Por el Río Paraná sale el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. La disputa por su concesión por 25 años escaló hasta Marco Rubio y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mientras la oposición pide suspenderla y la Justicia, por ahora, dice que no.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Lo hizo horas después de que Reuters revelara que el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aliado de Donald Trump, había enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una «influencia maligna china» en la puja por el contrato. Esa misma semana, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen—director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional— y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación más grande del Gobierno de Milei se convirtió en un asunto de política exterior.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía navegable de exportación de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por allí transita el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año. El contrato que se está licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995, compite contra DEME —también belga—, que incorporó al fondo estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge & Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. El Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejó afuera a las chinas. Eso, sin embargo, no cerró la discusión sobre la influencia del país asiático.
Los Neuss, socios ocultos, amigos de Caputo
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss. Tal como contó Rodis Recalt en la revista Noticias, los Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde la infancia: compartieron el country Martindale de Pilar desde los cinco años. A través de su firma Edison Energía, fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito Jr., y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del país: generación, transporte y distribución. Algunos diputados opositores compararon, en diálogo con PERFIL y con tono de chicana, esa velocidad de su crecimiento en el sector energético con el salto patrimonial de Manuel Adorni desde que está en la función pública. No tenían experiencia previa y eso generó sospechas desde el inicio en los denunciantes.
En la Hidrovía aparecerían como socios ocultos de Jan De Nul con una participación estimada del 50% del contrato a través de subcontrataciones no declaradas, según la denuncia de la diputada Marcela Pagano.
Los Neuss financian la Fundación Faro, que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yot Club, donde se organizan cenas para recaudar fondos para LLA. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio término. Y Servimagnus, el socio local de Jan De Nul, está vinculada al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss. El hilo es complejo, pero siempre termina como denominador común en «los empresarios del momento».
Alarma en EE.UU. por presunta influencia de China
El otro punto de conflicto es en escala geopolítica: alertaron a Estados Unidos de una presunta influencia china en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME, que quedó en segundo lugar en la evaluación técnica, trasladó a funcionarios de Washington que Servimagnus, el socio local de Jan De Nul, tendría vínculos con empresas chinas a través de Agrofina, y esa conexión representaría «un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y de Estados Unidos». Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático.
Jan De Nul y Servimagnus rechazaron las acusaciones en un comunicado conjunto: «Las referencias que buscan instalar un supuesto vínculo de JDN y Servimagnus con capitales y empresas chinas son absolutamente falsas y malintencionadas». Asimismo, respondieron que DEME había integrado un joint venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovía de 2022 y en proyectos en Ecuador. Mientras ambas firmas se acusan e intentan despegarse de China, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación reconoció esas alianzas previas con compañías de la potencia asiática pero aclaró que eso «no constituye motivo de descalificación».
El Gobierno sostiene que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que contó con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
Las advertencias de irregularidades y la denuncia de Taiana que Rafecas no dio lugar
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre «serias y evidentes irregularidades» en el proceso. El organismo señaló ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas, cláusulas restrictivas en las impugnaciones—que exigen una garantía de 10 millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas— y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación: el primero había señalado supuestas inconsistencias en los documentos y el segundo advirtió sobre el posible direccionamiento de los pliegos.
El diputado nacional Jorge Taiana, de Unión por la Patria, tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. «Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente», dijo Taiana en el comunicado que acompañó la presentación. Su proyecto pide también la realización de estudios ambientales integrales, la participación efectiva de las provincias ribereñas y una nueva audiencia pública. Hay además tres denuncias penales activas en el Poder Judicial.
Sin embargo, Rafecas rechazó el pedido de suspensión cautelar este jueves. El juez coincidió con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyó que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. La licitación, por ahora, sigue su curso.
Este martes 19 de mayo se abrió el tercer y último sobre de la licitación, correspondiente a la oferta económica. Tanto Jan De Nul como DEME ofertaron el piso de la banda tarifaria prevista en los pliegos. Como Jan De Nul había obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica, quedó mejor posicionada. DEME endureció su postura y habló de «serias dudas» sobre el procedimiento. La empresa dejó abierta la posibilidad de apelar el resultado, aunque la garantía de impugnación es de 10 millones de dólares.
El cuadro que emerge es el de una licitación que llegó a su etapa final rodeada de denuncias judiciales, cuestionamientos de la Procuraduría anticorrupción, un lobby geopolítico que escala hasta el Congreso de Estados Unidos y una oposición que pide su suspensión. El Gobierno avanza. Los Neuss esperan. Caputo volvió de Washington. Y el río sigue fluyendo.
Fuente: Perfil
