Los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación firmaron este lunes en la Justicia entrerriana un acta acuerdo con el gobierno por la que se estableció una recomposición salarial distorsiva, insuficiente e inconstitucional para el sector, registró AIM. Los gremios reclamaron la reapertura de la discusión en junio.
Por escaso margen y a pesar del malestar de la mayoría de la docencia entrerriana, el gobierno logró frenar la huelga en las escuelas públicas. El Consejo General de Educación (CGE) impuso su oferta salarial en la conciliación obligatoria que dictó el Juzgado laboral cuatro de Paraná, tras intensas negociaciones acompañadas por una fuerte extorción del Ejecutivo que amenazó con frenar aumentos discutidos hasta fines de marzo con los representantes paritarios en la conciliación.
Finalmente, el Estado recuperará ante la creciente inflación en dos tramos el salario del sector, que representaría una suma de un 34 por ciento en cuerpos directivos y se llegaría a variables que van entre el 35 y el 37 por ciento mediante ajustes en el básico y por un aumento acumulado, con montos en negros.
Antes de la audiencia los representantes del gobierno, distendidos, saludaron amablemente a los dirigentes sindicales, quienes llevaron los mandatos de sus órganos de “aceptar” la propuesta del gobierno de Sergio Urribarri pero la declararon “insuficiente, inconstitucional, antiestatutaria, extorsiva y distorsiva”, acusación que fue rechazada por los emisarios del Ejecutivo en la reunión judicial.
En el acta que se firmó entre los paritarios representantes de la patronal y los de las Asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de Enseñanza Técnica (Amet) se dejó sentado que “se aceptó la propuesta salarial”, indicó a esta Agencia el secretario de Organización en la Comisión Directiva Central (CDC) por la agrupación ‘Rojo y Negro’, César Pibernus, quien aclaró que “es evidente que ese aumento ya quedó atrás de la inflación ante los nuevos aumentos que se registraron en estos días”.
Ante ese escenario “se dejó sentada la necesidad de reabrir la discusión salarial en junio, porque el salario no es algo estacional que tiene que ver con el inicio o no del ciclo lectivo sino que está relacionado con el costo de vida diario de los trabajadores, es decir, una discusión que debe acompañar el movimiento de los precios”. Ahora será el juez Eduardo Rodríguez Vagaría quien establecerá en su resolución si se reabrirá o no la discusión en junio, “pero de aquí a junio la reapertura será urgente por lo que se fortalecerá el reclamo y, si es necesario, se saldrá nuevamente a las calles”, aseguró Pibernus.
