Por Emiliano Damonte Taborda
Human Rights Watch es una de las dos más importantes organizaciones a nivel global en el monitoreo de los Derechos Humanos. Tras un exhaustivo analisis de la situación publicó un informe muy negativo sobre la situación en Argentina; “En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho“
![El intento de juicio político a la Corte es la revancha del kirchnerismo](https://www.redesdenoticias.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/Cristina-enojada.jpg)
La embestida kirchnerista contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso al país en una situación de enorme fragilidad política y democrática. Así lo determina claramente un informe de Human Rights Watch, que asegura que en Argentina “se socava el Estado de Derecho”.
“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho“, advirtió el informe de la organización.
Junto con Amnistía Internacional, Human Rights Watch forma parte de las dos entidades en Occidente líderes en la defensa de los derechos humanos, que se encargan de investigar abusos en todo el mundo. El Informe Mundial 2023 consta de unas 712 páginas en su versión en inglés. Allí se expone la investigación de abusos en unos 100 países y es la 33ª edición de este informe para HRW.
Su directora en funciones para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, apuntó directamente contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner como los máximos responsables dela retórica hostil con la que se operó contra el Poder Judicial..
“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Taraciuk Broner.
También, advirtió: “Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió.
Juicio político contra la Corte
El Gobierno, prisionero de la guerra personal de Cristina Kirchner contra la Justicia, ha titubeado en estos últimos días y ha postergado para fin de mes el tratamiento en comisión del pedido de Juicio Político, sin embargo parece poco probable que alguien lo detenga, ante la clara determinación de la vicepresidenta, muy preocupada por una Corte Suprema que no se ha quedado con los brazos cruzados durante el último año y que ha enfrentado con decisión su embate contra la Justicia.
“Si era por nosotros lo mandábamos la primera semana, pero atendimos lo que nos dijeron desde el Congreso, que tiene que ver con que muchos legisladores estaban en sus provincias, necesitan venir a Buenos Aires, y no se llega a organizar el trabajo, las comisiones y nosotros queremos que sea todo ordenado, prolijo”, sostuvo una importante fuente del Gobierno citada por el diario La Nación..
Período de los vueltos
Tras los escándalosos hechos de corrupción denunciados y llevados a la justicia de manera muy trabajosa durante el período 2005 – 2010, llegaron las complejísimas investigaciones que llevaron a los juicios que hemos presenciado en estos últimos años. La primer condena contundente contra Cristina Kirchner, tuvo un efecto “revancha” casi inmediato, y a solo dos meses de la condena, el poder político bajo la dirección de la ex presidenta y actual vicepresidenta, fuerza un pedido de juicio político que solo responde a los intereses judiciales de la líder kirchnerista. Estamos viviendo el período histórico que yo llamo “de los vueltos”
Poco parecen importar los efectos desastrosos sobre la imagen ya deteriorada del país, que amenazan con profundizar el aislamiento político y sobre todo económico de la Argentina. El informe de Human Right Watch es un golpe durísimo a la credibilidad y previsibilidad del Estado argentino.