Washington (Axios) Según ha podido saber Axios, la administración Trump está trasladando temporalmente a abogados de inmigración al Departamento de Justicia para acelerar los esfuerzos por revocar la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados.
Los casos de revocación de la ciudadanía tienen una carga de la prueba muy alta, pero son una prioridad para los funcionarios de Trump que buscan fraude en el sistema legal de inmigración.
Abogados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la oficina encargada de los servicios legales de inmigración, están siendo transferidos temporalmente a las fiscalías estadounidenses para trabajar en casos de revocación de la ciudadanía, según informaron a Axios cuatro exfuncionarios de la agencia.
Una fuente afirmó que se estaba obligando a los empleados a cambiar de oficina. Una segunda fuente describió los traslados como una situación en la que los abogados estaban siendo obligados a hacerlo.
Según una tercera fuente, no es necesario que tengan experiencia previa en juicios o en procesos de revocación de ciudadanía, sino simplemente que posean una licencia de abogado vigente.
«Nos enorgullece apoyar este esfuerzo crucial proporcionando al Departamento de Justicia un equipo de nuestros abogados de inmigración más capacitados», dijo el portavoz del USCIS, Zach Kahler.
Entre líneas: La administración Trump intentó acelerar el número de casos de revocación de ciudadanía durante su primer mandato, creando un equipo especializado de entre 10 y 15 abogados. Los casos identificados por ese equipo «aún siguen pendientes», declaró el director del USCIS, Joe Edlow, el pasado mes de septiembre.
«Hay una razón por la que los ‘denats’ nunca han llegado a popularizarse», dijo una fuente. «Es muy difícil de probar… el estándar es muy alto y se necesitan buenas pruebas. En muchos casos, simplemente no existen».
La carga de la prueba legal exige demostrar «pruebas claras, convincentes e inequívocas que no dejen lugar a dudas» en los casos civiles en los que alguien mintió deliberadamente en su solicitud.
En los casos en que alguien haya obtenido ilegalmente la ciudadanía sin tener derecho a ella, se pueden presentar cargos penales .
En resumen: Según un informe del New York Times de abril, funcionarios del Departamento de Justicia preseleccionaron a 385 personas para cargos de revocación de ciudadanía. Durante el primer mandato de Trump, el USCIS afirmó haber identificado 2500 casos potenciales , pero solo remitió una pequeña parte al Departamento de Justicia.
Según un portavoz del Departamento de Justicia, la administración Trump ha presentado 35 casos de revocación de la ciudadanía desde el inicio de su segundo mandato, 12 de ellos tan recientemente como este mismo mes.
Un memorando del Departamento de Justicia de junio de 2025 también mencionaba la revocación de la ciudadanía como una prioridad máxima para la administración Trump.
En el memorando, que expone las ventajas de presentar estos casos, se afirma que el proceso de revocación de la naturalización «apoya la integridad general del programa de naturalización».
En un comunicado a Axios, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que acogía con satisfacción la asistencia de los abogados del USCIS «para impulsar la misión del Presidente de promover la seguridad pública y erradicar el fraude».
En resumen: aumentar el número de casos de revocación de la nacionalidad ha sido durante mucho tiempo un objetivo en la cruzada de Edlow contra las solicitudes de inmigración sospechosas de ser fraudulentas.
«Creo que es igual de útil tener un proceso de desnaturalización descentralizado», dijo Edlow cuando se le preguntó sobre la unidad de desnaturalización en el primer mandato de Trump el pasado septiembre en un evento organizado por el Centro de Estudios de Inmigración.
«Si eso da lugar a la necesidad de una revocación de la nacionalidad, seguiremos adelante. No necesito que se envíe específicamente a una oficina. Quiero que todas las oficinas lo utilicen como referencia», añadió.
