Hace más de un año que el Superior Tribunal de Justicia, integrado, entre otros vocales, por Juan Ramón Smaldone, no se expide sobre la designación sin concurso de su hijo Guillermo, al frente del Tribunal de Cuentas.
La Justicia en algunos casos demuestra agilidad, como el viernes último al hacer lugar a una medida cautelar del defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez, para frenar el paro docente. Pero en otros asuntos se torna lenta. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con el Tribunal de Cuentas.
El 16 de abril del año pasado, el ex senador provincial por la UCR, Juan Carlos Arralde, promovió una demanda de inconstitucionalidad por omisión ante el STJ por la propuesta del Ejecutivo para designar al entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, para presidir el organismo de contralor sin haber pasado por concurso público, tal como lo dispone la Constitución.
Más de un año después, la Justicia no se ha pronunciado. El único avance que se registró en la causa fue en febrero de este año, cuando el vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz, solicitó información sobre cómo está integrado el sueldo que cobra Smaldone y si está equiparado al de un juez. Según el Presupuesto de este año, el sueldo de un vocal del STJ y del presidente del Tribunal de Cuentas es el mismo: 55.655 pesos.
Además, que el funcionario urribarrista es hijo del también vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Ramón Smaldone, único integrante del STJ que fue designado por el gobernador Sergio Urribarri.
Arralde había solicitado al máximo cuerpo judicial de la provincia que “dicte sentencia condenatoria ordenando al Poder Ejecutivo a dictar la reglamentación correspondiente para efectivizar las reglas y condiciones del Concurso Público” previsto por el artículo 217 de la Constitución de Entre Ríos para llenar la vacancia de aquél Tribunal que dejaba, por jubilación, Hugo Molina.
Simultáneamente, requirió la pretensión cautelar de la “prohibición de innovar” y ordenar a la Cámara de Senadores y al mismo Poder Ejecutivo que se abstuvieran “de tratar, votar e inclusive designar el pliego y/o el letrado propuesto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se plantea”, dijo el ex legislador, abogado de profesión. La cautelar no salió y, como ya es sabido, finalmente Smaldone tuvo acuerdo del Senado y llegó al Tribunal de Cuentas. Pero la causa por la cuestión de fondo sigue, lenta, su curso.
Entre los varios argumentos que había expuesto el radical, recalcó que existiría un “conflicto de intereses” ya que Smaldone ‘saltaría’ del Ministerio de Trabajo del actual gobierno urribarrista a un organismo de control público. Y añadía: “Huelga agregar que en su misión de eventual Presidente del Tribunal de Cuentas también tendrá a su cargo la auditoría, la inversión y la percepción de recursos de este mismo tribunal judicial –el Superior Tribunal de Justicia-, uno de cuyos vocales es el Dr. Juan Ramón Smaldone, padre del mencionado profesional propuesto para el órgano externo de control de todas las cuentas públicas”.
Respecto a la cuestión de fondo, la designación del funcionario violaría la Constitución provincial en su artículo 217, que establece que el presidente del organismo de control debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”.
Luego de este polémico antecedente para cubrir la vacante del organismo de contralor, el diputado Jorge Monge (UCR-Diamante) presentó un proyecto de ley para reglamentar el artículo 217 de la Carta Magna entrerriana. Hasta la fecha, no fue estudiado en comisión.
