La Dirección Regional Paraná de ARCA-DGI había radicado una denuncia formal contra la firma “Las 3 E S.R.L.” y sus directivos: la concejal de La Libertad Avanza Romina Todoni y su hermano Diego Enrique, por presunta Evasión Agravada Tributaria.
La acusación presentada en agosto del año pasado se basaba en la supuesta utilización de comprobantes apócrifos y “mellizos” para justificar compras y disminuir ilegítimamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante varios períodos fiscales. Según se informó a ANÁLISIS, la causa prescribió al considerar a la funcionara “inocente fiscal”, de acuerdo con la Ley que fue impulsada por el Gobierno nacional y sancionada por el Congreso en febrero de este año, que elevó el piso del monto de evasión para la persecución penal a 100 millones de pesos, entre otros beneficios para los evasores.
La denuncia penal que tramitaba en la Fiscalía a cargo de Leandro Ardoy, se dirigió contra la sociedad que explotaba la chatarrería Todoni que durante décadas contaminó y perjudicó a vecinos de la zona de Avenida Circunvalación José Hernández. Por no cumplir con el traslado de la misma tras su cierre, se había abierto una causa por Desobediencia judicial contra la concejal. Hay otra causa por Desobediencia que aparece iniciada en mayo de este año para ambos hermanos.
Las maniobras detectadas por ARCA consistían principalmente en la utilización de comprobantes apócrifos para justificar compras en el circuito marginal; el cómputo de créditos fiscales provenientes de operaciones con “comprobantes mellizos y/o duplicados”. Se observó que los créditos fiscales declarados por la empresa en sus DDJJ de IVA eran superiores a los informados por sus proveedores. Muchos de los supuestos proveedores no tenían habilitados los puntos de venta o no registraban las operaciones con Las 3 E S.R.L. en sus libros de ventas.
Se detectó la recurrente utilización de créditos fiscales emitidos por “usinas”, es decir, contribuyentes cargados en bases de apócrifos sin capacidad operativa, económica y/o financiera. Se mencionan a diferentes empresas y personas que emitían volúmenes de facturación que no se correspondían en absoluto con sus actividades reales, si no eran directamente fantasmas.
Las acciones se configuran como “declaraciones engañosas” y “ocultaciones maliciosas”, que distorsionan los elementos de la materia imponible.
Sobre los montos de la evasión, ARCA señaló que el perjuicio fiscal total identificado en la denuncia asciende a $21.830.853,66. No obstante, la acción penal se enfocaba en los montos impagos de IVA para los períodos 11 y 12 de 2018 y todo el año 2019, que totalizan $12.366.072,67.
La Ley de Inocencia Fiscal elevó los límites de evasión para la acción penal a 100 millones de pesos, por lo cual la funcionaria pudo acogerse a la norma que benefició a grandes evasores. Además, la norma que ahora el ministro de Economía de la Nación quiere repetir, favorece el blanqueo ante el fisco del dinero no declarado, impide al ARCA investigar los bienes y el aumento patrimonial declarado por las personas y permite la extinción de la acción penal tributaria si el contribuyente paga más de un 50% de la deuda correspondiente a lo no declarado. Numerosos funcionarios del oficialismo se han plegado a esta Ley desde el mes de febrero. Entre ellos, el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en medio de la investigación por su enriquecimiento ilícito.
