En el marco del inicio de las audiencias para la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Paula Montefiori, funcionaria del Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, la situación legal de su cónyuge, el exfuncionario provincial Juan José Canosa, se complicó tras presentarse la imputación detallada de su patrimonio.
La jueza de Garantías Mariana Barbagelata encabeza las audiencias para resolver si la causa se eleva a juicio oral. En primer término escuchó la exposición del fiscal Gonzalo Badano. Este jueves expondrá la defensa técnica del imputado a cargo del abogado Miguel Cullen.
Durante la primera jornada, el fiscal Badano solicitó apartar a Montefiori del proceso, argumentando que las pericias contables demostraron que su evolución patrimonial fue completamente compatible con sus ingresos acreditados.
«En esta causa no se acreditó la existencia de bienes ocultos, cuentas bancarias no declaradas, activos registrados a nombre de terceros ni inversiones clandestinas» por parte de Montefiori, precisó la Fiscalía, medida que contó con el respaldo de su abogado defensor, Andrés Bacigalupo.
La situación para Juan José Canosa es diametralmente opuesta. La Fiscalía sostiene que, durante su paso por diversos cargos públicos en Entre Ríos entre 2004 y 2016 (como Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Interventor de LAER S.A., Presidente de SI.DE.CRE.ER. S.A. y asesor de la Cámara de Diputados), incrementó su patrimonio de forma desproporcionada.
Según los peritajes de los contadores públicos María Florencia Ara, Cristian Dumé, Leonardo Tomás y Juan Pablo Granero, el desfasaje total asciende a 5.546.534,76 pesos, lo que expresado en dólares a la cotización de cierre de cada ejercicio anual equivale a 759.478,70 dólares.
Aunque el desfasaje fue constante año a año, la pericia destaca fuertes picos de irregularidad concentrados en momentos específicos de su gestión al frente de áreas públicas.
* 2009 ($1.432.727,03 de incremento injustificado): Se detectaron inversiones masivas por más de $1,36 millones en mejoras de la vivienda familiar de calle Obaid (Paraná) y préstamos de capital en dólares, cifras que superaron ampliamente sus ingresos de ese año.
* 2015 ($1.025.769,43 de incremento injustificado): Registró colocaciones de dinero por $920.000 en un mutuo con una mutual local y un saldo final acumulado que no cuadró con sus consumos y remuneraciones.
* 2016 ($2.476.023,14 de incremento injustificado): Representa el pico de la imputación. En este período se identificó la colocación de U$S 100.000 en un contrato de mutuo, aportes en efectivo a mutuales por más de $350.000 y la adquisición mediante boleto de compraventa de cuatro lotes de terreno en María Grande por $400.000.
Canosa está en una situación compleja, ya que sobre el pesa una condena condicional dictada en 2018 por su paso por SI.DE.CRE.ER. El abogado fue hallado culpable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Y se le aplicó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.
Canosa fue condenado por tres hechos, todos ellos vinculados a distintas contrataciones que, en su carácter de presidente de Sidecreer realizó con sus parientes.
El fiscal Badano dio detalles en la audiencia sobre movimientos que realizó Canosa para tratar de convencer a testigos para que no declaren en su contra. En ese sentido, Badano recordó el testimonio del titular de la Asociación Asociación Mutual 10 de Abril quien dijo que el imputado se contacto con él para tratar de presionarlo.
Tras la pormenorizada acusación fiscal, la audiencia continuará con la exposición de la defensa de Canosa. Con ambos planteos sobre la mesa, la jueza Barbagelata deberá resolver si remite la causa a juicio oral y público contra el exfuncionario provincial.
