En la causa que investiga el asesinato de Jesús Villalba, el juez de Garantías 3 entendió que la falta del principal acusado, Axel Nicolás Mora, que violó el arresto domiciliario, “fue mínima”, y resolvió prorrogar la medida por otros 30 días.
El juez de Garantías 3 Ricardo Bonazzola resolvió el 30 de abril prorrogar el arresto domiciliario que le fue concedido a Mora, que comparece acusado del crimen de Jesús Villalba, quien murió por un disparo de arma de fuego que le impactó en la espalda. El disparo provino de una camioneta, en la madrugada del 16 de noviembre de 2014, cuando se encontraba con su hermano y un amigo en un pasillo junto a un arroyo, en la zona de calle Rondeau y Randisi de Paraná.
En tanto, este miércoles, Bonazzola rechazó el pedido de los defensores de Lucas Bacusa, y le prorrogó por otros 30 días la prisión domiciliaria, al igual que a los otros tres imputados, acusados de cometer el homicidio. El magistrado instó a las partes a agotar lo más rápido posible la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y llegar a juicio.
Bacusa está sospechado, junto a Axel Mora y los hermanos Iván y José Gabriel Pereyra, de atacar a tiros y matar a Villalba. Al inicio de la investigación se dispuso la prisión preventiva de los cuatro imputados, pero en la audiencia del 18 de febrero de este año, el juez resolvió que sigan arrestados pero en domicilios de sus familiares, con custodia policial y una serie de restricciones.
El ministerio Público Fiscal y los defensores de Mora y de los hermanos Pereyra acordaron que el 9 de mayo, cuando se cumpla el plazo por el cual fue fijado el arresto, continúe la medida coercitiva por otros 30 días más.
Sin embargo, los abogados de Bacusa, Víctor Rodríguez Montiel y Julio Pedemonte, solicitaron la libertad de su cliente. Para el caso que el juez no lo considere viable, que al menos se le permita al joven concurrir diariamente, de 7 a 13, a su puesto de trabajo en el Consejo General de Educación (CGE).
Por su parte, el fiscal, Juan Francisco Malvasio se opuso al pedido, y recordó que la cuestión ya fue discutida siete veces, y en todas esas oportunidades el juez de Garantías y el tribunal de Apelaciones confirmaron la pertinencia de las medidas de coerción. Malvasio sostuvo que están latentes los riesgos procesales, sobre todo, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, para lo cual tuvo en cuenta que en sus declaraciones de imputados, los hermanos Pereyra dijeron que Bacusa se atribuyó el hecho y los amenazó para que no revelaran la verdad.
El acusador indicó que, a cinco meses y medio del hecho, la IPP está en condiciones de ser clausurada para elevar la causa a juicio.
A su turno, los defensores, Rodríguez Montiel y Pedemonte solicitaron que 15 personas que declararon ante el anterior defensor de Bacusa, y lo desvinculan del hecho, vuelvan a testimoniar ante la fiscalía. Adelantaron, también, que pedirán la producción de nuevas evidencias en la IPP. Reiteraron que su cliente goza del estado constitucional de inocencia, para fundamentar el pedido de libertad, y que de considerarse necesario se le imponga una restricción de acercarse a los testigos, pero se le permita volver a trabajar para conservar el puesto en el CGE.
Bonazzola resolvió prorrogar el arresto domiciliario de Bacusa y los otros tres imputados por otros 30 días, a partir del 9 de mayo, y rechazó el pedido de permiso para asistir al lugar de trabajo.
