales en los que el ministro publicó decretos de contratación directa de servicios de publicidad, sin mencionar monto. Varios de los contratos más onerosos, corresponden a empresas de dudosa existencia y las mayores sumas de fondos públicos estuvieron destinados a un reducido puñado de empresarios, que han contado con la preferencia del funcionario”.
La legisladora aclaró que “entre 2012 y 2015, los fondos públicos estuvieron disponibles para pagar los cargos que habían sido creados por Ley”. “La decisión del ministro de Cultura de no convocar a concursos, de no reconocer y disponer el pago de viáticos de los músicos y de no haber adquirido instrumentos necesarios para la Sinfónica, constituye un ataque a la inteligencia del Pueblo de la provincia, a su historia y valores”.
