Nacido a la luz de las reformas de la década del 70, el impuesto a los ingresos brutos (II.BB.) es el de peor fama por su efecto cascada, por ser regresivo, por su acumulación de saldos irrecuperables y por encarecer productos y quitar competitividad. Los reclamos cruzados por rebajas de impuestos entre Nación y Provincias, en lugar de dar espacio al debate serio y a la confluencia entre los gobiernos para buscar soluciones de fondo, se convirtió en la arena para la disputa política y los anuncios de oportunidad.
La definición que da la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) del impuesto sobre los Ingresos Brutos es una especie de confesión de parte: «El Impuesto a los Ingresos Brutos grava el ejercicio habitual y a título oneroso en la Provincia de Entre Ríos de cualquier actividad, cualquiera sea el resultado económico obtenido y la naturaleza del sujeto que la desarrolle». Esto significa que al Estado no le importa lo mal que te vaya, él quiere a pesar de todo su parte. Se completa la definición: «El gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada».
El nombre y su concepto son una aberración en sí mismo: «sobre la base de los ingresos brutos devengados», dice la ATER. Acá no hay efecto neutro pretendido, no hay gravamen de la rentabilidad ni de la ganancia. De todo lo devengado, sin importar si se cobró o no, si produjo ganancia o quebranto, el estado provincial se lleva su parte.
Se dice que tiene un «efecto cascada» porque se aplica en todos los eslabones de la cadena de comercialización, sin posibilidad de recuperarse como en el caso del IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Empresarios, economistas y tributaristas coinciden en calificarlo como “regresivo” por entender que al aplicarse en toda la cadena de producción y comercialización sin posibilidad de deducción, termina encareciendo el bien o servicio que conspira tanto contra el poder adquisitivo del comprador como de la competitividad del producto.
Fue impulsado en las provincias a partir de 1977, durante la gestión de Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura militar, en el marco de una reforma tributaria que creó el IVA y reemplazó al anterior impuesto provincial a las actividades comerciales.
El 12 de agosto de 1993 se firmó la segunda edición del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, una iniciativa con la que el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quisieron llevar a la práctica el pedido que se venía formulando desde hace años desde diferentes sectores: terminar de una vez por todas con Ingresos Brutos. O, como lo denominaba por entonces Israel Mahler, presidente de la Unión Industrial Argentina, “el más bruto de los impuestos”.
El propósito expreso del Pacto Fiscal era que, al menos en algunas actividades, Ingresos Brutos quedara sin efectos a mediados de 1995. Pero en el medio, el “efecto tequila” obligó a postergar la decisión de manera indefinida.
En noviembre de 2017, 24 años después de la firma del Pacto, se concreta el Consenso Fiscal, que estableció un cronograma gradual de reducciones de alícuotas por sector que tendría que finalizar en 2022. Sin embargo, como en los anexos de la ley se hacía referencia a alícuotas máximas, solo hubo que esperar dos meses para que algunas provincias las aumentaran para el sector comercial, aprovechando que las tenían en niveles inferiores a los topes.
Tras la asunción de Alberto Fernández el pacto fue suspendido. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos goza de excelente salud y es el más importante para las provincias por su nivel de aporte a la recaudación propia.
Para la provincia de Entre Ríos significó en 2024 el 75% de sus recursos de origen de provincial y el 18% del total de sus ingresos.
El gobernador Rogelio Frigerio logró presencia en todo el país con el título de que bajaría el impuesto a los ingresos brutos. El anuncio vino después de que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, les reclamó a los mandatarios provinciales que hicieran su esfuerzo tras la rebaja temporal de las retenciones a las exportaciones.
A través de una publicación en la red social X, Frigerio tituló «PRIMER AÑO DE GESTIÓN: EQUILIBRIO FISCAL Y BAJA DE INGRESOS BRUTOS Y SELLOS».
Aseguró que «con mucho esfuerzo, logramos cumplir con nuestras responsabilidades y pagar todos los vencimientos de la deuda en dólares heredados de la gestión anterior.
Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal.
Además, presentamos en la Legislatura un proyecto para bajar ingresos brutos y sellos, y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores. Ambos son impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo.
Estamos seguros de que este es el camino. ¡Vamos Entre Ríos!», finaliza el posteo del gobernador.
Acompañó el posteo con una parte del video de una entrevista al canal de televisión La Nación+, de las que da asiduamente en los medios de Buenos Aires en contraposición con la escasa presencia en medios provinciales, y con un gráfico con los datos del proyecto de rebaja de ingresos brutos.
Allí precisa las alícuotas que serán objeto de modificación: en el caso de Salud, del 2,5% vigente al 2%; en prestadores de Salud – Iosper del 2,5% vigente al 1,5%; en Transporte de carga y pasajeros cuando la totalidad de loso vehículos afectados al ejercicio de la actividad estén radicados en la Provincia, del 2% vigente al 1,5%; para la Industria, del 1,5% (general) vigente al 1%; en el Comercio, del 5% vigente al 4%; para la construcción cuando se trate de obra pública del 2,% vigente pasa a quedar exenta y para el suministro de gas destinados a la producción primaria, industrial y comercial, del 2% vigente al 1%.
El anuncio hecho por el gobernador Rogelio Frigerio comprende a 7 actividades, algunas de las cuales -como el comercio y la industria- engloban a muchas otras, con lo cual habrá que esperar el detalle de las modificaciones. La información disponible en la página de ATER, (aunque actualizada al año 2021) contempla alrededor de 1000 actividades. Las «Ventas» -así están identificadas las actividades de comercio en el Nomenclador de Actividades Económicas publicado por ATER- están gravadas mayormente por el 5% coincidente con la referencia hecha por el gobernador, pero otras con el 6% y otras con alícuotas menores.
En la información relacionada con los recursos, la provincia no desglosa cuánto le ingresa por cada rubro del impuesto a los ingresos brutos, lo que dificulta estimar el impacto fiscal de la propuesta hecha por Frigerio.
El secretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, Uriel Brupbacher, quien funge como virtual ministro de Economía de la provincia tras el fallecimiento de Julio Panceri, afirmó en una entrevista radial el año pasado respecto de la intención del gobierno de Rogelio Frigerio de eliminar en algún momento el impuesto a los Ingresos Brutos, que “no solamente está en estudio, siempre se habló de cómo se puede empezar a aliviar la presión fiscal en todo sentido. Pero ponerle fecha en un contexto de caída sería muy aventurado de mi parte, pero obviamente siempre fue la propuesta del Gobernador de empezar primero a eliminar todos aquellos impuestos, no solamente Ingresos Brutos, sino ir eliminando todas aquellas tasas e impuestos que puedan llegar a ser distorsivos y que puedan llegar a alivianar la actividad económica en general y las transacciones también en general que existen entre los particulares”.
Remarcó que «necesariamente todo es parte de que pueda llegar a compensarse proveniente de alguna otra actividad, todo va a depender de cómo la macro empiece a dar señales de reactivación”.
Las críticas al impuesto a los Ingresos Brutos
La propia Ater informa en su página web que «para la confección de la declaración jurada mensual determinativa de las obligaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los Contribuyentes Locales, deberá utilizarse el sistema informático creado y desarrollado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, en el marco del Convenio suscripto entre éste organismo y la Provincia de Entre Ríos, denominado Declaración Impositiva Unificada – DIU» y advierte que «la cancelación del impuesto determinado se efectuará mediante pagos a cuenta y un pago correspondiente al saldo del impuesto mencionado». Y agrega: «el impuesto determinado por el período fiscal no podrá ser inferior al impuesto mínimo que la Ley Impositiva establezca para cada una de las actividades».
La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) expresaron sus quejas por los saldos que los contribuyentes asociados tienen a su favor por retenciones, percepciones o pagos a cuenta en exceso a su obligación por el impuesto sobre los ingresos brutos.
Los regímenes de recaudación vigentes para el impuesto sobre los ingresos brutos que generan mayores saldos a favor son:
🔹SIRCAR (régimen general de agentes de recaudación del Convenio Multilateral)
🔹Regímenes generales locales
🔹SIRCREB (régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias)
🔹SIRPEI (percepciones en importaciones)
🔹SIRCUPA (régimen de recaudación sobre acreditaciones en billeteras virtuales)
🔹SIRTAC (régimen de recaudación sobre tarjetas de crédito)
En la mayoría de los casos el total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta supera el impuesto determinado, dando lugar a los eternos saldos a favor que se transformaron en una de las mayores fuentes de financiamiento de los fiscos provinciales.
La suma de las alícuotas de los regímenes de recaudación supera a la alícuota legal para la actividad, en la mayoría de los casos. Debería aplicarse, como tope, la alícuota legal.
Además, algunas provincias retienen ingresos brutos más allá de sus límites territoriales, lo que genera que las empresas paguen el impuesto en provincias donde no tienen establecimientos. El 36% de los saldos a favor se genera en estas jurisdicciones.
La CAC solicitó la adhesión de todas las jurisdicciones al Sistema Único de Recaudación Anticipada (SURA), sugerido por la Comisión Arbitral, a fin de limitar la generación de saldos a favor de los contribuyentes a través de la puesta en marcha del mencionado régimen unificado de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.
El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, había respondido al pedido de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) quienes habían reclamado una baja de las retenciones al campo. “Ojalá seamos cada vez más los que entendamos que la forma más saludable para bajar impuestos es bajando el exorbitante nivel de gastos que aún hoy algunas provincias y municipios tienen (…). No hemos visto a ninguna provincia reducir Ingresos Brutos, el peor impuesto”.
Los Ingresos Brutos -según hay coincidencia entre los especialistas- es el impuesto más perjudicial que existe por su efecto “cascada”. Es el más importante para las provincias por su nivel de aporte a la recaudación propia, promedia el 80,2% según un trabajo de Marcelo Capello del Ieral que analiza que hasta noviembre ese impuesto sufrió la mayor caída en las provincias, 10,6% real interanual.
De los tres mandatarios de la Región Centro, Pullaro subió para este año del 5% al 9% la alícuota de II.BB para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que incluye a las billeteras virtuales y a diversos prestadores financieros. Desde la Cámara Argentina Fintech calificaron de “confiscatoria” a la carga.
En Entre Ríos, Frigerio hizo lo propio el año pasado, cuando subió un punto la alícuota (de 8% a 9%). En Córdoba, en el 2024, Llaryora incrementó los importes que los contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los II.BB de acuerdo a la categoría que le corresponde en el monotributo; este año enfrenta críticas por la suba del 163% del Inmobiliario Urbano.
Ante la decisión de Nación, Llaryora salió a celebrarla y destacó que eliminó el cobro de II.BB a la producción y el Impuesto a la Mera Compra (que su misma gestión había reestablecido el año pasado) y que destina 98% de la recaudación del Inmobiliario Rural a inversión en infraestructura para el campo. La Sociedad Rural de Río Cuarto esta semana reclamó que la Provincia “sigue cobrando II.BB de manera indirecta, a través de los proveedores de servicios”.
Frigerio eligió una estrategia similar a la del cordobés; viene comunicando que Entre Ríos tiene los impuestos provinciales por hectárea agrícola más bajos de la región centro (4,7% de la carga fiscal total), que 90% de los productores tienen alícuota cero de II.BB y que la incidencia del Inmobiliario Rural es menor al promedio nacional.
En una reunión de gobernadores de la región Centro la semana pasada en Rosario, anunciaron que en los tres distritos : “Vamos a destinar el 100% del Impuesto Inmobiliario Rural a la infraestructura productiva”.
Además, envió una iniciativa a la Legislatura para reducir II.BB a salud de 2,5 a 2 por ciento; transporte de cargas y pasajeros con unidades radicadas en la provincia de 2,5 a 1,5; industria de 1,5 a 1; comercio de 5 a 4; construcción obra pública de 2,5 a exento y suministro de electricidad y gas para producción de 2 a 1. También reduce Sellos, destacó el diario La Nación.
Este año son menos las modificaciones en II.BB en las provincias que tienen ya aprobadas sus leyes impositivas. Por ejemplo, en La Rioja, empezarán a pagarlo todas las empresas con participación del Estado que estaban eximidas.
Ignacio Torres (Chubut) bajó un punto porcentual las alícuotas para telefonía móvil, telecomunicaciones e internet, obras sociales y prepagas y subió uno la que recae sobre actividad financiera. Y anunció que eximirá de II.BB y del Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. Enviará a la Legislatura para su tratamiento la actividad.
Fuente: Redes de Noticias
