Jardinero K: la Fiscalia pidio 2 años y 3 meses de prision y la defensa insistió con la absolucion

3 Jardinero KEl martes próximo a las 9 se conocerá la sentencia del juez correccional Pablo Vírgala en la conclusión del juicio oral y público por falsificación ideológica de documento público que se realiza en los Tribunales del Paraná contra Ricardo Barreiro. Este martes fue jornada de alegatos. El fiscal Alejandro Cánepa pidió 2 años y 3 meses de prisión condicional y cuatro años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, mientras que la defensa insistió con la inocencia del imputado y solicitó su absolución. 

Uno de los abogados de Barreiro, Raúl Barrandeguy, anticipó que, ante una eventual condena, es probable que recurran a una instancia superior. Barreiro pronunció algunas palabras finales e insistió con la persecución política, por lo que Vírgala le retrucó: “Para mí es irrelevante lo del jardinero K. Mi sentencia se basará en los hechos”.

La jornada se inició con el alegato del fiscal Cánepa, quien mantuvo la acusación y repasó los testimonios que brindaron el lunes los ex ministros Hugo Marsó y Pedro Báez y el ex funcionario Sebastián Lorenzo. “Hay dos teorías del caso: la acusadora, que sostiene que Barreiro era funcionario público, conocía esa situación y la omitió dolosamente al momento de la inclusión de su empresa en el registro de proveedores del Estado a efectos de poder participar en una licitación; y la de la defensa, que niega la calidad de funcionario público de Barreiro y el conocimiento de tal calidad”, describió.

Puntualmente, se acusa a Barreiro de omitir en octubre de 2012 en la declaración jurada que suscribió para inscribir su empresa RP Transporte SA en el registro de proveedores del Estado entrerriano su condición de funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, designado por un decreto de agosto de ese año firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez. A la designación, que se formalizó con carácter de ad honorem, se le añadió en noviembre otro decreto por el cual Barreiro quedó autorizado para percibir viáticos. La incompatibilidad surge porque RP Transporte SA ganó una licitación pública del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, y en diciembre de 2012 cobró 220.000 pesos por el alquiler de micros que se usaron para llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis.

Cánepa retomó en su alegato el testimonio de Báez, quien había señalado en la jornada inaugural que con el decreto de designación se dio institucionalidad al rol de Barreiro, con carácter de ad honorem. “¿Esto lo convierte a Barreiro en funcionario público? La Fiscalía entiende que sí”, sostuvo Cánepa, tras citar jurisprudencia y autores tanto de derecho penal como administrativo.

Más adelante, el fiscal reparó en un dato: el decreto de designación de Barreiro y el llamado a licitación del Ministerio de Turismo, casualmente se publicaron el mismo día en el Boletín Oficial. “Si él o sus colaboradores vieron una cosa, tienen que haber visto la otra”, razonó.

Luego, esbozó una reconstrucción de los hechos que, a su juicio “ofende la lógica”: “Lorenzo le propone a Barreiro una legitimidad, Barreiro acepta una chapa para gestionar, Lorenzo tramita ante Báez, Báez le da forma, lo designa coordinador ad honorem y eleva al gobernador. Pero no le dice nada a Lorenzo ni a Barreiro. Lorenzo no le cuenta nada a Barreiro de su gestión ni se interesa en saber qué pasó. No le pregunta a Báez, con quien comparte reuniones periódicas. Nunca hablan de Barreiro ni de las gestiones realizadas. Sale el decreto de Barreiro, Báez lo refrenda, pero otra vez más no dice nada ni a Barreiro ni a Lorenzo. Luego Lorenzo, sin saber que Barreiro había sido designado, va y le pide a Báez autorización para viáticos. ¿Se imagina esa conversación juez?”, ironizó Cánepa.

“Luego Báez se entera de la licitación de Turismo, sabe que gana Barreiro, pero no le dice nada a Marsó, su colega ministro. Tampoco a Lorenzo ni a Barreiro. Parecen un matrimonio desavenido que perdió la conversación, mientras que aquí hablaron de compañerismo, trabajo febril, militancia, amistad. Es ilógico”, remarcó.

Cánepa consideró “evidente el perjuicio ocasionado contra la fe pública y la administración” al participar Barreiro de una licitación que le estaba vedada y opinó que “faltó a la buena fe” al decir en una declaración jurada que no era funcionario. “La Fiscalía no puede concebir el planteo de que Barreiro, egresado universitario, empresario y accionista en ocho sociedades, no leyó lo que firmó. Las pericias caligráficas dicen que es su firma y él seguramente conocía este tipo de documentos. Actuó con dolo”, afirmó el fiscal.

Por último, tras 40 minutos de alocución, Cánepa consideró que “por tratarse de un autor primario no hay necesidad de prisión”, por lo que solicitó la pena de 2 años y 3 meses de cumplimiento condicional para Barreiro, más la inhabilitación absoluta por el doble de ese tiempo, es decir 4 años y 6 meses, por ser autor material y responsable del delito de falsificación ideológica de documento público.

 

EL ALEGATO DE LA DEFENSA

 

Barrandeguy, a su turno, comenzó sosteniendo que el juicio que se desarrolla en Paraná “se inscribe en una tendencia preocupante de procesos con motores que están fuera de los roles procesales y que van en dirección de condena movidos por personas que no ha pasado ni cerca de la facultad de derecho”.

Rescató “el ejercicio del derecho ciudadano” del denunciante Guillermo Mulet, pero objetó “la utilización de la denuncia penal como herramienta de lucha política”. Más adelante, formuló una serie de observaciones técnicas. Mencionó que en la denuncia se incluyó la figura de negociaciones incompatibles con la función pública, pero objetó: “Deberían leer el Código Penal con detenimiento porque sinceramente la hipótesis de este delito solo pudo ser sostenida por alguien que no lo ha leído”.

Luego, se refirió al rol del entonces juez de Instrucción Humberto Franchi “que no tiene acuerdo del Senado” que corrió vista a la Fiscalía para que se determinara la comisión del delito de negociaciones incompatibles. “Se hizo parte denunciante”, criticó.

Después, leyó un fragmento de la contestación de la fiscal Viviana Ferreyra, “para la cual se tomó un año, por lo que debe estar bien meditada”, en la que la funcionaria “deslinda y descarta la posibilidad de este delito y elogia el desarrollo de la licitación”.

También señaló que “objetivamente” se comprobó que Barreiro no cobró viáticos. “Podemos tener simpatía por un gobierno o antipatía, podemos ser extremadamente críticos de los ex ministros Báez y Marsó, podemos tener simpatía por quienes los sucedieron, pero son cosas secundarias y son los hechos probados los que nos libran del papelón de las conjeturas con las que el fiscal pretende penar”, aseveró el letrado.

También hizo notar que, al requerir la instrucción formal, la fiscal Ferreyra sumó el hecho que se está juzgando. “No sabemos de donde lo sacó, porque no lo dijo, pero queda la idea de que hay un impulso de llevar la causa hacia adelante”, expuso, antes de opinar que “el Ministerio Público Fiscal se vio muy compelido por ese mundo virtual de las páginas de periodistas que se escudan en las fuentes anónimas”.

No fue su única crítica a la prensa. Sorprendió también diciendo que “ese activismo en los medios detrás de una condena es antidemocrático” y que “el Ministerio Público Fiscal acusa a cualquier precio porque a lo mejor no quiere salir en las páginas de publicaciones on line que se ocupan de cubrir estos acontecimientos”.

Barrandeguy insistió con que “la falsedad ideológica no se probó” en el juicio. “Barreiro no sabía que era funcionario y no se ha probado que sí sabía. No hay elementos contundentes sobre ese punto”, marcó, antes de expresar: “Me hubiera gustado que el fiscal, con más equilibrio y no tan sesgadamente, hubiera examinado el expediente”. Exhibió después varios listados de funcionarios del gobierno provincial solicitados periódicamente por la Unidad Central de Contrataciones para cruzar datos en los cuales no figura Barreiro.

Tras una breve intervención de su colega Candelario Pérez, Barrandeguy pidió formalmente la declaración de inocencia y la absolución de su defendido. Al término de la audiencia, consultado por este medio, señaló que ante una eventual condena es posible que se presente un recurso de casación, aunque advirtió que deberá analizarlo con Barreiro.

 

EL MOTE DE JARDINERO K

 

“Asumimos este procedimiento con un resultado anunciado, ya que siempre supimos que Barreiro iba a ser acusado”, confió Barrandeguy, al tiempo que cuestionó “al showman Lanata”, en referencia al periodista que impuso en su programa televisivo al imputado el mote de “jardinero K”, en razón de su rol de cuidador de la casa de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner en El Calafate. “Le dedicó varios programas, todos injustos, y le puso ese mote que se usa para estigmatizar a mi defendido”, se quejó.

“Todo el mundo cree que se está juzgando a José López, que hay millones de dólares comprometidos y que Barreiro se llevó a Buenos Aires media provincia. Barreiro no merece como ciudadano el tratamiento que está recibiendo de la justicia entrerriana”, alegó Barrandeguy.

Luego, Barreiro hizo uso de su derecho de pronunciar unas últimas palabras: “Sigo triste, ya que se habla de su supuestos, de que yo debería saber tal o cual cosa por mi inteligencia y capacidad. ¿Por qué? ¿No puedo ser un ignorante?”, inquirió conmovido. “Quiero dejar en claro que creo en la democracia, en la Justicia y en la Constitución, pero quiero pruebas. También creo que los funcionarios públicos deben actuar con justicia y pido que esto no se transforme en un circo romano o en la Inquisición”, agregó.

El juez Vírgala cerró la audiencia con palabras para Barreiro: “Usted está en presencia de un juez que no nació de la nada. Hace mucho tiempo que estoy vinculado a la Justicia y entiendo su preocupación, pero quiero que sepa que mi sentencia, condenatoria o no, se basará en los hechos. Juzgaré no por quién usted es, sino por lo que se pruebe que ha hecho. Lo del jardinero K y todo eso, para mí es irrelevante”, concluyó el magistrado. La sentencia se conocerá el martes 23 a las 9.